Los Mossos d’Esquadra han iniciado a primera hora de este miércoles el operativo para desalojar la nave de la calle de Puigcerdà número 127, en el Poblenou, que se había convertido en el mayor asentamiento de inmigrantes sin recursos de Barcelona. Por esta nave pasaban cada día cientos de personas –se ha hablado de hasta 800– que sobreviven gracias a la compraventa de chatarra y donde viven de manera estable unas 300, según los últimos recuentos.

Unas 20 dotaciones de los antidisturbios se han desplazado a la zona para proceder al desalojo. También se han concentrado, además de medios de comunicación –que han sido obligados a alejarse de la zona por los Mossos–, colectivos de apoyo a los inmigrantes. Estos protestan con gritos de «Viva África». Algunos de ellos ya han empezado a salir pacíficamente.

 El pasado junio se hizo pública la sentencia que da la razón a la propietaria de la fábrica, fincas Riana, y que marcaba el 18 de julio como fecha límite para que los edificios quedaran vacíos. La jueza no atendió los argumentos de la defensa, que apelaba a «razones humanitarias» para evitar el desalojo, al considerar que prevalece, además del derecho a la propiedad, el riesgo que supone habitar un lugar declarado en ruinas por el ayuntamiento. Lo que sí que hizo la jueza es dejar abierta la fecha del desalojo –que finalmente ha sido este miércoles– para evitar que la movilización social lograra pararlo, como sucedió ahora hace un año.

Plan de realojamiento

El Ayuntamiento ha garantizado a los habitantes del asentamiento que nadie se quedará sin techo tras el desalojo. Según fuentes municipales, desde enero hasta ahora, 137 personas que vivían en la nave han sido realojadas en viviendas. Está por ver cuántos de los que han sido desalojados hoy se acogen al plan de realojamiento del consistorio. Personal de los servicios sociales esperaban esta mañana la salida de los inmigrantes para ofrecerles los documentos para acceder un alojamiento y una cita con los servicios sociales.

Las entidades en apoyo a los asentados, que en las últimas semanas han mantenido reuniones con las administraciones, han reprochado «la lentitud» en el proceso de realojo y de tramitación de documentos. Asimismo, han pedido que el desalojo sea pacífico y no implique una redada de la Policía Nacional que pueda acabar con alguna de estas personas en el Centro de Internamiento de Extranjeros de la Zona Franca, algo que las administraciones les han garantizado.

Fuente: «La Vanguardia».