Las comunidades se rebelan contra el tope impuesto por Gallardón para financiar la justicia gratuita

El Gobierno defendió el polémico ‘tasazo’ judicial con el argumento de que era imprescindible para pagar la justicia gratuita, que financian las comunidades autónomas. Pues bien, los representantes de los ejecutivos con competencias de Justicia han tachado de insuficiente el tope impuesto de forma unilateral por el Ejecutivo para financiar el sobrecoste de la asistencia jurídica gratuita con el dinero procedente del aumento de las tasas judiciales. Asimismo la mayoría se ha opuesto a la nueva demarcación y planta judicial que el Gobierno ha puesto sobre la mesa.

Así lo han puesto de manifiesto consejeros de todo signo político (incluído del PP) tras la Conferencia Sectorial de Justiciacelebrada este lunes bajo la presidencia del secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, dado de que el ministro Alberto Ruiz-Gallardón ha sufrido una caída que le ha impedido presidir la reunión.

El reparto de fondos obtenidos por las nuevas tasas ha sido el asunto más polémico de la cita, ya que las comunidades se oponen a la propuesta de Justicia de traspasar a las comunidades los fondosnecesarios para financiar el coste de los nuevos beneficiarios de la justicia gratuita. “Se nos dijo que las modificaciones de las tasas judiciales estarían destinadas a la mejora de la justicia gratuita, por eso pedimos al Gobierno que cumpla su palabra”, ha avisado el consejero de Presidencia y Justicia de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro.

También desde la Comunidad de Madrid su consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria, ha rechazado la propuesta del Ministerio y ha pedido que la cantidad íntegra recaudada por las nuevas tasas se destine a la financiación de la justicia gratuita. “Estamos insatisfechos y decepcionados”, ha reconocido tras el encuentro, a la vez que ha recordado que la ley de tasas ya tenía la oposición de todo el ámbito judicial y se sustentaba en esa mejora de la justicia gratuita.

Por ello ha adelantado que, si el Gobierno no modifica su propuesta, laComunidad de Madrid podría llegar a pedir la derogación de la ley de tasas, que quedaría como un instrumento “meramenterecaudatorio” y no ayudaría a convertir a la justicia en el servicio público esencial que merecen los ciudadanos.

 Mientras tanto, el conseller de Justícia de la GeneralitatGermà Gordó, ha pedido que se aproveche esta reforma para exigir que, en aquellas comunidades con una segunda lengua oficial, ésta sea requisito y no sólo mérito para los jueces y magistrados destinados en ese territorio. Sin embargo, según ha apuntado, no ha obtenido respuesta del Ministerio.

Además, dada la importancia de la nueva organización judicial planteada por el Gobierno, ha pedido que se cree una comisión ‘ad hoc’ sobre el asunto compuesta por representantes del Gobierno, de todas las comunidades autónomas y de las asociaciones y federaciones de municipios y provincias.

Fuente: “El Periódico”.

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