Víctimas y Gobierno, en vilo por el fallo que puede derogar la doctrina Parot

Los 17 magistrados de la Gran Sala de Tribunal  Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tienen en sus manos la decisión de  poner fin a la doctrina Parot, que supondría la puesta en  libertad de 54 etarras. El fallo mantiene en  vilo a víctimas y Gobierno, que creen  que su derogación causará gran alarma social.

Una delegación de EH Bildu, compuesta por los diputados de Amaiur, Xabier  Mikel Errekondo, Jon Iñarritu y Rafa Larreina; los parlamentarios navarros  Bakartxo Ruiz y Maiorga Ramírez y el parlamentario vasco Oskar Mature, se  desplazarará el miércoles a Estrasburgo para asistir a la sesión.

Cuarenta y ocho horas antes de que la Corte Europea analice el recurso de  España contra el fallo del tribunal, -en julio avaló excarcelar e indemnizar con  30.000 euros a la etarra Inés del Río, miembro del «comando Madrid» condenada a  más de 3.000 años de cárcel por 23 asesinatos-, la inquietud sobre el futuro de  la doctrina Parot va en aumento.

Inquietud entre las víctimas

Hasta el punto de que las principales asociaciones de víctimas del  terrorismo, representadas en María Mar Blanco, de la fundación, y la AVT, con  Ángeles Pedraza a la cabeza, se trasladarán mañana a Estrasburgo para seguir de  cerca la vista oral y dejar claro que decir no a la Parot supone una «nueva  burla».

El Gobierno también reconoce que la resolución preocupa e inquieta, ya que  supondría tumbar desde Europa un criterio establecido por el Tribunal Supremo  (TS) en 2006 y avalado el pasado año por el Constitucional, que confirmó su  aplicación a la mayoría de los 31 presos que la habían recurrido.

La jurisprudencia del TS conocida como doctrina Parot -toma su nombre del  etarra Henri Parot- obliga a computar los beneficios penitenciarios sobre el  total de las penas y no sobre el límite máximo de cumplimiento de 30 años de  prisión, lo que supone un alargamiento de la estancia en la cárcel. Pero,  ¿qué pasa si Estrasburgo rechaza el recurso de España?

Podría no haber fallo todavía

Las fuentes consultadas aclaran, en primer lugar, que el miércoles podría no  haber fallo ni sentencia, algo que llegaría en semanas o incluso meses, y, en  segundo lugar, que la Gran Sala reexamina la aplicación de la doctrina en el  caso de Del Río y no entra a rebatir el sistema en sí mismo.

Con todo, es indudable, apuntan las fuentes, que si Estrasburgo vuelve a dar  la razón a la etarra, «poco resquicio» pueden tener los tribunales españoles a  la hora de mantener este criterio para 54 presos etarras, siete miembros de los  GRAPO o 14 delincuentes con tres o más condenas, que recurrirán la doctrina en  el caso de que la Corte Europea ampare de nuevo a Del Río.

A favor de la reclusa etarra, -tiene fijada su excarcelación para 2017 y no  para 2008 como establecía el antiguo cómputo de beneficios penitenciarios- entendió la sala tercera por unanimidad de sus 5 magistrados, entre ellos el  español Luis López Guerra, que a Del Río se le había aplicado una  «irretroactividad» de las penas. Y esto supone, dice el tribunal, una violación  del artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que prohíbe que el  derecho penal «sea interpretado de forma extensiva en detrimento del  acusado».

El recurso de España discute esta consideración. Para la Abogacía del Estado,  el TEDH se apartó de su propia doctrina, ya que hasta ahora había defendido que  los beneficios penitenciarios no forman parte de las condenas y, por lo tanto,  no están protegidos por el principio de «irretroactividad».

Además, esgrime que la doctrina Parot no se deriva de una modificación  legislativa, sino que se trata de un criterio jurisprudencial sobre el sistema  de ejecución de las penas del que nunca antes se ha pronunciado el TEDH, ya que  es competencia de los estados miembros.

De hecho, la Abogacía del Estado cita una sentencia de la Gran Sala del  Tribunal europeo de 2008 referida al denominado «caso Kafkaris», que avaló la  aplicación retroactiva de una reforma legal de la legislación penitenciaria de  Chipre que impedía la redención de penas por trabajo para los condenados a  cadena perpetua.

El Gobierno alerta de la alarma social

Lejos de los argumentos jurídicos, el Gobierno apela a la «excepcional  repercusión social» que tendría derogar la doctrina Parot, sin olvidar la ofensa  que supondría el que Europa censure que el sistema penitenciario vulnera los  derechos humanos de los etarras.

«Hablar de violación de Derechos Humanos es absolutamente inadecuado,  condenar a España a indemnizar a una etarra es una ofensa al pueblo español», ha  asegurado en repetidas ocasiones el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz,  que cree que «nadie en su sano juicio» debería echar para atrás la doctrina  Parot.

Las víctimas han incrementado sus movilizaciones esta última semana e,  incluso, han lanzado una campaña de adhesión ciudadana a través de la plataforma  de internet Change. «¿Te imaginas que sanguinarios asesinos quedasen de un  día para otro en libertad y pasearan por nuestras calles sin haber cumplido  condena?». Con esta pregunta, y en solo veinticuatro horas, han dicho sí a la  vigencia de la doctrina Parot 4.300 personas.

Entre los defensores de su derogación, uno de los más claros ha sido estos  días el presidente de Sortu, Hasier Arraiz, quien opina que un fallo en contra  del Gobierno supondría «una derrota» para éste que «necesariamente debería abrir  una grieta en la política penitenciaria» y «rectificar».

A partir del miércoles todos mirarán a Estrasburgo. Quince magistrados pueden  darle un nuevo revés al Ejecutivo español después de que en 2010 el tribunal de  Justicia de la UE resolviera que el llamado canon digital no se ajustaba a la  legislación comunitaria o de que el pasado jueves dictaminara que los desahucios  contravienen la normas europeas de protección al ciudadano.

O puede suponer una gran victoria para el colectivo de presos de ETA y la  izquierda abertzale, que vio cómo en 2010 el tribunal de Estrasburgo dio la  razón a España al echar para atrás 133 candidaturas de Eusko Abertzale  Ekintza-Acción Nacionalista Vasca (EAE-ANV) para los comicios del 27 de mayo de  2007.

Fuente: «La Vanguardia».

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