Los jueces decanos españoles han vuelto a amenazar con una huelga si el Gobierno no asume algunas de sus reivindicaciones como su petición de «retirada inmediata» del Proyecto de Ley de Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Así lo han vuelto a poner sobre la mesa este miércoles durante los tres días que en Barcelona se han reunido una representación de 46 jueces para participar en las XII Jornadas de Jueces Decanos.
Entre las conclusiones de las jornadas que han expuesto este miércoles se encuentra la paralización de esta reforma que, en su opinión, «perjudica la calidad de la justicia y no encuentra justificación en la situación de crisis económica».
Como primer paso hacia esta posible huelga, los jueces emprenderán una serie de concentraciones en los juzgados españoles más importantes cuya primera cita será el 23 de noviembre. Además, ante «la desmedida carga de trabajo», han acordado llevar a cabo mecanismos de autorregulación como la reducción en aproximadamente un 30% el número de señalamientos semanales.
Piden más medios para luchar contra la corrupción
Los jueces decanos también han pedido que se dote a los juzgados de más medios materiales y humanos para poder luchar contra «la nueva lacra social» de la corrupción y han lamentado la falta de recursos que tienen en la actualidad. «De nada sirve tener leyes escandinavas con medios africanos», ha ilustrado este miércoles el juez decano de Valencia, Pedro Viguer.
Los jueces han explicado que se ven colapsados cuando tienen que asumir casos de corrupción «especialmente complejos» sin dejar de atender el trabajo propio de la marcha normal de sus juzgados. Han defendido que a día de hoy su trabajo contra la corrupción «se basa en un esfuerzo casi artesanal» ante la escasez de medios, y han reclamado la necesidad de contar en sus juzgados con peritos especializados porque carecen de conocimientos suficientes sobre ciertas causas.
En el mismo sentido han insistido en que los jueces que llevan asuntos de especial relevancia deberían dedicarse a ellos en exclusiva porque a veces no es posible llevar a cabo «una investigación seria y rigurosa» en estos procesos, y al mismo tiempo atender a las necesidades diarias del juzgado.
Fuente: «La Vanguardia»