La Policía Nacional ha detenido a seis hombres en Huelva como autores de un presunto delito de prostitución de menores, a los que abordaban en un parque público ofreciéndoles dinero a cambio de mantener encuentros sexuales.

Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, los detenidos son D.G.M., de 74 años; J.A.S., de 36 años; J.M.G.G., de 55 años; J.F.M., de 33 años; y A.B.M., de 32 años, todos ellos vecinos de Huelva; y J.P.B., de 55 años, vecino de Almonte (Huelva).

Durante el mes y medio que duraron las investigaciones de la ‘Operación Muelle’, los agentes pudieron comprobar y constatar gracias a sus labores de vigilancia cómo tres menores, con edades comprendidas entre los 15 y los 17 años, acudían al parque de Zafra de Huelva al anochecer y, mientras paseaban o estaban sentados en algunos de los bancos, los detenidos se acercaban a ellos y les ofrecían entre 10 y 15 euros por mantener encuentros sexuales.

Las investigaciones también han permitido determinar que, en algunas ocasiones, uno de los hombres detenidos llegó a abordar a los menores en el trayecto que separa sus casas del centro educativo donde cursan sus estudios.

También ha quedado constatado que uno de los jóvenes disponía del número de teléfono de uno de los varones acusado de prostitución de menores.

Las primeras detenciones de la ‘Operación Muelle’ se practicaron el día 12 de este mes de febrero y la última el pasado día 21.

Los atestados instruidos han sido remitidos al juzgado de instrucción de guardia.

Fuente: «La Vanguardia».

El abogado Francisco José Carvajal ha quedado en libertad provisional, imputado por los presuntos delitos de desobediencia y revelación de secretos, tras prestar este declaración durante tres horas como sospechoso de haber grabado imágenes de la comparecencia judicial de la infanta Cristina el 8 de febrero.

Carvajal ha declarado como detenido durante una hora en la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Baleares, y posteriormente ha sido conducido a los juzgados en un coche policial y puesto a disposición del juez de Instrucción número 11 de Palma, Manuel Penalva, que instruye la investigación sobre la grabación oculta y ante quien ha comparecido durante otras dos horas. El letrado no ha hecho declaraciones al salir de los juzgados sobre las 16.00 horas, tras quedar en libertad provisional.

Carvajal fue uno de los alrededor de 30 abogados que presenciaron la declaración de la infanta Cristina ante el juez que instruye el caso Nóos, José Castro el pasado 8 de febrero. Asistió a la misma en sustitución de otro abogado, Javier Saavedra, defensor de uno de los imputados en esta causa, el presunto testaferro Robert Cockx. Saavedra solicitó al juez que autorizase la asistencia de dos «compañeros codefensores», Carvajal y María del Carmen Jiménez, porque el día de la declaración iba a estar fuera de España.

La declaración de Carvajal como imputado forma parte de la investigación que inició la Policía al día siguiente de la comparecencia judicial de la infanta Cristina, tras la publicación de una fotografía y un vídeo del interior de la sala mientras prestaba declaración. El juez del caso Nóos había prohibido expresamente mediante un auto cualquier tipo de grabación de la declaración de la infanta Cristina, así como el acceso a la sala de vistas de cualquier dispositivo que permitiera la toma de imágenes de la imputada.

Para ello, estableció la obligación de que todas las personas que accedieron a la sala, unas cuarenta entre abogados defensores, fiscales, representantes de la acusación y funcionarios, depositaran bajo custodia policial antes de entrar sus teléfonos móviles, tabletas, ordenadores portátiles o cualquier otro dispositivo que pudiera grabar imagen o sonido.

Para prevenir una posible filtración, el juez había accedido además a la solicitud de la defensa de la infanta de que la declaración sólo se grabara en audio para su posterior transcripción, pero no en vídeo como se había hecho en ocasiones precedentes. Tras publicarse una fotografía y un vídeo de la declaración, el juez ordenó una investigación y días después la Policía denunció la grabación ante el juzgado de guardia y solicitó varias diligencias.

Los agentes tomaron declaración a varios funcionarios y letrados que asistieron a la comparecencia de la infanta y requirieron además a la empresa Wouzee, propietaria de la plataforma donde se colgó la grabación, que aportara los datos que tuviera de quién subió el vídeo a internet, información que ha sido analizada.

La Policía analizó el vídeo y elaboró un croquis detallado de la sala donde se produjo la declaración judicial, con la ubicación que ocupaba cada una de las alrededor de cuarenta personas que asistieron a ella, a partir del interrogatorio realizado a los abogados y funcionarios sobre el lugar que ocupaban. El pasado lunes citaron a Carvajal para que acudiera hoy a comisaria a prestar declaración como imputado.

Fuente: «La Vanguardia».

La comisaria de Interior, Cecilia Malmström, ha anunciado este miércoles que se reunirá el próximo lunes en Bruselas con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para abordar los incidentes del pasado 6 de febrero en Ceuta -en los que murieron 15 inmigrantes– y ha dejado claro que no dudará en tomar medidas contra España si se confirma que la actuación de la Guardia Civil vulneró la legislación de la UE.

«Primero hay que aclarar lo que ocurrió realmente. Si se ha vulnerado la legislación española, corresponde a las autoridades españolas actuar. Si ha habido una vulneración de la legislación europea -de lo que hay signos- deberemos adoptar las medidas normales. Podría ser un procedimiento judicial», ha explicado Malmström durante una entrevista a la radio pública sueca.

«No dudaré en actuar si la investigación muestra que ha habido una vulneración de las leyes de la UE», ha resaltado la comisaria de Interior. Malmström ha vuelto a mostrar su indignación por el uso de pelotas de goma contra los inmigrantes que trataban de llegar a Ceuta desde Marruecos.

«No se les apuntó directamente, pero ello creó tal pánico que 15 personas se ahogaron. Esto es, por supuesto, totalmente inaceptable», ha dicho. Además, la comisaria de Interior ha señalado que los inmigrantes podrían haber solicitado asilo y que España estaba obligada a tramitar cualquier demanda de protección internacional. «Inmediatamente me puse en contacto con las autoridades españolas y pedí una investigación y explicaciones.

Espero que lo hagan. Es un tema que se está debatiendo mucho en España en estos momentos y voy a tener una reunión con el ministro el lunes», ha apuntado. Ese día se celebra en Bruselas una reunión de ministros del Interior de la UE. Malmström ha explicado que, en su carta de respuesta, Fernández Díaz le ha comunicado que ya se ha iniciado una investigación sobre los incidentes en Ceuta y que espera discutir la cuestión personalmente con ella.

Fuente: «La Vanguardia».

La médico sospechaba que esas dos niñas pequeñas acabarían mutiladas. Por eso, poco antes de que viajaran de vacaciones a Gambia, durante una exploración rutinaria realizada en 2006, avisó a su madre de las consecuencias sanitarias que tendría esa práctica para sus hijas y de que, en España, la ablación del clítoris supone un delito castigado con hasta 12 años de cárcel que ella podría afrontar. Casi cuatro años despúes, el 25 de enero de 2011, durante otra revisión previa a otro viaje a Gambia, los facultativos descubrieron que ambas menores habían sido mutiladas. La Audiencia Nacional acaba de absolver a sus padres al considerar que el delito se cometió sin el consentimiento de los progenitores. Fue su abuela, la que lo hizo.

La sentencia relata cómo la madre, una vez que llegaron al país africano, decidió dejar el hogar de sus parientes para visitar a unos primos en otro pueblo. Para hacerlo, dejó a sus cuatro hijos, entre ellos a las niñas, que entonces tenían tres y ocho años, al cuidado de la abuela de estas. Fue esta la que, aprovechando la ausencia de la madre, según los magistrados, llevó a las dos menores a una determinada casa donde ella misma practicó la ablación de sus clítoris. La madre, según la sentencia, solo se enteró a su vuelta porque se lo contaron sus hijas. Ese hecho «dio lugar a una discusión con su madre, abuela de aquellas, reprochándole su actuar con el que no estaba conforme», explica la resolución.

Los magistrados llegan a la conclusión de que la ablación del clítoris no la efectuó la madre por la exploración psicológica de una de las víctimas que los facultativos que la practicaron consideraron creíble. Fue la hija mayor la que les manifestó que, cuando su madre se enteró de lo que había pasado, se enfadó con la abuela porque ella no le había dado su consentimiento para mutilarlas. La Sala tampoco reprocha a los padres que viajaran con las niñas a su país arriesgándose a que se produjera la ablación. El «deber de cuidado» de los padres hacia sus hijos, «no puede comportar el que la familia no viajara a Gambia (…), lo que sería llegar al extremo de romper los lazos con el resto de la familia por la mera sospecha de que ocurriera la mutilación».

Fuente: «El País».

El Cuerpo Nacional de Policía tiene abierta una operación a gran escala contra diversos “chiringuitos financieros” por una trama millonaria de blanqueo de capitales por la que, sólo en la capital catalana, se ha detenido a más de 50 personas. El volumen de personas arrestadas ha obligado a la Jefatura Superior de Policía de Cataluña a habilitar calabozos de comisarías periféricas como las de Sant Adrià de Besòs, Cornellà o Mataró para albergar a parte de los detenidos. La operación se ha desarrollando simultáneamente en estos momentos en Barcelona, Madrid y Málaga, aunque es la capital catalana donde se encuentra el grueso de la trama criminal económica.

La operación está coordinada por el juzgado de instrucción central número 3 de la Audiencia Nacional, que ha firmado autorizaciones para entradas y registros en diversos inmuebles de las citadas capitales españolas. Los registros se están llevando a cabo todavía en diversos despachos de abogados y de asesores fiscales, principalmente.

En el operativo policial, participan agentes de Gran Bretaña y los Estados Unidos porque la mayoría de las víctimas afectadas por estos “chiringuitos financieros” son de esos países. Se acusa a los responsables de estos despachos de haber vendido productos con rentabilidades ficticias. La operación sigue en marcha.

Fuente: «La Vanguardia».

Los Mossos d’Esquadra han detenido a un hombre de 32 años como presunto autor de dos delitos de prostitución y corrupción de menores por haber acosado a dos chicas de 15 y 16 años a través de la red social Facebook a las que propuso mantener relaciones sexuales a cambio de dinero.

Según han informado hoy los Mossos, el detenido, de nacionalidad española y vecino de Sant Pere de Ribes (Barcelona), había contactado con las menores mediante un perfil falso con el que simulaba ser una chica de una edad similar a la de sus víctimas con el fin de ganarse su confianza.

En el momento en que las menores empezaron a mostrar recelos respecto a su auténtica identidad, el acosador ofreció diversas explicaciones, como admitir que era un chico, aunque más joven que su edad real, o que era el primo de la joven del falso perfil y que ella le dejaba utilizarlo.

En esos momentos aprovechaba para iniciar una conversación de carácter sexual y ofrecía a las menores las posibilidad de mantener relaciones sexuales a cambio de diversas cantidades de dinero, o bien les instaba a que le enviaran imágenes pornográficas que debían hacerse ellas mismas.

Ante la negativa de las menores a sus pretensiones, el hombre las amenazó con publicar imágenes suyas en bañador o ropa interior conseguidas en diferentes redes sociales, una situación que les produjo gran preocupación y angustia.

Tras denunciarse el caso, los Mossos iniciaron diversas labores de investigación que concluyeron que las conexiones desde donde el imputado hacía estas prácticas ilícitas correspondían a un domicilio particular y a un cibercafé de la comarca barcelonesa de Garraf.

Cuando los Mossos pudieron identificar al presunto acosador, comprobaron que ya tenía antecedentes policiales por delitos de la misma naturaleza y lo detuvieron el pasado 20 de febrero en el portal de su domicilio.

El detenido pasó a disposición judicial al día siguiente y el juez decretó su libertad con cargos
Fuente: «La Vanguardia».

Los Mossos d’Esquadra han desmantelado en Barcelona una banda presuntamente dedicada a la venta de joyas falsificadas a establecimientos de compraventa de oro y joyerías, con el arresto de 16 personas, ha informado este martes la policía catalana.

La investigación se inició en agosto cuando los investigadores constataron un crecimiento de ventas de joyas falsas, principalmente en Barcelona, que apuntaba a una banda que ofertaba un gran stock de joyas de oro falsas desde marzo de 2013.

En una primera investigación, tutelada por el Juzgado de Instrucción 12 de Barcelona, la policía corroboró que los vendedores habituales de joyas fraudulentas eran personas sin actividad criminal previa ni antecedentes, por lo que los agentes consideraron que podrían hacerlo por encargo de terceras personas a cambio de un porcentaje –un 10%–.

La organización tenía tres niveles de organización: un núcleo dirigente compuesto por cuatro italianos, con antecedentes, que falsificaban las joyas en su país y las trasladaban a Barcelona; un captador, de nacionalidad peruana, que seleccionaba a los vendedores, y en el último escalón, los vendedores. El jefe de la banda, un napolitano de 55 años, tenía antecedentes por tráfico de drogas, atracos y extorsión y de pertenencia a la mafia napolitana, al que acompañaban en sus tareas de dirección un napolitano de 48 años y sus dos hijos, todos ellos residentes en Gavà y Castelldefels.

Los cuatro italianos se desplazaban a Catalunya con las joyas falsificadas y se instalaban en pisos, hoteles o apartamentos de alquiler durante poco tiempo y adoptaban importantes medidas de seguridad. El captador seleccionaba a los vendedores para que comercializasen las joyas en establecimientos de compraventa de oro y joyerías, una función que también hacían los hijos de uno de los jefes, que los captaban en locales de ocio de Castelldefels, a cambio de ganar dinero con facilidad.

La mayoría de los vendedores eran residentes en Castelldefels, Gavà y Barcelona y se reunían con los napolitanos en puntos concretos desde donde se desplazaban por toda Catalunya para vender las joyas, aunque centraban su actividad en Barcelona dada la gran cantidad de joyerías existentes. Las joyas estaban fabricadas de manera que superaban las pruebas de control habituales realizadas por los establecimientos de compraventa de oro, consiguiendo estafar a personal experimentado; tenían un chapado de oro de buena calidad y un interior de estaño o cobre, con inscripciones que simulaban marcas y sellos de oro de prestigio.

La mayoría de los denunciantes no se daban cuenta de la estafa hasta que se fundía la joya, y otro elemento que generaba confusión a los compradores era que los sellos de origen procedían de localidades italianas de gran tradición joyera. Los Mossos han podido acreditar 87 ventas fraudulentas –82 en Barcelona, dos en Castelldefels, dos en Blanes y una en Vic–, y han intervenido joyas antes de que fueran vendidas, aunque la investigación continúa abierta porque los agentes creen que pueden haber más ventas fraudulentas. Tres de los cuatro miembros de la cúpula criminal napolitana se encuentran en Italia a la espera de ser detenidos, mientras que el cuarto y el captador de vendedores han ingresado en prisión; los 14 vendedores arrestados han quedado en libertad con cargos.

Fuente: «La Vanguardia».

El expresidente del consejo de administración del Banco Pastor José María Arias Mosquera y el que fuera consejero delegado Jorge Gost Gijón han sido imputados por presuntos delitos de administración fraudulenta, societario, un delito de falsedad en documento mercantil y otro de estafa.

El juzgado de instrucción número 3 de A Coruña que lleva el caso ha citado mañana a ambos directivos para prestar declaración y responder a la querella criminal interpuesta por un pequeño accionista, han informado a Efe fuentes del bufete que lo representa.

Los hechos se remontan a los ejercicios 2008, 2009 y 2010 cuando el querellante supuestamente demuestra que «las cuentas de la sociedad eran falseadas mediante una trama financiera articulada con sociedades de las que el propio Banco Pastor era propietario», agregan las mismas fuentes. «La operativa diseñada permitía dar apariencia de solvencia a un banco -continúan- que estaba en quiebra legal y en esa situación se dirigía al mercado de valores y lanzaba preferentes y acciones para ser suscritas las emisiones por pequeños clientes minoristas».

La querella, acompañada de dos informes económicos, relata cómo el Banco Pastor inició la actividad de «Promotor Inmobiliario» mediante la constitución de sociedades con ese objeto social -precisan las fuentes-, «que realizaron cuantiosas inversiones a crédito del propio Banco Pastor y obtenían pérdidas continuadas de más de 200 millones de euros, derivadas de no ingresar dinero con su actividad y tener que responder de unos intereses de los créditos hipotecarios otorgados por su propio dueño».

Los abogados del querellante sostienen que si el Banco Pastor hubiera contabilizado en su balance la pérdida generada por el crédito hipotecario fallido mediante la pertinente dotación estaría en «quiebra legal».

Para «ocultar» esta situación, aseguran las fuentes, los querellados «orquestaron todo un artilugio fraudulento» por el que «la captación y contabilización de tesorería obtenida mediante engaño en sus oficinas a costa de inversores minoristas y en el mercado, y contabilizada como financiación propia en sus balances, era dirigida como crédito participativo o capital a las sociedades inmobiliarias fallidas».

Seguidamente, alegan los letrados, parte de esa tesorería era utilizada para pagar los intereses de los créditos hipotecarios fallidos como si estos se fueran cumpliendo ordenadamente. De esta forma, sostienen, el banco reingresaba el dinero como beneficio en la cuenta de resultados, y por tanto como recurso propio en su balance, con lo que «contabilizaba dos veces el mismo dinero como financiación propia».

«En conclusión, en vez de créditos hipotecarios fallidos, presentaban el espejismo de ser fantásticos, en vez de tener participaciones en sociedades fallidas, presentaban el espejismo de ser fantásticas inversiones en participaciones sociales», apostillan.

Y mediante una pirámide de captación de dinero en el mercado de los minoristas, concluyen los abogados, «maquillaban su cuenta de resultados mediante unos beneficios derivados del pago de unos intereses que en realidad era parte del dinero captado a clientes desinformados, que además eran idóneamente engañados con la publicación de unas cuentas fraudulentas a los que se les vendían los productos de más riesgo».

Según detalla el bufete que representa al querellante, a pesar de la obligación de presentar las cuentas por parte de estas sociedades en fecha 30 de junio de 2011, no se publicaron en el Registro Mercantil de A Coruña hasta final de 2011, todo ello «con el fin de ser presentadas expresamente» después del anuncio de una Oferta Pública de Acciones (OPA) formulada por Banco Popular.

El accionista demandante acredita que el Banco Pastor está en pérdidas desde el ejercicio 2008, y así lo indican los abogados, que sostienen que «la trama se parecería al juego de los ‘trileros’: se capta dinero para ‘core capital’ de preferentistas y accionistas, se saca disimuladamente del banco y se ingresa en sociedades aparentemente en funcionamiento», con «unos beneficios positivos que son simplemente una alucinación».

Esta «argucia financiera» ha «permitido a los miembros del consejo de administración y a los directivos de la ejecutiva del Banco Pastor cobrar bonus e incentivos no justificados», y «sembrar desconfianza en los mercados profesionales, lo que hizo bajar el valor de las acciones», por lo que la acción Banco Pastor fue devaluada en la opa de 2012, argumenta.

Por todo ello y a tenor tanto del informe pericial como de los documentos públicos aprobados por el consejo de administración del Banco Pastor, la querella concluye que se ha producido un «perjuicio» a los accionistas y a los suscriptores de preferentes.

Fuentes de la entidad han eludido pronunciarse sobre estos hechos.

Fuente: «La Vanguardia».

La Guardia Civil ha detenido en Barcelona a seis teleoperadores de líneas de videncia y tarot por extorsionar a clientes amenazándoles con dar a conocer información comprometedora que obtenían grabando las conversaciones, ha informado el instituto armado.

Los arrestados grababan conversaciones de usuarios de dichos servicios para obtener información privada de ellos y exigirles dinero bajo amenazas de darlas a conocer, y una de las víctimas llegó a pagar 28.100 euros en cinco pagos por las amenazas continuadas que sufrió durante tres meses.

Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de octubre cuando la Guardia Civil detectó un grupo que podría estar extorsionando a sus víctimas de forma sistemática y organizada.

Los agentes contactaron en la provincia de Almería con dos víctimas de este clan a las que les habían extorsionado 28.100 y 5.000 euros, respectivamente, bajo la amenaza de dar a conocer unas grabaciones de audio.

El grupo se valía de grabaciones obtenidas a clientes suyos que llamaban requiriendo servicios relacionados con la videncia, el tarot y en algunos casos con encargos de magia negra.

En las conversaciones con sus clientes intentaban sonsacar información que afectara a otras personas con las que el cliente tuviera mala relación, haciéndoles ver que eran las causantes de todos sus males y proponiéndoles el encargo de algún tipo de trabajo de magia negra contra ellas.

Pasado un tiempo volvían a contactar vía telefónica con sus clientes y futuras víctimas, dándoles a conocer la existencia de las grabaciones, la supuesta ilegalidad de lo que habían hecho y el perjuicio que les podía suponer si salía a la luz y les solicitaban el pago de una determinada cantidad económica para destruirlas.

Los ingresos que obtenían como teleoperadores de líneas del tarot eran mínimos, sobre los 300 euros, por lo que basaban su principal actividad en la extorsión posterior de sus clientes, aprovechándose de la especial vulnerabilidad de sus víctimas por su creencia en todo lo relacionado con el mundo del esoterismo.

El grupo desarticulado, cinco mujeres y un varón,, todos ellos de nacionalidad española, contaba con una estructura sólida en Barcelona, cuyos miembros cumplían unas funciones claramente diferenciadas.

Una de las teleoperadoras atendía a los clientes y seleccionaba a las futuras víctimas, y otra persona contactaba posteriormente con ellas dándoles a conocer la existencia de la grabación y solicitándoles el dinero para proceder a su destrucción.

Los demás integrantes del entramado blanqueaban el dinero obtenido a través de cuentas bancarias a nombre de menores de edad, haciendo posible el disfrute jurídico del dinero pagado por las víctimas sin posibilidad de ser cuestionado.

La Guardia Civil mantiene la investigación abierta y no descarta la imputación de los detenidos en idénticos hechos cometidos en otras partes de España.

La operación ha sido dirigida por el juez de instrucción número 1 de Roquetas de Mar y desarrollada por el Equipo de Delitos contra las Personas de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería.

Fuente: «La Vanguardia».

El Consejo de Ministros aprobará este viernes el proyecto de Ley de Propiedad Intelectual -para después iniciar su trámite parlamentario- una reforma con la que se pretende potenciar los instrumentos de lucha contra la piratería en Internet, entre otros temas, según han informado a Europa Press en fuentes gubernamentales.

En concreto, los cuatro ámbitos que aborda el anteproyecto de la reforma son las entidades de gestión de derechos de autor, los procedimientos de lucha contra la piratería, el concepto legal de copia privada y la trasposición de la Directiva 2011.

Según el anteproyecto, las sanciones contra la piratería se fortalecerán y se introducirá un régimen sancionador gradual, de entre 30.000 y 300.000 euros, en función del grado de infracción. De esta forma, habrá mayor capacidad para actuar frente a las páginas que más vulneran la propiedad intelectual.

Respecto a las entidades de gestión, el anteproyecto establece un refuerzo de la transparencia y vigilancia de estas entidades. Según explicó el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, esto se traduce en la «limitación de la capacidad de las entidades de gestión de aprobar e imponer tarifas», para que no se produzca una «asimetría entre la entidades de gestión y las posibilidades de los usuarios».

Otro de los asuntos más delicados es la compensación por copia privada, uno de los temas que más criticó el Consejo de Estado en su dictamen sobre el anteproyecto de esta reforma, un informe de 184 páginas al que tuvo acceso Europa Press en el que se recomienda extremar «las cautelas» en la definición del límite de copia privada, así como en la «correlativa implantación del sistema de compensación equitativa por copia privada».

La presidenta de la Asociación de Editores de Madrid, Rosalina Valcárcel, ya manifestó hace unos días ante los medios que los últimos borradores a los que había tenido acceso la entidad mejoraban el anteproyecto, en lo que se refiere al sector editorial. Sin embargo, otras fuentes del sector cultural consultadas por este medio aseguran que el mundo de la cultura sigue «preocupado e inquieto» con el proceso, ya que, según indican, los últimos borradores -aunque no el definitivo- no han incluido ninguna de las recomendaciones importantes que ha hecho el sector desde que se presentó el anteproyecto.

Fuente: «La Vanguardia».