El expresidente de Francia Nicolas Sarkozy fue imputado hoy por abuso de debilidad en el caso de la multimillonaria Liliane  Bettencourt, dentro de la investigación abierta por la supuesta financiación ilegal de la campaña que le llevó  al Elíseo en 2007.

El exjefe de Estado, que hasta ahora gozaba del estatus de «testigo  asistido», compareció hoy ante el Palacio de Justicia de Burdeos durante varias  horas, en las que mantuvo un careo con el mayordomo de Bettencourt, Pascal  Bonnefoy.

Los jueces querían determinar hoy cuántas veces visitó el domicilio de  la mujer durante la campaña, con el objetivo de estimar si abusó de la debilidad  de la heredera del imperio cosmético L’Oréal para conseguir fondos.

La fiscalía ha circunscrito el supuesto abuso al año 2007, y de  confirmarse los hechos Sarkozy podría verse condenado a tres años de cárcel,  375.000 euros de multa y cinco años inhabilitación.

Su abogado, Thierry Herzog, consideró hoy la imputación «injusta e  incoherente», y aseguró que va a recurrirla «inmediatamente» ante la sala de  instrucción del Tribunal de Apelación de la ciudad.

«El Señor Sarkozy no está por encima de la ley y sobre todo no hoy»,  había declarado por su parte el abogado de Bonnefoy, el letrado Gillot, cuyo  cliente mantiene que Sarkozy visitó a Bettencourt en varias ocasiones, frente a  la única vez confirmada por el expresidente.

La octogenaria, según se reveló en octubre de 2011, sufre una «demencia  mixta» y el mal de alzhéimer en un «estado moderadamente severo», y la sospecha  de que Sarkozy pudo aprovecharse de sus problemas mentales para sacarle dinero  partió del testimonio de la antigua contable de Bettencourt, Claire Thibout.

Ésta declaró en 2010 a la policía que, tres años antes, el  administrador de la familia, Patrice de Maistre, le pidió 150.000 euros en  efectivo para entregárselos al entonces tesorero de la campaña electoral, Eric  Woerth.

La sospecha se reforzaba por el hecho de que, según daban a entender  agendas confiscadas en el despacho y el domicilio de Sarkozy, este se reunió  varias veces con Bettencourt y mantuvo otras tantas citas con otros  protagonistas del caso en fechas clave del mismo.

El caso se destapó por casualidad dentro de una investigación paralela  por una disputa familiar llevada a los tribunales por la hija de Bettencourt,  Françoise Meyers, y Sarkozy es la decimoséptima persona imputada en el  mismo.

En noviembre de 2012 y tras un interrogatorio que se prolongó durante  más de 12 horas en ese mismo Palacio de Justicia, acabó solo con el estatus de  testigo asistido, lo que significaba que en ese momento no se encontraron  pruebas suficientes contra él, pero que podía ser llamado de nuevo a  declarar.

Una de las primeras políticas que mostraron su reacción fue la  presidenta del ultraderechista Frente nacional (FN), Marine Le Pen, quien  aseguró que, aún respetando la presunción de inocencia, no puede seguir siendo  miembro del Consejo Constitucional, porque su situación le impide ejercer «con  imparcialidad y neutralidad».

Los medios especularon hoy con la posibilidad de que los jueces le  restrinjan los viajes o incluso le retiren el pasaporte, lo que acabaría, según  los mismos, con que pueda seguir ofreciendo las conferencias sobre política  internacional que ha dado en el extranjero desde que dejó la presidencia, y  complicaría sus aspiraciones políticas.

En un artículo de la revista «Valeurs Actuelles» publicado a principios  de mes, Sarkozy aseguraba que para él la política se había acabado porque le  parece «un aburrimiento mortal», pero admitía que lo haría «por deber» en caso  de que el país, a su juicio, necesitara su gestión.

Este caso ha convertido a Sarkozy en el segundo presidente en  comparecer ante la Justicia a su salida del Elíseo, tras Jacques Chirac,  condenado en diciembre de 2011 a dos años de cárcel exentos de cumplimiento por  un caso de corrupción y financiación ilícita de partidos.

Fuente: «La Vanguardia».