En España existen unos 25 millones de viviendas, según el Censo de Población y Vivienda, y casi la mitad de ellas se construyeron antes de 1979 por lo que, si no han sido reformadas, sufren un estado de “ruina energética”. Este es el panorama con el que se encuentra la entrada en vigor, a partir del 1 de junio, del certificado de eficiencia energética, una etiqueta similar a la que ya se usa con los electrodomésticos que detalla el nivel de ahorro energético de los hogares y que será obligatorio en todas las ventas o alquileres. Arquitectos e ingenieros son los encargados de realizar un estudio que puede costar unos 200 euros (en función de los metros) y que tendrá una vigencia de 10 años. La etiqueta será meramente informativa y no obligará a hacer reformas en caso de tener una baja calificación pero sí que se establecen sanciones para los propietarios que quieran vender o alquilar su piso y no tengan a disposición del comprador o arrendador esta información.
De los más de 25 millones de viviendas españolas el 60% se construyeron sin ningún tipo de normativa de eficiencia energética, detallan a LaVanguardia.com fuentes del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Según este organismo, perteneciente al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, un 44% de las viviendas se construyeron antes de 1979, cuando entonces no era obligatorio aislar los edificios. Éstas, si no han sido reformadas, se encuentran en estado de “ruina energética”, detalla Florencio Mantenca, director del departamento de Energética Edificatoria del CENER (Centro Nacional de Energías Renovables). Y el hecho de que hasta 2006 no entrara en vigor el actual código técnico de edificación, que ya estipula qué aspectos energéticos hay que tener en cuenta a la hora de construir edificios, elevaría la cifra de pisos que necesitan rehabilitación energética al 93% (más de 23 millones de viviendas en España).
Este es el mercado inmobiliario en el que desembarca este 1 de junio el certificado de calificación energética, que obliga a los propietarios que quieran vender o alquilar su piso a ofrecer la información energética del mismo. Una información que abarca desde el estado del aislamiento térmico de la vivienda al tipo de sistemas de calefacción o refrigeración que usa el inmueble, entre otros aspectos. El certificado cataloga los edificios en siete grados del A (el más eficiente) al G (el menos eficiente), en una terminología muy similar a la que se usa con los electrodomésticos. Esta documentación tiene una vigencia de 10 años y aunque simplemente es de carácter informativo y no obliga al propietario a hacer mejoras si se obtiene una baja calificación sí que incluye recomendaciones para mejorar los niveles de eficiencia.
¿Quién lo hace y cuánto cuesta? Arquitectos e ingenieros son los profesionales encargados de realizar estos certificados. El trabajo requiere una vista al edificio, un posterior análisis de las condiciones de eficiencia del mismo tales como la cobertura térmica, el tipo y calidad de ventanas, las instalaciones térmicas y también la eléctrica. Con toda esta información, se calcula la eficiencia energética a partir de unos parámetros estipulados por el Instituto de la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) y, una vez entregado este cálculo, se espera que en 48 horas la etiqueta esté disponible, según el Institut català d’Energia, el ente que tiene la competencia en Catalunya. Este organismo, consciente de la desinformación de la población, ha editado una guía para entender la nueva normativa.
No existe una tarifa fijada del coste de una certificación –que depende del profesional contratado y de los metros de la vivienda- pero el precio puede oscilar entre los 200-250 euros, la más barata.
Y a pesar de que con la certificación energética se abre una pequeña vía laboral para los arquitectos, una profesión muy tocada por la crisis y por el estallido de la burbuja inmobiliaria, el colectivo opina que el volumen de trabajo que supondrán las certificaciones no les permitirá dedicarse exclusivamente a ello. No obstante los profesionales confían en que la evaluación energética de los edificios sensibilice a los usuarios de la importancia de la eficiencia energética en los hogares y abra la puerta a más reformas en los pisos con la voluntad de adecuar las viviendas. Esto es lo que opina Enric Mir, arquitecto y vocal de la Junta de Govern del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya que también considera que la certificación energética tendrá beneficios para los propietarios porque podrá “influir positivamente en el precio final de las viviendas puesto que segmentará su precio”. Mir también cree que es importante que los propietarios valoren el ahorro energético que supondrá una mejora en el inmueble. En este sentido, el arquitecto señala que está demostrado que si se interviene en un piso se puede conseguir, de media, un “40% de ahorro energético”. Visto que en un primer momento el volumen de trabajo puede ser considerable, el colegio catalán prepara cursos para que sus profesionales puedan ponerse al día con las certificaciones.
En Urgell Arquitectes ya hace meses que se preparan y trabajan a conciencia en las certificaciones energéticas aunque uno de sus socios, David Urgell, advierte que muchos propietarios desconocen la nueva normativa, que obliga a tener esta documentación energética igual que hace años sucede con la célula de habitabilidad. El arquitecto considera que tras implementar la ley habría que dar un paso más y considerar la opción de premiar a aquellos propietarios cuyo piso cumpla con la eficiencia energética “estipulando que si tienes buena certificación obtengas alguna provecho en forma de rebaja en el IBI u otros impuestos”, explica. Se trata, según este profesional, que los afectados vean las ventajas económicas que les puede suponer hacer unas mínimas reformas que mejoren la eficiencia energética de las viviendas que quieren vender o alquilar.
Sanciones por incumplimiento Y a pesar de que obtener una mala calificación no obliga al propietario a hacer ningún tipo de reforma, el gobierno sí que ha previsto sanciones si se vende o alquila un inmueble sin el certificado vigente. Las multas pueden ir de los 300 a los 6.000 euros en función de la gravedad. Así, una falta es leve sería, por ejemplo, no mostrar la etiqueta mientras que enseñarla sin que esté respaldada por un certificado en vigor podrá ser considerado como una falta muy grave.
El caso catalán En Catalunya aproximadamente 2.200.000 viviendas fueron construidas antes de 1980. Esto significa que se levantaron sin ningún tipo de regulación de eficiencia energética, según explica la Agència de l’habitatge. Y aproximadamente un millón más se edificaron en el periodo que va entre 1980 y 2006, momento en que se implementó el código técnico. De esta forma, tan solo unos 350.000 pisos estarían construidos teniendo en cuenta criterios de ahorro energético y se teme que muchos de los restantes no cumplan con los mínimos. Para estos más de tres millones de viviendas catalanas que podrían tener deficiencias energéticas, especialmente las construidas antes de la década de los 80, y con la voluntad de incentivar que los propietarios mejoren su eficiencia, la Generalitat de Catalunya tiene previsto un paquete de ayudas que aún no se ha acabado de concretar ni en cantidad ni en forma ya que, según han explicado a LaVanguardia.com están esperando a saber qué partida monetaria les corresponde del Plan Estatal de Vivienda 2013-2016. De hecho, Fomento, el ministerio del que dependen las ayudas estatales para la eficiencia energética, no ha sabido concretar a este diario si existirá algún tipo de subvención. En el caso catalán, todo apunta a que las ayudas se centrarían en subvencionar parte de la rehabilitación del piso, igual que ya se hace, por ejemplo, con las ventanas.
Fuente: «La Vanguardia».