Los representantes del Gobierno y del PSOE  que han arrancado este lunes apenas un «acuerdo sustancial» ante el  problema de los desahucios, terminaron su reunión a las 23:15  horas y se han citado de nuevo para este martes a partir de las cuatro y media  de la tarde. La reunión, que ha durado seis horas y cuarto, ha servido para  avanzar de forma notable, según fuentes de ambas delegaciones, para intentar dar  respuesta a la situación que viven miles de familias en España a consecuencia de  la crisis.

Si desde el Gobierno se habla de un acuerdo «sustancial», que puede  traducirse como básico o genérico, los socialistas ven todavía las posiciones un  tanto alejadas, pero a la vez se muestras confiados en que durante este nueva  jornada se pueda concretar un pacto que permita llevar al Consejo de Ministros  de este jueves una resolución con medidas concretas que sean la antesala de la  reforma de una legislación que tiene más de cien años.

A la espera de que este lunes se puedan concretar las medidas, ya se ha  decidido que el Gobierno llevará a dicho Consejo de Ministros un real decreto  ley de medidas urgentes para luchar contra el drama social. Entre esas  medidas se prevé que esté una prórroga o carencia de dos años  de los desahucios para colectivos principalmente afectados por la crisis.

La semana pasada el Gobierno y el Partido Socialista acordaron formar dos  grupos de trabajo, encabezados por el subsecretario del Ministerio de Economía,  Miguel Temboury, y por la secretaria de Economía del PSOE, Inmaculada Rodríguez  Piñero, respectivamente, para estudiar una reforma urgente de la normativa sobre  desahucios.

En aquel momento ya avanzaron que los cambios podrían adoptar la forma de  Real Decreto-Ley o proyecto de ley que se tramitaría por el procedimiento de  urgencia.

La banca suspende los desahucios

Mientras se concreta el acuerdo entre Gobierno y PSOE, la propia banca ha  tomado partido en el asunto y ha decidido poner freno a los más de 500  desahucios que se producen cada día como consecuencia del impago de los  propietarios con dichas entidades. La Asociación Española de la Banca (AEB) y la  Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), las dos patronales del sector  financiero, anunciaron una moratoria en los desahucios a la espera de que el  Gobierno y el PSOE cierren el pacto de reforma de la legislación de ejecuciones  hipotecarias.

La patronal de los bancos sorprendíaeste lunes por la mañana con un  comunicado en el que avanzaba su intención de paralizar los desahucios durante  los dos próximos dos años para los casos en que «concurran circunstancias de  extrema necesidad».

Su presidente, Miguel Martín, explicaba que los bancos han considerado que  hay «una demanda social» sobre los desahucios y citaba, a modo de ejemplo, que  podrían considerarse casos de extrema necesidad a enfermedades graves,  dependencia, elevada edad o hijos a cargo.

La decisión, que se fundamenta en «razones humanitarias», fue tomada el  pasado jueves tras un debate «intenso y profundo» de los asociados de la AEB, un  día antes del suicidio de una mujer en Baracaldo (Vizcaya) cuando iba a ser  desahuciada, señala la patronal. Además, la AEB ha desvelado que la  iniciativa era conocida por el Ministerio de Economía y por el Banco de  España.

Clamor en la calle

Sin embargo, el anuncio de los bancos no ha aplacado el clamor de la calle y  asociaciones y ciudadanos han vuelto movilizarse hoy para continuar la  presión. Un centenar de personas, entre ellas afectados por desahucios y  miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), se han concentrado  frente a la sede del PP, y con silbatos y cacerolas han gritado que el anuncio  de los bancos es «una vergüenza» y «un parche». Los afectados consideran  insuficiente los anuncios de la AEB y la CECA y denuncian la ambigüedad de la  expresión «extrema necesidad». Estas movilizaciones han frenado al menos tres  desahucios programados para hoy en distintos puntos de España.

Desde el Ejecutivo, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha explicado  que los cambios legales serán actuaciones más propias de políticas sociales que  de políticas financieras.

Por su parte, el titular de Economía, Luis de Guindos, ha apostado desde  Bruselas por que «ninguna familia de buena fe» pierda su vivienda como  consecuencia de la crisis económica y ha dicho que todos los esfuerzos del  Gobierno irán dirigidos en esta dirección.

Por otro lado, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y la mayoría  de los sindicatos policiales han salido al paso de las polémicas declaraciones  del Sindicato Unificado de Policía (SUP), que ayer dijo que respaldará a los  agentes que aleguen objeción de conciencia en los desahucios.

El portavoz del SUP, José María Benito, ha puntualizado que no querían hacer  un llamamiento a la objeción, sino sólo dar un «toque de atención» al Gobierno  para recordarle que los policías «no son robots» ni insensibles. Fernández  Díaz se ha limitado a señalar que no tiene «ninguna duda» de que la Policía  «cumplirá y hará cumplir» la ley a la orden de las autoridades legítimas, en su  caso las judiciales, en los desahucios de viviendas.

Fuente:»La Vanguardia»