Las defensas de veinte supuestos ‘Casuals’, para los que la  fiscal pide penas de hasta 119 años de cárcel por una quincena de delitos, han  pedido la nulidad de las pruebas que les  incriminan, desde escuchas telefónicas hasta registros domiciliarios y la  declaración de testigos protegidos.

En la sección quinta de la Audiencia de Barcelona ha comenzado hoy el  macrojuicio contra veinte supuestos ‘Casuals’, la rama más violenta de los  ‘Boixos Nois’, así como contra otros nueve acusados, para los que el fiscal pide  penas de hasta 119 años de cárcel por una quincena de delitos, especialmente  ejecutar por encargo agresiones a terceros.

En la ronda de cuestiones previas, las defensas de los acusados han pedido al  tribunal que anule casi todas las pruebas, lo que podría suponer en la práctica  la suspensión del juicio, al estimar que con ellas se vulneraron los derechos de  los acusados.

Los abogados defensores han sostenido que las escuchas telefónicas no fueron  proporcionales, porque la investigación partió de unas lesiones, y además se  intervinieron también las llamadas de una víctima que no colaboraba con la  justicia.

Las defensas también han pedido que no se dé crédito a la declaración de los  testigos protegidos, porque hablaron en «tercera persona» y además están  convencidos de que faltaron a la verdad. Los letrados de los acusados han  reclamado la nulidad de los registros domiciliarios -en los que se incautaron  arsenales de armas y vehículos de lujo-, porque creen que no estaban  justificados. Además, han pedido que no se dé valor a las pruebas de  reconocimiento, al considerar que hubo irregularidades.

Los abogados defensores también han alegado la indefensión de sus clientes al  ser objeto de dos investigaciones paralelas sobre el mismo hecho, ya que a la  causa madre instruida por un juez de Gavà (Barcelona) se le añadió una dirigida  por la titular del juzgado de instrucción número 33 de Barcelona por amenazas en  un juzgado.

Tras oír los argumentos de las defensas, el tribunal ha acordado hacer una  pausa en el juicio, que se retomará por la tarde con la intervención de la  fiscal, que deberá rebatir la petición de nulidad de las pruebas antes de que  los magistrados se posicionen.

En su escrito de acusación provisional, la fiscal advierte sobre la  «frenética labor criminal» de los acusados, que crearon una «poderosa estructura  de funcionamiento» con la que se lucraron a través del tráfico de drogas, de la  extorsión a locales de ocio nocturno y especialmente en la ejecución por encargo  de agresiones a terceros.

El principal acusado es el supuesto jefe de los ‘Casuals’, Ricardo M.L.,  alias «Lucho», para quien la fiscal pide 119 años de cárcel por los delitos de  asociación ilícita para delinquir, tenencia ilícita de armas, contra la salud  pública, asesinato en grado de tentativa, contra la administración de justicia,  lesiones, robo con violencia e intimidación y lesiones con deformidad, entre  otros.

Entre los encausados también figuran Antonio T.A., alias «Antoñito»,  implicado en las amenazas de muerte al expresidente del FC Barcelona Joan  Laporta, para quien la fiscal pide 33 años; así como Efrén S.S., alias «Costi»,  que en 2009 fue condenado a dos años de cárcel por la paliza racista que los  jugadores del Bada-Bing, del que era presidente-jugador, propinaron a los  miembros de un equipo rival en un partido de Tercera División, y que ahora se  enfrenta a una petición de 48 años.

Según el escrito de la fiscal, los acusados, además de dedicarse al tráfico  de drogas, desplegaron «innumerables acciones, siempre gratuitas,  indiscriminadas y violentas en los ambientes del hampa y en el mundo del ocio  nocturno de Barcelona» para lucrarse. En ese sentido, la fiscalía sostiene que  los acusados se especializaron en la ejecución por encargo de agresiones a  terceros «con pleno desprecio de la vida e integridad física de las  víctimas».

Además, según la fiscal, provocaron altercados violentos en los principales  centros de ocio nocturno de Barcelona para exigir a los dueños de estos locales  que les entregaran dinero o les contrataran como empleados de seguridad para  acabar con los alborotos. En la sesión inaugural se han retirado del caso las  dos acusaciones particulares que había en la causa.

Fuente: «La Vanguardia».