La juez afirma que las “piezas del puzle” del fraude de los ERE empiezan a encajar

Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras negaron ayer la mayor: que cobrasen “sobrecomisiones” o “cobros irregulares” por 4,2 millones de euros de la consultara Vitalia, que gestionó, junto con Uniter, los expedientes de regulación de empleo pagados por la Junta de Andalucía. Refutan lo dicho en un auto dictado el viernes por la juez Mercedes Alaya que instruye el caso de los ERE. Esta mantiene que “las piezas del puzle comienzan a encajar” y desbarata la explicación que siempre ha dado el Gobierno andaluz respecto a que los ERE garantizaron la paz social y ayudaron a 6.000 trabajadores con difícil salida laboral.

“Comisiones Obreras no está en ninguna trama de nada”, dijo ayer el secretario general regional de este sindicato, Francisco Carbonero. “UGT no ha recibido en ningún momento ningún cobro irregular ni ha obtenido comisiones ni ha trabajado para obtenerlas”, señaló el líder regional ugetista, Manuel Pastrana. Ambos comparecieron en rueda de prensa, por separado, acompañados por miembros de sus ejecutivas confederales para responder a la instructora del caso del fraude de los ERE (expediente de regulación de empleo).

Pero la magistrada insiste en otro auto conocido ayer en la acusación contra los sindicatos mayoritarios. Cobraron comisiones, dice, “aunque no hubiesen efectuado trabajo alguno” pues su verdadera aportación era “la información privilegiada que facilitaban a la mediadora sobre empresas en crisis que pudieran derivar en la suscripción de una póliza”.

Según la magistrada, las centrales sindicales cobraban entre el 0,5% y el 1% de cada ERE mediante sus agencias de corretaje de seguros Atlantis Asesores y Temiqui. El ejemplo más llamativo fue el millón de euros que cada sindicato percibió en el ERE de Delphi, a través de la consultora Uniter.

En el nuevo auto, en el que ordena la prisión de Eduardo Pascual y María Vaqué, directivos de Vitalia, la juez Alaya segura que los sindicatos justificaban el cobro de un porcentaje de cada póliza “de forma tan peregrina como la toma de datos, que poco interés podía tener para la consultora, ya que luego debía repetirse por su carácter parcial e incompleto”.

La instructora sostiene que las sobrecomisiones que cobraban las mediadoras han demostrado que se estaría “ante un sistema perfectamente establecido, en el que la concesión de ayudas se convierte en el verdadero negocio, premisa que es absolutamente contradictoria con el grandilocuente principio de la paz social, pues ese negocio aumentaría proporcionalmente al número de ayudas concedidas”.

La juez reconoce que la principal vía de su investigación era el procedimiento administrativo seguido para conceder las ayudas, pero que las investigacines de la Guardia Civil sobre las comisiones han dado una “visión más amplia” a la trama, “como si las piezas del puzle comenzaran a encajar”. Según la instructora, esta línea de investigación “ofrece un mayor sentido al presunto empecinamiento” de la Junta en disponer de esos fondos públicos “al margen de las garantías que ofrece el procedimiento legal de subvenciones”.

La juez Mercedes Alaya tomará declaración hoy a dos últimos imputados en la nueva rama sobre el cobro de sobrecomisiones: el dueño de la aseguradora Uniter y el abogado Carlos Leal, acusado de hacer llegar las “dádivas” al entorno del ex director general imputado. El dueño de Uniter, José González Mata, comparecerá ante la instructora después de que entre el viernes y el sábado ingresaran en prisión tres directivos de la aseguradora Vitalia, acusada de cobrar comisiones de hasta el 16,9% a la media del mercado del 3,18%, informa Efe.

En total, hasta el sábado la juez ordenó el ingreso en prisión de siete de los 22 imputados en la Operación Heracles de la Guardia Civil, entre ellos el ex director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero. En el auto de prisión referido a Guerrero, la juez aseguró que Uniter y Vitalia cobraban comisiones “elevadísimas en relación al precio de mercado” por su mediación en los ERE y, en el caso de la empresa Delphi, Uniter “cobró sobrecomisiones de unos siete millones de euros”.

Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la “deficiente gestión” de los ERE supuso no solo la aparición de intrusos que nunca habían trabajado en las empresas, sino “cuantiosos” intereses y comisiones, cifrados en 50 millones de euros. González Mata, cuando compareció en la comisión de investigación sobre los ERE en el Parlamento andaluz, aseguró que es “simple y llanamente mentira” que su empresa percibiese comisiones abusivas. En cuanto al abogado Carlos Leal, del Bufete Jurídico Villasís de Sevilla, su imputación se produce dentro de la investigación para determinar el presunto “enriquecimiento ilícito a costa de los fondos públicos” de los despachos Garrigues y Villasís, que tienen letrados imputados en las actuaciones.

Fuente: «El País».

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