La ley que eleva las tasas  judiciales y que entró en vigor el pasado jueves no será efectiva hasta  que no estén listos los impresos de  autoliquidación, según ha informado el subsecretario de Justicia, Juan Bravo, que ha precisado que el Ministerio de  Hacienda los aprobará en las próximas semanas.

En declaraciones a los periodistas en el Ministerio de Justicia, Bravo ha  comentado que la liquidación de las tasas no se podrá practicar hasta que  Hacienda, por medio de la Agencia Tributaria, lo comunique, tal y como prevé la  ley en su artículo 9.

Esa orden, que deberá ser dictada por el ministro de Hacienda y  Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, tiene como finalidad regular el  procedimiento y los impresos de autoliquidacion.

De esta forma, Bravo anunció que el Gobierno comunicó a todos  los secretarios judiciales que no se practicara ninguna liquidación, hasta la  publicación de la orden ministerial que así lo autorice, en sintonía con lo que  dice la norma.

Bravo también ha hecho referencia al recurso  de inconstitucionalidad que el PSOE interpondrá ante el  Tribunal Constitucional (TC) y ha afirmado que el TC ya se ha manifestado en mas  de una ocasión en relación con la constitucionalidad de las tasas.

Según Bravo, el TC entiende «que las tasas son legítimas y constitucionales  siempre y cuando respeten el principio de proporcionalidad en relación con la  capacidad económica de los ciudadanos».

Ha agregado que «el diseño que se ha estipulado en la nueva ley de tasas  respeta ese principio», al tiempo que ha anunciado que en las próximas semanas,  el Gobierno revisará el sistema de justicia gratuita que, según el  subsecretario, «se está negociando ya con las distintas comunidades autónomas  que lo gestionan».

En su opinión, la unión de los dos textos, la ley de tasas y  la ley de justicia gratuita revisada, «cumplirá esos parámetros  constitucionales que el TC ha establecido como legítimos en aplicación» de la  propia Carta Magna.

Fuente: «La Vanguardia».