La juez Alaya se compromete con el TSJA a acelerar las ‘macrocausas’

“Todas las causas se están moviendo y se están poniendo fechas para las declaraciones de todas”. El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJA), Lorenzo del Río, ha avanzado la voluntad de la juez Mercedes Alaya para pisar el acelerador con las cuatro grandes causas que investiga, algunas de las cuales acumulan un gran retraso debido a su complejidad y al elevado número de imputados. El compromiso es acabar alguna de las causas a lo largo de este año y rematar el resto el próximo año, a excepción del caso de los ERE fraudulentos, al que nadie ve horizonte de cierre de instrucción dado que analiza un periodo de 10 años.

Antes del fin de semana la magistrada remitirá un informe por escrito con los detalles del estado de cada investigación a Del Río, para que este luego informe a la Comisión Permanente del TSJA el próximo martes.

Y es que el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla arrastra más retrasos procesales que cualquier otro órgano judicial andaluz. De ahí la alarma generada tras la baja de seis meses por enfermedad de la juez, que se reincorporó al trabajo a principios del pasado marzo. La causa que analiza la anterior gestión del Betis se inició hace cinco años y la de la venta de suelos en Mercasevilla en 2010. Otra causa por delito societario en la empresa pública sevillana aún carece de declaraciones de los exdirectivos, imputados desde hace tres años. Y la amenaza de los recursos ulteriores de los abogados por dilaciones indebidas, dado que afecta al derecho de defensa, pende como una losa sobre estas causas.

La pequeña cumbre para analizar los retrasos del juzgado contó con el presidente del TSJA, el presidente de la Audiencia de Sevilla, Damián Álvarez, el juez decano sevillano, Francisco Guerrero, y el magistrado de refuerzo Rogelio Reyes. “Ha sido una reunión muy productiva y ella \[Alaya\] está haciendo un esfuerzo enorme”, ha resumido Del Río.

El matiz de ese “esfuerzo enorme” es que hace solo dos meses Alaya rechazó la mano tendida del TSJA para agilizar las investigaciones, y después de haberle asignado dos magistrados de refuerzo, ella entendió que se bastaba casi sola y solo aceptó la ayuda de uno de los dos jueces porque entendía que un tercer magistrado era innecesario. Además, ese juez de refuerzo investigaría los asuntos menores del día a día, no las “macrocausas”.

El presidente del TSJA ha aclarado que desde ayer Alaya cede a Reyes una parte menor de sus investigaciones, la pieza referida a la gestión de Luis Oliver al frente del Betis, por diferentes operaciones financieras. El impulso de Alaya para las causas consiste sobre todo en los calendarios de declaraciones para las causas. “La idea es que de aquí al verano estén muy avanzadas las causas, pero si no puede ser, será en septiembre u octubre (…) No es fácil poner unos tiempos exactos. Están saliendo nuevas vías de investigación”, ha matizado el presidente del TSJA sobre el calendario de las comparecencias. Cuando decidió el refuerzo de Reyes, el alto tribunal también impuso a él y Alaya la obligación de informar periódicamente del estado de las causas, de ahí la reunión de hoy entre los cinco jueces. Ni Alaya ni Reyes expresaron quejas sobre necesidades del juzgado a sus superiores jerárquicos.

Por otra parte, la Consejería de Empleo ha logrado que los intrusos (personas prejubiladas que nunca trabajaron en las empresas beneficiadas) hayan devuelto 5,3 millones cobrados de manera indebida. Los técnicos de Empleo han analizado un grupo de 235 irregularidades administrativas, entre las que se encuentran 87 intrusos, y se han iniciado expedientes de reintegro por unas pólizas que suman 17,7 millones que nunca debieron haber cobrado.

Mientras, el portavoz parlamentario de IU, José Antonio Castro, ha dicho en una entrevista con Canal Sur que el diputado socialista a Cortes y exconsejero José Antonio Viera, “no solo amparó, sino que ideó todo el proceso opaco que permitió el escándalo”. Viera no está imputado en el caso de los ERE fraudulentos.

El Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla investiga cuatro causas que acumulan un gran retraso, dada su complejidad.

El caso de los ERE fraudulentos estudia la corrupción imperante en la Consejería de Empleo entre 2001 y 2010. La causa acumula 68 imputados y el fin de su instrucción está lejos en el tiempo. El caso Mercasevilla tiene dos variantes: la supuesta venta fraudulenta de los suelos de la empresa pública y el delito societario que se les imputa a los exdirectivos de la compañía Fernando Mellet, Daniel Ponce y Pilar Giraldo. El caso Betis investiga la anterior gestión del expresidente Manuel Ruiz de Lopera por un supuesto delito societario cometido al frente del equipo de fútbol.

Fuente: «El País».

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