La juez Alaya imputa a la exministra Magdalena Álvarez en el caso de los ERE

La juez Mercedes Alaya ha imputado en el caso de los  ERE fraudulentos a la exministra de Fomento Magdalena  Álvarez, que fue consejera andaluza de Economía durante diez años, y a una veintena de altos cargos de la Junta de  Andalucía, entre ellos el ex interventor general Manuel Gómez  Martínez.

En un auto judicial comunicado a las partes, la juez señala que la exministra  fue la persona que dictó en 2003 las normas en las que se recogía el concepto  presupuestario de las transferencias de financiación para pagar ayudas  sociolaborales, algo «absolutamente inadecuado».

Las transferencias de financiación son «una figura absolutamente inadecuada  para su uso como subvenciones sociolaborales», como recoge el informe de  fiscalización de la Cámara de Cuentas, subraya la juez. Vicepresidenta del  Banco Europeo de Inversiones desde junio de 2010, Álvarez fue ministra de  Fomento en el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero entre 2004 y  2009 y consejera andaluza de Hacienda en el Ejecutivo de Manuel Chaves entre  1994 y 2004.

Por el mismo motivo que a la exministra, la magistrada imputa a José  Salgueiro, viceconsejero de Economía y Hacienda desde 1990 hasta  2004. También imputa al actual viceconsejero de la Presidencia, Antonio  Lozano, porque como director general de Presupuestos de la Junta entre 2002 y  2009 tuvo «una importante intervención» en las modificaciones presupuestarias y  en los presupuestos, que recogían transferencias de financiación como crédito  presupuestario para las subvenciones sociolaborales del programa 31L, conocido  como «fondo de reptiles».

La juez destaca que estas prácticas permitían «la concesión de subvenciones  al margen de su normativa reguladora» y sin la fiscalización previa de la  Intervención, y por ello también imputa al sucesor de Lozano, Buenaventura  Aguilera Díaz.

Alaya considera que «ha llegado el momento de dar un paso cualitativo en la  instrucción y determinar la participación en los hechos investigados de otras  personas» que, por sus competencias, «habrían permitido este uso indebido de las  transferencias de financiación» y el «dispendio continuado de fondos  públicos».

Los nuevos imputados en el caso empezarán a declarar ante la juez el 25 de  julio, y el primero de ellos será el ex interventor general de la  Junta. Durante la época de Álvarez se creó en la Consejería la Secretaría  General de Hacienda, al frente de la cual se nombró a Antonio Estepa Giménez,  que ha sido imputado.

El resto de encausados

Entre los imputados se incluyen los secretarios generales técnicos de la  Consejería de Empleo entre 2000 y 2012: Juan Francisco Sánchez García, que  comenzó el uso de las transferencias para pagar subvenciones; Javier Aguado  Hinojal (2004-2008) y Lourdes Medina Varo (2008-2012).

Además, se imputa al exviceconsejero de Empleo entre 2010 y 2012 Justo Mañas  y al interventor delegado en Empleo desde 2008, Juan Luque. La juez imputa a  los exviceconsejeros de Innovación Gonzalo Suárez y Jesús María Rodríguez Román;  a los directores generales de IFA o IDEA (organismo que sustituye al anterior)  Miguel Ángel Serrano, Jacinto Cañete, Antonio Valverde, Antonio Lara y Francisco  Mencía, y a los directores de Finanzas del IFA Pablo Millán y Juan Vela.

En el auto, Alaya cita como imputado al abogado Carlos Leal Bonmati, que  dirige el bufete sevillano Estudios Jurídicos Villasís y es el último de los  imputados en la Operación Heracles de la Guardia Civil que aún no había  comparecido.

Reacciones

Las primeras reacciones no se han hecho esperar. El diputado nacional y  expresidente andaluz, Manuel Chaves, ha manifestado que está «convencido» de que  cuando Magdalena Álvarez fue consejera de Economía y Hacienda de la Junta de  Andalucía «no tuvo nada que ver con el tema de los ERE» y ha dicho que «no» cree  que el presidente de la Junta y exresponsable de esa misma Consejería pueda ser  finalmente imputado.

En declaraciones a los periodistas en el Congreso, Chaves ha afirmado que se  acababa de enterar de la imputación y que desconocía las razones de la misma y  ha previsto que será por su razón de consejera de Economía y Hacienda de la  Junta.

Desde el Gobierno andaluz, su portavoz Miguel Ángel Vázquez ha pedido respeto  a la presunción de inocencia de la veintena de cargos imputados por Alaya y ha  dicho que han realizado una buena gestión y «han defendido Andalucía y hasta el  último céntimo de dinero público».

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en el transcurso del  cual se ha conocido la noticia de la imputación de estos cargos de la Junta,  Vázquez ha optado por ser prudente hasta conocer las razones que han llevado a  la jueza a tomar esta decisión.

Fuente: «La Vanguardia».

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