El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)  Manuel Almenar defiende la expulsión de las cláusulas abusivas de las hipotecas  u otros contratos porque, si la Justicia se limita a «modularlas» o moderarlas,  «los bancos no tendrán ningún aliciente para no seguir incluyéndolas».

«La crisis ha sacado a la luz las miserias de muchos productos financieros»,  asegura en una entrevista con Efe Almenar, organizador del encuentro en el que  el pasado miércoles más de veinte magistrados de toda España debatieron las  repercusiones de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión  Europea en materia de cláusulas abusivas en los procedimientos de  ejecución hipotecaria.

El vocal del CGPJ atribuye al «exceso de confianza en que los tiempos de  bonanza no iban a terminar» la proliferación de préstamos hipotecarios  concedidos por los bancos, un sistema que «funcionó mientras la economía lo  hizo, pero cuando la burbuja inmobiliaria estalló, la crisis sacó a la luz las  miserias de muchos de los productos financieros que se estaban  comercializando».

La respuesta de las autoridades políticas a la nueva situación, añade, ha  sido la adopción de medidas económicas para recapitalizar los bancos y que el  crédito vuelva a fluir, «pero hay que extender los beneficios de esas medidas a  la parte más débil».

Es ahí donde entran los tribunales: «Los jueces intentan conseguir un reparto  más equilibrado de las consecuencias de la crisis, erigiéndose en garantes de  los derechos de los ciudadanos y haciendo la interpretación de la ley más  ajustada al derecho a la tutela judicial efectiva».

De este modo, y ante las situaciones de «claro riesgo de exclusión social»  que se dan en muchos de los procedimientos de ejecución hipotecaria, los  magistrados reunidos en la sede del CGPJ se mostraron de acuerdo, como criterio  orientativo, en que el juez puede y debe actuar de oficio para determinar si una  cláusula es o no abusiva y en que éstas últimas no vinculan de ningún modo al  consumidor y tienen que ser expulsadas de los contratos.

Se rompe así con las reglas generales del ordenamiento jurídico español, que  tradicionalmente limitan la actuación del juez a resolver las peticiones de las  partes y que le instan a utilizar sus «facultades moderadoras».

«Un contrato con un interés de demora del 30 % es abusivo, porque es excesivo  para asegurar el fin que persigue y por la desproporción con el interés legal  del dinero; pero si el juez se limita a rebajar el interés en lugar de anular la  cláusula, los bancos seguirán incluyéndola porque no tienen nada que perder»,  explica Almenar.

Sobre otras cláusulas, como la de sobregarantía, no hubo unanimidad y se  seguirá deliberando.

«Hay préstamos de 80.000 euros para viviendas tasadas en 100.000 que tienen  también como garantía la casa del avalista ¿Eso es abusivo? Unos sostienen que  no porque, debido a la caída del mercado inmobiliario, el valor actual del  primer inmueble no llega a cubrir todo el crédito; pero otros piensan que sí,  dado que solía ser el propio banco el que hacía la tasación», dice.

La Justicia, que acaba de pronunciarse sobre las cláusulas suelo de las  hipotecas, obligando a la banca a advertir expresamente a sus clientes de que si  la firman no podrán beneficiarse de determinadas bajadas del Euribor, se  enfrenta también a otras demandas como las de quienes adquirieron  participaciones preferentes.

El pasado jueves, el Tribunal Supremo «lamentó» en un comunicado haber tenido  que suspender la vista en la que pretendía sentar jurisprudencia sobre esta  cuestión, después de que el Banco Santander retirara el recurso contra una  sentencia que declaró nula una operación de venta de este producto  financiero.

Almenar, que comprende la actuación del banco -«cuando se interpone un  recurso, es porque se cree que hay muchas posibilidades de ganarlo. Si luego se  piensa que éstas han disminuido, lo lógico es desistir»-, dice que en una  situación como la actual, con un gran número de demandas, «los jueces están  deseando que se fije doctrina».

«Estamos hablando de un problema social. Es importante que la Justicia se  pronuncie y que se pronuncie rápido», concluye.

Fuente: «La Vanguardia».