La tasas judiciales de Gallardón pasan su primer examen parlamentario

El Congreso de los Diputados ha rechazado hoy, con los votos del PP, las  enmiendas a la totalidad de los grupos de la oposición que pedían la retirada  del proyecto de ley de tasas judiciales, que contempla una  subida generalizada de las tasas judiciales de entre 50 y 750 euros.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha  defendido que las nuevas tasas judiciales «ayudarán a financiar la justicia  gratuita» en la actual situación de crisis económica, mientras que la oposición  ha reclamado su retirada porque limitan el acceso a la Justicia.

Así lo ha expresado Ruiz-Gallardón durante el debate en el pleno de la Cámara  Baja de las enmiendas a la totalidad que PSOE, CiU, BNG, la Izquierda Plural y  el PNV han presentado al texto del Ejecutivo.

En su intervención, el titular de Justicia ha anunciado que el Gobierno  elevará el umbral de ingresos fijado como requisito para poder acceder a la  asistencia jurídica gratuita hasta situarlo en 2,5 veces el Indicador Público de  Rentas Múltiples (IPREM).

Y ha hecho pública la intención del Ejecutivo de aprobar una nueva Ley de  Asistencia Jurídica Gratuita, que ya está negociando con las comunidades  autónomas con competencias en la materia.

El aumento del umbral de ingresos, fijado ahora en 2 veces el salario mínimo  interprofesional (SMI), facilitará, según Ruíz-Gallardón, el acceso a la tutela  judicial efectiva de un sector de la población que en estos momentos no lo  tenía.

Así, la modificación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita permitirá que  pasen a ser titulares de este derecho los que cobren menos de 15.975 euros,  cuando hasta ahora sólo lo eran los que percibían hasta 14.910. Sin embargo,  la oposición parlamentaria ha rechazado el texto del Ejecutivo porque generará  una Justicia para ricos y pobres y, además, limitará el acceso a la misma.

Los portavoces de los grupos parlamentarios han coincidido en señalar el  objetivo recaudatorio y disuasorio del proyecto de ley de tasas  judiciales. Así, el socialista Antonio Camacho ha mostrado el «frontal»  desacuerdo de su grupo al texto del Gobierno porque pretende avanzar hacia una  «justicia privada» a la que, ha manifestado, «los ciudadanos no podrán acceder  ya que no tendrán los recursos para ello».

Por su parte, la Izquierda Plural, a través de su portavoz de Justicia,  Gaspar Llamazares, ha manifestado que el Gobierno, con la presentación de este  proyecto, «deja en la indefensión a los ciudadanos y deja a la impunidad a los  que tienen el poder».

En los mismos términos se ha expresado Rosa Díez de UPyD que ha destacado que  las clases medias van a sufrir estas tasas «injustas y nefastas», mientras que  el diputado de Esquerra (ERC), Joan Tardá, ha afirmado que el proyecto  «garantiza a los más pudientes el uso casi exclusivo del acceso».

No obstante, Gallardón ha recordado que lo que hace con el proyecto de ley de  tasas, al que ahora los grupos podrán presentar enmiendas parciales, es  actualizar las ya vigentes en España, en línea con el resto de países europeos y  en consonancia con la doctrina constitucional.

Y ha mencionado que todo lo que se recaude a través de las tasas se destinará  a financiar la justicia gratuita, con lo que -a juicio del ministro- también se  solucionarán los problemas económicos que sufren estos servicios que se han  visto desbordados en muchas comunidades con competencias de Justicia.

Fuente: «La Vanguardia»