El Ministerio del Interior dará instrucciones «claras» a la Policía  Nacional para que, como norma general, prohíba la  celebración de escraches  a menos de 300 metros de los domicilios de  políticos con el fin de garantizar el ejercicio de los derechos de  ambas partes.

En declaraciones a los medios tras inaugurar la primera convención de mandos  de la Policía, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha  asegurado que se está trabajando con «el mismo criterio» que ha adoptado la  Ertzaintza recientemente y que fija este límite espacial.

Aunque Martínez ha matizado que cada caso será estudiado, la medida de fijar  límites espaciales será, como norma general, de 300 metros con la finalidad de  «armonizar» tanto el ejercicio de los derechos de los ciudadanos como el de las  personas públicas.

En esta línea, también se ha pronunciado el director de la Policía, Ignacio  Cosidó, quien ha dejado claro que los agentes actuarán con «proporcionalidad» y  «equilibrio».

Además, ha calificado de «error» dimensionar este fenómeno y su gravedad que  es «muy limitada», si bien ha denunciado que los actos violentos y la coacción  «son inaceptables en nuestro sistema».

«Hay actitudes de acoso e insulto, de agresiones verbales o físicas que son  prácticas totalitarios y que requieren no solo la actuación de la Policía sino  también una condena expresa de todos los que creemos en la democracia», ha  concluido.

El Gobierno considera que la respuesta al problema de los desahucios debe ser común para el conjunto de los españoles,  «al margen de la comunidad en la que vivan», según el ministro de Justicia,  Alberto Ruiz-Gallardón, quien ha anunciado que estudiará «el encaje legal» de  las medidas  anunciadas por Andalucía.

«No creemos que éste deba ser un problema cuya solución pueda ser  sectorializada en sus respuestas por carácter territorial desde solamente las  comunidades que quieran abordarlo», ha dicho Ruiz-Gallardón en los pasillos del  Congreso.
El ministro ha afirmado que se estudiarán «los hipotéticos  efectos» del decreto-ley anunciado por la Junta de Andalucía, que pretende  sancionar a bancos e inmobiliarias que no alquilen viviendas vacías e incluso  contempla la expropiación de viviendas para las familias sin  recursos.
Ruiz-Gallardón ha defendido que la «respuesta tiene que ser  para la totalidad de los ciudadanos españoles, al margen de la comunidad en la  que vivan».

Fuente: «La Vanguardia».