El fiscal general del Estado considera que las causas abiertas por el robo de bebés entre 1959 y 1990 en distintos hospitales y clínicas españolas no prescriben hasta pasados 10 años desde que la víctima se entera de su condición ni tampoco pueden archivarse inicialmente por falta de pruebas. En una circular, remitida a todos los fiscales, unifica los criterios en el tratamiento de estas causas dando así respuesta a una vieja reivindicación de los afectados y a una aún más vieja promesa de esta institución. La fiscalía ya había transmitido verbalmente, en reuniones con los fiscales territoriales, su postura sobre la prescripción en estos casos, pero al no haber una circular por escrito, es decir, una orden, cada fiscal ha actuado de forma distinta. Algunas asociaciones de víctimas ya planean recurrir casos sobreseídos.

En España se han interpuesto más de 1.500 denuncias por supuestos robos de bebés. Muchas de ellas se archivaron por falta de pruebas o al considerar el juez que el caso había prescrito.

“Transcurrido más de un año desde el inicio de las investigaciones”, dice la circular, “se han planteado divergencias en las vías de investigación, en la calificación de los hechos y en los plazos de prescripción aplicables. El análisis de las resoluciones que las audiencias provinciales han ido dictando en los asuntos judicializados no ha hecho sino confirmar la ausencia de unidad de criterio. Incluso se han producido discrepancias entre secciones de la misma Audiencia Provincial”. El escrito habla de tener “especialmente presente la necesidad de dar la máxima protección posible a todas las víctimas”.

La mayoría de los casos archivados se habían cerrado por falta de pruebas o aplicando el criterio de la prescripción. “Ahora lo que dice la Fiscalía del Estado es que los fiscales tienen que investigar hasta el final y tomar un papel activo, es decir, que no pueden archivar sin más por falta de pruebas sino que tienen que ir a buscarlas”, explica Guillermo Peña, abogado de SOS Bebés Robados en Madrid, que ahora planea volver a llevar a la justicia dos casos de Toledo que fueron archivados por este motivo. “La circular extiende el criterio que viene aplicando la Fiscalía de Madrid al resto de fiscales”.

Eduardo Esteban, fiscal jefe de Madrid, confirma que, pese a que la Fiscalía del Estado ya transmitió esas directrices en alguna reunión, hasta ahora no les había enviado la circular que ordena aplicarlas y “los criterios de los fiscales se habían dispersado a la hora de actuar”. “Nosotros siempre hemos mantenido esa tesis, la de que en estos casos se trataría de un delito de detención ilegal permanente y que el tiempo de prescripción, 10 años, no empieza a contar hasta que el afectado se entera de que es un niño robado. Hay que investigar hasta el final y luego decidir”.

La circular no supone que todos los casos que han sido archivados vayan a reabrirse, pero sí es “una ventana abierta”, en palabras de Guillermo Peña, que les facilitará el camino. Tendrán que recurrir caso a caso cada archivo. Algunos ya habían empezado a aplicar ese criterio y los recursos habían salido adelante. Por ejemplo, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó recientemente al Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid reabrir el caso de Felisa Tomico y Juan Antonio Panadero, que buscan a su bebé nacido en abril de 1978, al entender que los posibles delitos no habían prescrito.

La investigación judicial de estos casos sigue siendo, no obstante, tremendamente difícil. Incluso en los casos donde ha aparecido la prueba más contundente: una tumba vacía. “Sí, en España se robaron niños, pero lamentablemente nos faltan pruebas para castigar a quienes los robaron. Las exhumaciones son muy elocuentes, demuestran que a los padres les mintieron, pero no aportan ninguna nueva pista sobre el paradero de ese niño”, explicaba a EL PAÍS un fiscal que prefirió ocultar su nombre tras la apertura de una de esas tumbas vacías.