Las viviendas sin reformar de antes de los años 80 están en estado de ruina energética

En España existen unos 25 millones de viviendas, según el  Censo de Población y Vivienda, y casi la mitad de ellas se construyeron antes de  1979 por lo que, si no han sido reformadas, sufren un estado de “ruina  energética”. Este es el panorama con el que se encuentra la entrada en  vigor, a partir del 1 de junio, del certificado de eficiencia energética, una  etiqueta similar a la que ya se usa con los electrodomésticos que detalla el  nivel de ahorro energético de los hogares y que será  obligatorio en todas las ventas o alquileres. Arquitectosingenieros son los encargados de realizar un estudio que puede  costar unos 200 euros (en función de los metros) y que tendrá una vigencia de 10  años. La etiqueta será meramente informativa y no obligará a  hacer reformas en caso de tener una baja calificación pero sí que se establecen  sanciones para los propietarios que quieran vender o alquilar su piso y no  tengan a disposición del comprador o arrendador esta información.

De los más de 25 millones de viviendas españolas el 60% se construyeron sin  ningún tipo de normativa de eficiencia energética, detallan a  LaVanguardia.com fuentes del Instituto para la Diversificación y Ahorro  de la Energía (IDAE). Según este organismo, perteneciente  al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, un 44% de las viviendas se  construyeron antes de 1979, cuando entonces no era obligatorio aislar los  edificios. Éstas, si no han sido reformadas, se encuentran en estado de  “ruina energética”, detalla Florencio Mantenca, director del  departamento de Energética Edificatoria del CENER (Centro Nacional de Energías  Renovables). Y el hecho de que hasta 2006 no entrara en vigor el actual código  técnico de edificación, que ya estipula qué aspectos energéticos hay que tener  en cuenta a la hora de construir edificios, elevaría la cifra de pisos que  necesitan rehabilitación energética al 93% (más de 23 millones de viviendas en  España).

Este es el mercado inmobiliario en el que desembarca este 1 de junio el  certificado de calificación energética, que obliga a los  propietarios que quieran vender o alquilar su piso a ofrecer la información  energética del mismo. Una información que abarca desde el estado del aislamiento  térmico de la vivienda al tipo de sistemas de calefacción o refrigeración que  usa el inmueble, entre otros aspectos. El certificado cataloga los edificios en  siete grados del A (el más eficiente) al G (el menos eficiente), en una  terminología muy similar a la que se usa con los electrodomésticos. Esta  documentación tiene una vigencia de 10 años y aunque simplemente es de carácter  informativo y no obliga al propietario a hacer mejoras si se obtiene una baja  calificación sí que incluye recomendaciones para mejorar los niveles de  eficiencia.

¿Quién lo hace y cuánto cuesta? Arquitectos e ingenieros  son los profesionales encargados de realizar estos certificados. El trabajo  requiere una vista al edificio, un posterior análisis de las condiciones de  eficiencia del mismo tales como la cobertura térmica, el tipo y  calidad de ventanas, las instalaciones térmicas y también la eléctrica. Con toda  esta información, se calcula la eficiencia energética a partir  de unos parámetros estipulados por el Instituto de la Diversificación y Ahorro  de Energía (IDAE) y, una vez entregado este cálculo, se espera que en 48 horas  la etiqueta esté disponible, según el Institut català d’Energia, el ente que tiene la competencia  en Catalunya. Este organismo, consciente de la desinformación de la población,  ha editado una guía para entender la nueva normativa.

No existe una tarifa fijada del coste de una certificación –que depende del profesional contratado y de los metros de la vivienda- pero el  precio puede oscilar entre los 200-250 euros, la más barata.

Y a pesar de que con la certificación energética se abre una pequeña vía  laboral para los arquitectos, una profesión muy tocada por la crisis y por el  estallido de la burbuja inmobiliaria, el colectivo opina que el volumen de  trabajo que supondrán las certificaciones no les permitirá dedicarse  exclusivamente a ello. No obstante los profesionales confían en que la  evaluación energética de los edificios sensibilice a los usuarios de la  importancia de la eficiencia energética en los hogares y abra la puerta a más  reformas en los pisos con la voluntad de adecuar las viviendas. Esto es lo que  opina Enric Mir, arquitecto y vocal de la Junta de Govern del  Col·legi  d’Arquitectes de Catalunya que también considera que la  certificación energética tendrá beneficios para los propietarios porque podrá  “influir positivamente en el precio final de las viviendas puesto que segmentará  su precio”. Mir también cree que es importante que los propietarios valoren el  ahorro energético que supondrá una mejora en el inmueble. En este sentido, el  arquitecto señala que está demostrado que si se interviene en un piso se puede  conseguir, de media, un “40% de ahorro energético”. Visto que en un primer  momento el volumen de trabajo puede ser considerable, el colegio catalán prepara  cursos para que sus profesionales puedan ponerse al día con las  certificaciones.

En Urgell Arquitectes ya hace meses que se  preparan y trabajan a conciencia en las certificaciones energéticas aunque uno  de sus socios, David Urgell, advierte que muchos propietarios desconocen la  nueva normativa, que obliga a tener esta documentación  energética igual que hace años sucede con la célula de habitabilidad.  El arquitecto considera que tras implementar la ley habría que dar un paso más y  considerar la opción de premiar a aquellos propietarios cuyo piso cumpla con la  eficiencia energética “estipulando que si tienes buena certificación obtengas  alguna provecho en forma de rebaja en el IBI u otros  impuestos”, explica. Se trata, según este profesional, que los afectados vean  las ventajas económicas que les puede suponer hacer unas mínimas reformas que  mejoren la eficiencia energética de las viviendas que quieren vender o  alquilar.

Sanciones por incumplimiento Y a pesar de que obtener  una mala calificación no obliga al propietario a hacer ningún tipo de reforma,  el gobierno sí que ha previsto sanciones si se vende o alquila un inmueble sin  el certificado vigente. Las multas pueden ir de los 300 a los 6.000 euros en  función de la gravedad. Así, una falta es leve sería, por ejemplo, no mostrar la  etiqueta mientras que enseñarla sin que esté respaldada por un certificado en  vigor podrá ser considerado como una falta muy grave.

El caso catalán En Catalunya aproximadamente 2.200.000  viviendas fueron construidas antes de 1980. Esto significa que se levantaron sin  ningún tipo de regulación de eficiencia energética, según explica la Agència de  l’habitatge. Y aproximadamente un millón más se edificaron en el periodo que va  entre 1980 y 2006, momento en que se implementó el código  técnico. De esta forma, tan solo unos 350.000 pisos estarían  construidos teniendo en cuenta criterios de ahorro energético y  se teme que muchos de los restantes no cumplan con los mínimos. Para estos más  de tres millones de viviendas catalanas que podrían tener deficiencias  energéticas, especialmente las construidas antes de la década de los 80, y con  la voluntad de incentivar que los propietarios mejoren su eficiencia, la  Generalitat de Catalunya tiene previsto un paquete de ayudas que aún no se ha  acabado de concretar ni en cantidad ni en forma ya que, según han explicado a  LaVanguardia.com están esperando a saber qué partida monetaria les  corresponde del Plan Estatal de Vivienda 2013-2016. De hecho,  Fomento, el ministerio del que dependen las ayudas estatales para la eficiencia  energética, no ha sabido concretar a este diario si existirá algún tipo de  subvención. En el caso catalán, todo apunta a que las ayudas se centrarían en  subvencionar parte de la rehabilitación del piso, igual que ya se hace, por  ejemplo, con las ventanas.

Fuente: «La Vanguardia».

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