Los funcionarios cobrarán la mitad si faltan más de cuatro días sin baja

Los cerca de 300.000 funcionarios de la Administración General del Estado (AGE) cobrarán la mitad del sueldo de los días que hayan faltado al trabajo si acumulan más de cuatro días de faltas al año, aunque cuenten con justificante médico. La instrucción propuesta por el Ministerio de Hacienda a los sindicatos en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado incluye el desarrollo de la enmienda presentada por el PP a los Presupuestos de 2013 por la que se equiparan las faltas al puesto de trabajo por enfermedad o accidente con baja médica a las que se produzcan sin ella.

El Gobierno ya redujo la cantidad que cobran los empleados públicos durante las bajas por incapacidad temporal para equipararla a la que reciben los trabajadores del sector privado. Así, entre el primer día de baja y el tercero, los funcionarios que estén de falta cobrarán la mitad de la nómina durante esos días. Entre el cuarto y el día 20 de ausencia percibirán el 75% del sueldo y a partir del día 21 de ausencia al puesto de trabajo por causas médicas percibirán la totalidad de su remuneración.

Este tope de los cuatro días de baja, a partir del cual solo cobrarán la mitad de la nómina de esos días, los fija Hacienda para los trabajadores de la Administración General del Estado, pero deja libertad a las demás Administraciones para fijar el límite que quieran.

La instrucción que Hacienda ha presentado a los sindicatos también recoge un artículo que afecta a los días libres y vacaciones de los funcionarios. Los funcionarios tendrán que disfrutar de, al menos, la mitad de sus vacaciones entre el 16 de junio y el 15 de septiembre. De esta forma, Hacienda pretende que los empleados públicos concentren una parte importante de sus vacaciones durante los meses de verano, con menor actividad.

Para compensar esta limitación y la supresión de la mitad de los moscosos —en julio redujo los días de libre disposición de seis a tres—, el Gobierno permitirá utilizar cinco días de los 22 que tienen para las vacaciones como si fueran días de libre disposición. Hacienda obliga a los funcionarios a cogerse las vacaciones en periodos de cinco días para evitar que alarguen los periodos de ausencia con puentes o fines de semana.

Los planes para no pagar la jornada completa a los trabajadores públicos que falten al trabajo sin baja es una de las medidas que está incluida en el plan de Rreordenación y Racionalización de las Administraciones Públicas». Incluye además otro tipo de planes, como la eliminación de la paga extra, la supresión de tres moscosos, un progama de evaluación de rendimiento, la congelación de la oferta de empleo público o la modificación del régimen de incopatibilidades. En total, el ahorro cifrado para este año era de 5.425 millones de euros, de 3.723 millones y 5.372 millones en 2014. La partida más grande de ahorro llega con la supresión de los días de libre disposición adicionales y las vacaciones por antigüedad, con lo que en 2013 se ahorrarían, según cálculos del Gobierno, 856 millones de euros.

Cuando alguna festividad caiga en sábado, los funcionarios dispondrán de un día de libre disposición adicional.

Entre las mejoras que introduce Hacienda hay algunas en materia de conciliación. Se permite reducir el tiempo de comida de una hora a media para finalizar la jornada de trabajo media hora antes. Además, los empleados con discapacitados a su cargo hasta el primer grado de consanguinidad tendrán dos horas de flexibilidad horaria diaria sobre el horario fijo. Antes, esta posibilidad solo se contemplaba para empleados con hijos con discapacidad.

La reunión entre Hacienda y los sindicatos de los empleados públicos del Estado para fijar las condiciones laborales ha concluido sin acuerdo. Por lo que se espera que el Gobierno apruebe mañana la última propuesta del departamento que dirige Cristóbal Montoro, para que las medidas entren en vigor el 1 de enero.

La resolución de propuesta establece que la jornada laboral será de 37,5 horas a la semana (1.664 horas al año). En diciembre de 2011, el Gobierno de Rajoy ya elevó la jornada de 35 horas a 37,5 horas. Quedaba pendiente ver si mantendría esta jornada laboral.

Otra de las novedades consiste en que se podrán cerrar los colegios y otras instalaciones públicas en periodos en los que no haya actividad. Hasta ahora esta situación no estaba regulada y dependía del responsable del centro.

Fuente: «El País».