Las revelaciones que Luis Bárcenas hizo en su declaración del  lunes ante el juez Pablo Ruz son de las que manchan pero no cortan. Su impacto  político es notable en lo inmediato, pero su incidencia penal se presenta entre  escasa y nula. Así lo admiten los abogados de las principales acusaciones  populares del caso; incluido el de Izquierda Unida (IU), que presentó la  querella originaria de la instrucción. En cuanto a las salpicaduras, ayer se  conocieron nuevos detalles de la comparecencia concernientes al exministro  Federico Trillo y el vicesecretario general Arenas, entre  otros.

EXCULPACIONES
Bárcenas «se esmeró» en no  atribuir delitos a los donantes
Según el abogado de IU, Enrique  Santiago, el extesorero del PP puso «gran cuidado» en no ofrecer al juez ningún  elemento de imputación por delitos de cohecho atribuibles a los constructores  que aparecen en los papeles de Bárcenas como donantes de dinero en efectivo al PP. El imputado «se esforzó», incluso, en descartar que dichos  empresarios efectuaran sus pagos con el fin de obtener adjudicaciones concretas.  Tal desvinculación impediría, de paso, imputar prevaricaciones  a los ministros que parece que facilitaron las contrataciones, supuestamente  previo cobro de sobresueldos. De Santiago y otros letrados  admitieron la escasa relevancia penal de la declaración de Bárcenas en sí,  aunque dijeron confiar en que los documentos que aportó, así como las  indagaciones en marcha y tal vez futuras comparecencias del exsenador permitan  acreditar los ahora «aparentes» delitos relacionados con la financiación del  PP.

ACUSACIONES
Dos excepciones, «sólo para implicar  a Rajoy y Cospedal»
Bárcenas sólo sugirió una relación directa  entre donaciones y contratos al referirse a dos supuestos pagos con el dinero de  la caja B que él manejaba: uno, el de 200.000 euros que él mismo parece que  entregó en el 2007 al gerente del PP en Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas  Cañada, a instancias de la entonces presidenta regional de la formación y hoy  número dos del PP, María Dolores de Cospedal; y otro, el de los  300.000 euros que el presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, parece que  ofreció al partido para ayudarle en su campaña de las generales del 2011, con  conocimiento de Rajoy y en obvia espera de buen trato a la hora  de las adjudicaciones, una oferta que Villar  Mir negó y calificó ayer de «invento». Las acusaciones del caso asumieron  que si Bárcenas señaló esas dos operaciones fue «para tratar de evidenciar el  conocimiento que Rajoy y Cospedal tenían de la financiación irregular de su  partido». El extesorero habría buscado con esto apuntalar su revelación de que,  en los años 2009 y 2010, también él mismo dio 45.000 euros en efectivo a cada  uno de los dos máximos dirigentes del PP: una acusación que, al margen de que no  implicaría delitos fiscales, el interrogado se reconoció incapaz de probar. Los  mismos abogados destacaron el denuedo con que Bárcenas excluyó a José María  Aznar de toda ilegalidad, aunque no pudo evitar acusarle de modo implícito  cuando aseguró que «todos» los presidentes del PP cobraron sobresueldos en negro  desde finales de los años ochenta.

OTRO ESCÁNDALO
Dinero  negro para el polémico caso del Yak-42
El imputado y  preso Bárcenas aseguró que en la pasada década dio miles de euros de la caja B  del partido al exministro de Defensa Federico Trillo para costear la defensa de  los tres militares procesados por la falsaria identificación de 30 de los 62  soldados españoles fallecidos en el accidente  del Yákovlev 42, ocurrido en Turquía en el 2003. El Gobierno de Rajoy  indultó en el 2012 a los dos oficiales condenados que permanecían vivos (el otro  había muerto en el 2010). Los familiares de las víctimas pidieron ayer la  destitución de Trillo como embajador en Londres y anunciaron que, si se  demuestra la afirmación de Bárcenas, apurarán «todo resquicio legal» contra los  responsables de este hecho «repugnante».

UN HOMBRE CLAVE
Carga  contra Arenas
Rajoy y Cospedal no fueron los únicos dirigentes  populares a quienes el extesorero atacó el lunes, precisaron ayer fuentes  jurídicas. Bárcenas cargó también contra el exsecretario general y ahora  vicesecretario, Javier Arenas, en tanto que buen conocedor y  excepcional beneficiario, según el declarante, de la caja B del partido. Arenas  parece que participó directamente en operaciones irregulares o ilícitas y  -siempre según el imputado- era la persona a la que preguntar sobre el dinero  negro en caso de dudas.

UN GESTOR ESPECIAL
«Blesa llevaba tres empresas ficticias del  partido»
Bárcenas aseguró ante el juez que, antes de presidir Caja  Madrid y cuando ejercía como asesor fiscal, Miguel Blesa gestionó tres  sociedades sin actividad real creadas en los años ochenta por el primer tesorero  del PP, Rosendo Naseiro. La única función de las entidades en cuestión habría  sido, según creen los investigadores del caso, mover el dinero de la caja B del  partido. El interrogado no entró en detalles al respecto y se limitó a indicar  que Blesa recibió fondos en negro de la formación para pagar los impuestos de  estas misteriosas empresas. Una vez el PP decidió disolver las tres firmas,  Blesa se encargó asimismo de su liquidación; de nuevo con dinero B de la caja de  Bárcenas.

LOS DOCUMENTOS
Ruz incorpora nueve  carpetas entregadas por Bárcenas
Para agilizar las pesquisas y  «salvaguardar la integridad de los documentos», el juez formó ayer una pieza  separada con los legajos que Bárcenas le entregó el lunes. Son nueve carpetas de  colores con todas las cuentas en B, más numerosos resguardos bancarios, recibos  y fotocopias de cheques, entre otros. A ello se suma un lápiz  de memoria con la contabilidad en negro entre los años 1994 y 1996, que  faltaba. Esta memoria USB contiene datos personales que ahora el juzgado debe  separar, excluir y devolver al imputado.

Fuente: «La Vanguardia».