La ola de protestas obliga a los bancos a blindarse con seguridad privada

Grupos de protesta social como la Plataforma de Afectados por la  Hipoteca, los yayoflautas o los afectados por las preferentes han convertido las sucursales de las diferentes  entidades bancarias en los centros neurálgicos de sus manifestaciones.  Es por eso que la mayoría de bancos, y muy especialmente los nacionalizados por  el Gobierno, han decidido aumentar su servicio de vigilancia  privada en el interior de las sucursales para evitar  situaciones de inseguridad.

Diversos bancos consultados por La Vanguardia.com han reconocido que  a raíz de las protestas han tomado nuevas medidas de vigilancia, seguridad e  incluso prevención dirigida a sus empleados. Algunos han optado por blindar su  sede central, otros por ampliar la presencia de agentes de seguridad privada en  las sucursales, y otros por crear una vigilancia itinerante que se despliega  especialmente cuando advierten que se ha organizado una protesta en una de sus  oficinas.

Es el caso de Bankia, que ha reconocido que en “días  puntuales se refuerza la seguridad en alguna sucursal”, sobre todo en zonas de  Madrid y Valencia. Normalmente las sucursales piden esos refuerzos a la central.  Lo mismo sucede en CatalunyaCaixa, donde en las zonas más  conflictivas de l’Hospitalet o Barcelona disponen de seguridad privada aunque,  resaltan: “No hay ninguna estructura fija y los vigilantes se mueven de una  sucursal a otra”. Fuentes de la caja catalana sí que destacan el aumento de  seguridad fija en la central de la entidad en Via Laietana de Barcelona, con  estrictos controles para acceder a las instalaciones. Por su parte, Banc  Sabadell ha realizado “refuerzos puntuales en sus sucursales cuando  alguna de ellas ha sido objeto de protestas”. CaixaBank, BBVA y Santander han  declinado hacer ningún tipo de declaración al respeto.

La presión ciudadana por las preferentes obliga a algunas entidades a tomar  medidas de seguridad adicionales. Es el caso de NovaGalicia  Banco, una de las principales entidades afectadas por la venta de estas  participaciones, que reconoce que a finales de 2012 puso en funcionamiento “un  plan de seguridad en las oficinas que vendieron más participaciones y que  concentraban un índice más elevado de protestas”, como las de Morrazo, Valmiñor,  Baixo Miño, Vigo y Pontevedra.  Fuentes de Bankia han destacado también el  aumento de la seguridad en sus oficinas de Mataró, donde Caixa  Laietana comercializó preferentes a miles de vecinos de la localidad y  donde las protestas semanales obligan a blindar las sucursales.

La mayoría de entidades financieras siguen muy de cerca la actividad de las  plataformas de afectados por hipotecas y preferentes a través de las redes  sociales. El hecho de que casi todas las organizaciones tengan internet como  canal principal de comunicación con sus simpatizantes les hace más fácil conocer  las protestas que están organizando. “Nos enteramos de casi todo gracias a  Twitter”, destacan en Bankia. “Vamos detectando los movimientos de las  plataformas en la red y actuamos en consecuencia”, añaden en CatalunyaCaixa.  Algunas fuentes apuntan, incluso, a “contactos entre los bancos y las  autoridades policiales para evitar posibles situaciones de inseguridad en las  sucursales”. Responsables del vasco Kutxabank afirman que  disponen de un protocolo “en colaboración con las fuerzas de seguridad”.

Las centrales de algunas entidades han enviado a sus empleados  recomendaciones de actuación en caso de situaciones de tensión. Un portavoz de  uno de los bancos, que prefiere mantenerse en el anonimato, reconoce que a  finales de 2012 –después de varios altercados durante la última huelga general- se realizaron unas recomendaciones al personal de sus más de 2.200 oficinas con “actuaciones de sentido común ante posibles situaciones adversas”. Confinarse en  el despacho del director en caso de que alguien acceda a la oficina con un  objeto punzante o guardar material valioso, son algunos de los consejos que la  entidad recomienda seguir.

Los bancos no solo han aumentado la vigilancia de sus oficinas, también se  han visto obligados a contratar seguridad privada para velar por el elevado  número de activos inmobiliarios que han ido acumulando debido a  los impagos de las hipotecas. Desde 2008, más de 400.000  familias se han visto inmersas en un proceso de ejecución hipotecaria por parte  de alguna entidad financiera. Casas, promociones terminadas pendientes de vender  y obras a medio hacer han llamado la atención de posibles okupas y ladrones. La  mayoría de ellas, asegura un portavoz de la empresa de seguridad Eulen, “se  encuentran en las zonas de costa, lo que serían segundas viviendas que han  tenido una venta más complicada”. Esta empresa destina en la actualidad un  centenar de vigilantes de seguridad que, aparte de la vigilancia física, también  instala sistemas de alarmas. El objetivo es evitar el robo de material de  construcción –muchos edificios en propiedad de los bancos están aún sin  finalizar por la falta de liquidez – y la ocupación de los inmuebles “por parte  de colectivos de desahuciados u okupas”. Desde Eulen destacan que la inversión  que están realizando los bancos en este tipo de vigilancia es muy elevada,  equiparable “a lo que destinan a la seguridad de sus sucursales”.

Fuente: «La Vanguardia».

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