La Fiscalía Anticorrupción ha pedido la imputación del expresidente de Catalunya Caixa Narcís Serra y del ex director general Adolf Todó, así como de otros 52 miembros del Consejo de Administración en 2010, por aprobar aumentos retributivos de sus altos cargos pese a la «situación crítica» de la entidad.
Según la denuncia, firmada por el fiscal especial contra la corrupción y la criminalidad organizada, Fernando Maldonado, en Catalunya Caixa han existido en los últimos años retribuciones e indemnizaciones «desproporcionadas y ajenas a la real situación de insolvencia» de la entidad, por lo que merecen ser investigadas, «máxime cuando se han producido en un entorno de grave crisis económica».
Para el fiscal, los 54 miembros del consejo de administración denunciados aprobaron aumentos retributivos y garantizaron indemnizaciones a los altos cargos «con evidente abuso del cargo», ya que «utilizaron los fondos de una entidad con connotaciones y trascendencia públicas, en beneficio propio y con claro perjuicio para la entidad, lo cual contribuyó a su grave crisis financiera».
En su escrito, el fiscal pide la imputación de 54 miembros del consejo de administración de Catalunya Caixa en 2010 por un delito de administración desleal por aprobar en enero y en octubre de 2010 sendas resoluciones para aumentar el salario de los miembros del comité de dirección, pese a que, debido a la «situación crítica» y de «insolvencia» de la entidad tuvieron que pedir en julio de aquel año 1.250 millones de euros de ayuda al FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria).
En la denuncia se remarca que los directivos se subieron las retribuciones variables en contra del criterio de la Comisión Europea, que las consideraba una forma inconveniente de retribuir a los altos directivos «por cuanto para su percepción procuran un beneficio rápido de la entidad, que desemboca en un perjuicio a medio plazo al asumir riesgos no deseados».
«Todo ello -según el fiscal-, denota un reprochable y espúreo manejo de los fondos de una entidad cuyo único objetivo debe ser procurar un adecuado beneficio para destinarlo a obra social y evitar un despilfarro de dichos fondos en beneficio de los altos directivos».
El primer acuerdo al que se refiere el fiscal se aprobó el 19 de enero de 2010, con la oposición de una única consejera y la abstención de otros dos, y consistió en aumentar el sueldo variable anual del entonces director general Adolf Todó del 35 al 50 % y de su adjunto, Jaume Massana, del 35 al 45 %.
El segundo acuerdo se aprobó el 13 de octubre del mismo año -con siete votos en contra y siete abstenciones- para aumentar el sueldo para el año 2011 de los miembros del comité de dirección, de forma que Todó pasó a cobrar 812.501 euros (frente a los 800.481 que cobraba) y Massana 610.201 (frente a los 598.428).
El fiscal sostiene en la denuncia que estos acuerdos se aprobaron en una «situación crítica» y de «insolvencia» de la entidad y que, para comprender su alcance se tiene que tener en cuenta que una vez iniciada en 2007 la «importante crisis económica que todavía subyace», la entidad fue empeorando sus resultados económicos hasta tener que ser rescatada por el FROB.
En la denuncia, el fiscal detalla que tras reducir drásticamente beneficios y entrar en pérdidas, en julio de 2010 se hizo «urgente» la intervención del FROB, que tuvo que aportar 1.250 millones, el 23,51 % de los recursos propios de la entidad.
En octubre de 2011, el FROB tuvo que desembolsar otros 1.718 millones más a Catalunya Caixa, con lo que pasó a asumir el 89,74% del capital del nuevo banco, salido de la fusión de las Cajas de Ahorros de Catalunya, Tarragona y Manresa, que fructificó en julio de 2010.
Finalmente, el FROB aportó en diciembre de 2012 otros 9.084 millones de euros a la entidad, por lo que pasó a ostentar el 100 % del capital. Catalunya Caixa cerró el año 2012 con unas pérdidas de cerca de 12.000 millones de euros.
Todó, que presidió Catalunya Caixa entre octubre de 2011 y mayo de 2013, hasta que el FROB le destituyó, ganó en la entidad un total de 4 millones de euros -3,1 en retribución fija y 0,8 en retribución variable- y se aseguró pólizas y planes de pensiones por valor de 8,2 millones de euros, según se detalla en la denuncia de la fiscalía.
En el marco de esta «irresponsable política de retribuciones» asumida por los órganos de la entidad, ya que los sueldos de Todó y Massana no dejaron de subir entre 2009 y 2011, el fiscal también remarca en la denuncia las «escandalosas y millonarias indemnizaciones percibidas» por ex altos cargos tras la fusión, como Lluis Gasul (que cobró 7,4 millones de euros), Ricard Climent (1,3 millones) y Gloria Ausio (1,3 millones).
El fiscal subraya, además, que pese a que Narcís Serra -que fue vicepresidente del Gobierno con Felipe González- tenía un cargo representativo en la entidad, recibía «elevados emolumentos en concepto de dietas», que en 2006 llegaron a los 135.707 euros, hasta que entre 2007 y 2010 combinó las dietas con un salario, por lo que pasó a cobrar entre 236.000 y 260.000 anuales.
Entre los 54 miembros del consejo de administración que el fiscal ha pedido que sean imputados figuran también representantes de los sindicatos CCOO, UGT y Sindicatos de Ahorros de Catalunya (SEC).
Fuente: «La Vanguardia».