La banca española deberá devolver lo cobrado de más por las cláusulas suelo de las hipotecas. El Tribunal Supremo ha seguido la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para desestimar un recurso presentado por BBVA, lo que implica que la devolución no queda limitada a mayo de 2013 en adelante –como dictaminó la Sala de lo Civil del Supremo hace cuatro años-, sino que la retroactividad es total.

En su día, la instancia judicial había acotado la devolución de las cláusulas suelo comercializadas con vicio de consentimiento –aquellas en las que no se informó de las particularidades de las cláusulas y sus riesgos al cliente- a partir del 9 de mayo de 2013, no antes, al entender que una devolución total podría remover los cimientos del sistema financiero.

Las entidades han cifrado el golpe de un retorno en algo más de 3.000 millones de euros, mientras que los cálculos del Banco de España se acercan a los 4.000 millones.

Con la decisión, el alto tribunal confirma una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona fechada en diciembre de 2013, que ya había declarado nula una cláusula suelo. El Supremo niega que concurra en “cosa juzgada”, como alegaba BBVA, y se pronuncia a partir de la jurisprudencia de la Sala Primera del Supremo, del Tribunal Constitucional y del TUE.

BBVA, parte en la sentencia de este miércoles, ya avanzó que devolvería el dinero de las cláusulas suelo, pero sólo “a la gente que tenga derecho”, una vez el Supremo dictara su sentencia, cosa que ha hecho hoy. Según cifras de la entidad, el impacto total de este desembolso podría ascender a 1.200 millones de euros, si bien han provisionado 577 millones.

A través de su presidenta, Patricia Suárez, la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) apunta que es un “gran día en una lucha muy larga que, poco a poco, llegará a su fin”. Para Suárez, la decisión aboca a todos los consumidores a presentar demandas individuales con la idea de recuperar el dinero y verse resarcidos.

La previsible avalancha de demandas por parte de los consumidores corría el riesgo de colapsar los tribunales, lo que llevó al Gobierno a impulsar un mecanismo extrajudicial en el que cliente y banca acordaran las devoluciones, que será gratuito, se cerrará en menos de tres meses y tendrá un tratamiento fiscal ventajoso.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha explicado este miércoles que su departamento estudia, junto con el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), concentrar todas las demandas en juzgados provinciales especializados, para lo cual se han reunido hoy los presidentes de los tribunales superiores de Justicia. De este modo, en cada provincia habrá un juzgado especializado de manera exclusiva en demandas individuales sobre cláusulas suelo.

Fuente: «La Vanguardia».

El Govern indemnizará con hasta casi 3.000 euros a las mujeres víctimas de la violencia de género en Catalunya que sufran secuelas, lesiones corporales o daños en la salud física o psíquica, según ha anunciado hoy la consellera de Bienestar y Familia, Neus Munté.

En su comparecencia ante la Comisión de Igualdad de las Personas en el Parlament, Munté ha indicado que el importe de esta indemnización oscilará entre 5 y 10 veces el indicador de Renta de Suficiencia de Catalunya (IRSC) mensual, que los presupuestos de la Generalitat en 2014 fijaron en 569,12 euros mensuales.

Este derecho también se reconoce a favor de los hijos e hijas de las víctimas mortales por violencia de género que sean menores de 26 años y dependientes económicos en el momento de la muerte de la madre.

En el caso de las mujeres que sufran secuelas, lesiones o daños físicos o psíquicos, recibirán un importe que será de cinco veces el IRSC, lo que equivale a 2.845 euros; en el de las mujeres con una discapacidad del 33 % o ceropositivas, la cantidad se incrementará un 25 %, mientras que para los hijos de víctimas mortales la indemnización será de 10 veces el IRSC mensual -casi 5.700 euros-.

La consellera ha indicado que con esta indemnización se garantizará el «derecho subjetivo» a que las mujeres que han sufrido la violencia machista tengan unos «ingresos económicos para facilitar su recuperación y reparación integral».

Las mujeres víctimas de la violencia de género podrán optar a esta subvención siempre que presenten una solicitud tras obtener una resolución judicial que así lo acredite, derecho que prescribirá a los 12 meses.

El decreto que aprobará el Govern fija que esta indemnización económica se concederá en una sola ocasión y se abonará en un único pago.

Las personas beneficiarias de esta ayuda deberán estar empadronadas en Catalunya y no tener rentas mensuales superiores al 75 % del salario mínimo interprofesional vigente, y con notables dificultades para encontrar un empleo, hecho que tendrá que certificar el Servei Català d’Ocupació (SOC).

Fuente: «La Vanguardia».

El número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se situó en 34.680 en 2014, cifra un 7,4% superior a la de 2013, según la estadística de ejecuciones hipotecarias publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Sólo en el cuarto trimestre del año pasado se registraron 8.819 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales, un 29,9% más que en el trimestre anterior y un 2,9% más que en el cuarto trimestre de 2013. El objetivo principal de esta estadística es ofrecer trimestralmente el número de certificaciones de ejecuciones hipotecarias iniciadas e inscritas en los Registros de la Propiedad durante el trimestre de referencia.

Estadística recuerda que no todas las ejecuciones de hipoteca terminan con el lanzamiento (desahucio) de sus propietarios. En 2014 se iniciaron 119.442 ejecuciones hipotecarias, un 9,3% más que en 2013. De ellas, 113.916 afectaron a fincas urbanas (donde se incluyen las viviendas) y 5.526 a fincas rústicas.

Las ejecuciones hipotecarias sobre fincas urbanas aumentaron un 9,3% en relación a 2013. Dentro de las fincas urbanas, 70.078 ejecuciones correspondieron a viviendas, un 5,9% más, y de ellas 44.682 eran ejecuciones sobre viviendas de personas físicas.
Fuente: «La Vanguardia».

Más de 49.600 familias, en concreto 49.694, perdieron su casa en 2013 a favor del banco, un 11% más que un año antes, principalmente por decisión judicial pues hubo 28.173 desahucios, un 18,5% más que en 2012, según los datos publicados hoy por el Banco de España. A pesar de este aumento de los desahucios, en el 92,7% de los casos se trató de inmuebles que estaban vacíos, 26.113, frente al 7,3% restante, 2.060 viviendas, que estaban ocupadas y fueron desalojadas por orden de un juez, un 36,3% menos que en 2012.

Esto explica que la entrega de viviendas con intervención de las fuerzas del orden cayera un 57% en 2013, hasta 147 casos. Al margen de los desahucios, las familias también perdieron su casa en 2013, tras llegar a un acuerdo con el banco para entregarla, lo que se produjo en 21.521 ocasiones, un 2,6% más que en 2012.

A juicio de los expertos consultados por Efe esto demuestra la voluntad negociadora de las entidades, que ha hecho que se reduzca más de un 9% la entrega de primeras viviendas, hasta 17.907, y se multiplique por 2,8 la de otro tipo de inmuebles, principalmente segundas residencias, que llegó a 3.614. Así fue posible que hubiera 16.173 daciones en pago, un 1,3% más que un año antes, con una reducción del 13,15% en el caso de viviendas habituales, hasta 13.178, y un aumento de 3,7 veces en otras viviendas, hasta 2.995. En total, teniendo en cuenta desahucios y entregas voluntarias, casi el 80% de las 49.694 viviendas cedidas por las familias el pasado año, exactamente 38.961 propiedades, eran el domicilio habitual, un 0,23% menos, y las 10.733 restantes eran otro tipo de viviendas, por ejemplo, segundas residencias, un 88,5% más.

De estas 10.733 viviendas que no eran el domicilio habitual, 7.119 cambiaron de mano por decisión judicial, un 60,4% más, si bien 6.727 propiedades estaban vacías, un 65% más que un año antes. En el caso sólo de primeras viviendas, la mayoría, unas 21.054, fueron entregadas al banco por decisión del juez, un 8,9% más; mientras que en 17.907 casos las familias accedieron de forma voluntaria, un 6,6% menos. A pesar de lo dramático de las cifras, si se tiene en cuenta el número total de viviendas en España con hipotecas, que ascienden a 6,46 millones, los 49.694 inmuebles entregados apenas representan un 0,77% del total. De forma general se puede considerar que cada vivienda entregada corresponde exactamente con una familia, aunque no debe obviarse que en algunos casos puntuales, que el Banco de España no detalla, una misma familia ha podido perder más de una vivienda.

El Banco de España publicó por primera vez en mayo de 2013 datos relativos a procedimientos judiciales hipotecarios respecto a viviendas basándose en una encuesta a un conjunto representativo de entidades, si bien manifestó que iba a solicitar regularmente esta información a todas las entidades cada seis meses. A principios de 2014 afinó los datos del conjunto de 2012 y publicó los de la primera mitad de 2013, que ya no se trataban de una encuesta sino de datos de todas las entidades procedentes de un requerimiento mediante circular del supervisor.

Fuente: «La Vanguardia».

La Policía española y los servicios de seguridad marroquíes han desarticulado la célula más importante responsable del envío de yihadistas a Siria y otras zonas de conflicto en una operación que se ha saldado, de momento, con siete detenidos, tres en Melilla, uno en Málaga y otros tres en Marruecos.
Entre los cuatro detenidos en España en esta operación, que continúa abierta, se encuentra el responsable de la célula y alguno de los arrestados ya había retornado tras su paso por organizaciones terroristas vinculadas a Al Qaeda, informa el Ministerio del Interior.

Fuente: «La Vanguardia».

Unos 500 inmigrantes subsaharianos están este martes por la mañana (desde las 08.00 horas) intentando acceder a la valla que separa Ceuta de Marruecos, en el segundo asalto masivo a la valla que se produce en tan solo unas horas.

Durante la madrugada, unos 1.500 inmigrantes se han congregado en la zona de la valla, aunque ninguno ha logrado entrar en la ciudad autónoma. El numeroso grupo había intentado acceder saltando la valla que separa la ciudad autónoma de Tánger.

El intento de entrada se ha producido alrededor de las cinco de la madrugada cuando los inmigrantes se han separado en dos grandes grupos que han intentado acceder al unísono hasta el vallado por varios puntos de la frontera. Las Fuerzas de Seguridad Marroquí han desplegado un numeroso dispositivo y han impedido a los hombres que se acercaran a la valla.

Mientras, en el lado ceutí, Guardia Civil, Policía Nacional, local y Cruz Roja se han acercado hasta la zonas de Biutz y el Tarajal por si se producía el salto. Este intento de cruzar el perímetro fronterizo es el más numeroso de cuantos se han producido hasta ahora en Ceuta.

Durante toda la madrugada, las pasadas las ocho de la mañana, diferentes grupos de inmigrantes han intentado superar las barreras. El último grupo, de unos 500, lo ha intentado por la playa del Tarajal, donde el pasado 6 de febrero 15 subsaharianos perdieron la vida al intentar llegar a nado hasta la playa de Ceuta.

En esta ocasión, los marroquís han desplegado furgonetas en la orilla de la playa y han impedido que ni un solo inmigrante entrara en el agua, donde la Guardia Civil había desplegado varias embarcaciones de rescate.

Fuente: «El Periódico».

El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y el que fuera dirigente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, declararán este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu por idear las participaciones preferentes que comercializaron las entidades que se integraron en Bankia, entre ellas la caja madrileña y Bancaja.

Andreu, que tomará declaración esta semana a 15 exconsejeros de las dos cajas, abrió una pieza separada de la causa en la que investiga la fusión y salida a Bolsa de Bankia después de que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal le ordenara en diciembre pasado investigar si las cúpulas de las entidades «utilizaron la emisión de participaciones preferentes como una manera de captar activos y disfrazar la situación de insolvencia» en que se encontraban.

Además de Blesa y Díaz Ferrán, que prestarán declaración como querellados mientras grupos de preferentistas se concentran en las inmediaciones de la Audiencia Nacional, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 interrogará este lunes al afiliado del sindicato UGT Gonzalo Martín Pascual. El martes comparecerán el exsecretario de Estado de Hacienda José Manuel Fernández Norniella (PP); el expresidente de la Asamblea de Madrid Jesús Pedroche (PP); el exalcalde de Móstoles José María Arteta (PSOE) y el exdirigente de CCOO Rodolfo Benito.

El miércoles será el turno de los responsables de los folletos de las emisiones de participaciones preferentes de Caja Madrid, Fernando Cuesta y Carlos Contreras; y el exdirector de Cumplimiento Normativo de la entidad Manuel Fernández Navarro.

Responsables de los folletos

Al día siguiente comparecerán el responsable del folleto de Caja Madrid Finance Preferred S.A., Carlos Stilianopoulos; y José Luis Sánchez Blázquez y Álvaro Canosa Castillo, cuyas firmas aparecían en la emisión de preferentes que la caja madrileña realizó en el año 2009.

Los dos últimos imputados que declararán ante el juez también firmaron los folletos de emisión de preferentes. Se trata del exconsejero delegado del Banco de Valencia y representante de Bancaja Eurocapital Finance Aurelio Izquierdo; y de José Fernando García en el caso de Bancaja.

En varios autos dictados en diciembre, los magistrados Alfonso Guevara, Guillermo Ruiz Polanco y Antonio Díaz Delgado acotaban la investigación a los directivos de las siete cajas que formaron Bankia y rechazaban la imputación de los directores de sucursales empleados que comercializaron las preferentes o llevaron a cabo el case de operaciones.

Fuente: «La Vanguardia».

Fuente: «La Vanguardia».

El anteproyecto de ley del aborto, que ha provocado el rechazo en bloque de la oposición parlamentaria y de distintos colectivos sociales, y la división interna en el PP, va camino de fracturar también el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este organismo, que debe pronunciarse sobre el anteproyecto antes de que el Gobierno lo apruebe definitivamente, encargó el informe a dos ponentes: una del sector del CGPJ más cercano al PSOE y otra del más cercano al PP. Ayer se conoció el borrador de informe que ha elaborado la primera de ellas, la abogada Pilar Sepúlveda. Un texto durísimo que pide la retirada del anteproyecto de ley y acusa al Ejecutivo de atentar contra los derechos de la mujer con una ley “anacrónica” y “criminalizadora”.

La autora del informe subrayó en un comunicado que se trata solo de “un documento de trabajo preliminar” sobre el que aún está trabajando, aunque fuentes del Consejo aseguran que lo fundamental se mantendrá. Incluida la exigencia de que el anteproyecto de ley sea retirado. En cualquier caso, esas tesis de Sepúlveda tendrán que confrontarse luego con las de la otra ponente, Carmen Llombart, del sector conservador, y ambos informes (porque es muy improbable que ellas lleguen a un acuerdo, según dichas fuentes) serán votados por el pleno del CGPJ, previsiblemente en marzo. Ese informe final, que es el que será elevado al Gobierno, no es vinculante. Los vocales nombrados a propuesta del PP tienen mayoría absoluta en el Consejo.

El asunto del aborto partió en dos el CGPJ en 2009, cuando tuvo que informar sobre la ley de plazos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Hubo un empate y, por primera vez en su historia, el Poder Judicial no fue capaz de emitir una opinión sobre un anteproyecto de ley.

El informe preliminar de la vocal Pilar Sepúlveda empieza lamentando que la ley de plazos actual vaya a ser sustituida por un modelo de supuestos despenalizados “más restrictivo” que el de 1985, “que no solo nos aleja de la práctica europea mayoritaria sino que nos sitúa en el ámbito de las regulaciones más restrictivas”. Ese nuevo modelo considera a la mujer un “mero instrumento al servicio de la maternidad” y supone “un retroceso en la igualdad”.

Según Sepúlveda, el anteproyecto “representa un regreso a la situación de inseguridad jurídica y prácticas extralegales” de hace 30 años. “Son sobradamente conocidos los resultados de la legislación restrictiva de 1985: aborto clandestino para las mujeres sin recursos económicos, y turismo abortivo para las que disponían de los medios económicos necesarios, sin olvidar el fraude de ley, tan denunciado, a que condujo la aplicación de dicha ley”, afirma.

En el anteproyecto del PP, sostiene la vocal —que hace una introducción muy política para luego entrar en el aspecto jurídico—, los derechos de la mujer “decaen de forma evidente ante la protección del bien jurídico que representa el concebido”. No existe, prosigue, ninguna “demanda social” para cambiar la ley actual; al contrario, señala: el anteproyecto “ha creado una verdadera alarma social” y ha motivado las críticas de “todos los sectores jurídicos, sociales y políticos, salvo los ultraconservadores”.

La futura ley, dice el borrador de informe, “desconoce la evolución de la sociedad española” y opta “por dar una respuesta anacrónica, criminalizadora, que retrotrae a tiempos pasados” y elimina “el ámbito de decisión de la mujer”. Lo hace, según Sepúlveda, aferrándose a una “interpretación estática de la jurisprudencia constitucional”. En consecuencia, la vocal propone que el Consejo pida al Gobierno que espere a la sentencia del Constitucional sobre la ley de plazos y que, entre tanto, retire el anteproyecto.

Fuente: «La Vanguardia».