La Audiencia Nacional cuestiona ante el Constitucional la ley de tasas judiciales

La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha planteado este viernes ante el Tribunal Constitucional (TC) una cuestión de inconstitucionalidad contra la ley de tasas judiciales en la que consulta al alto tribunal sobre si esta norma vulnera la ley fundamental.

 En un auto, los magistrados de la sección séptima de la citada sala consideran que el pago de las tasas puede condicionar el acceso de los ciudadanos a los tribunales y afectar a la tutela judicial efectiva, que es un derecho constitucional.

La sala estima que la finalidad de la ley puede ser «lícita», por cuanto supone sufragar el coste de la administración, pero apunta también que si el coste de las tasas rebasa ciertos límites puede obstaculizar el acceso de los ciudadanos a la justicia, lo que podría ser inconstitucional.

Proporcionalidad

La Audiencia Nacional duda de que la norma tenga en cuenta la proporcionalidad necesaria para conseguir financiar el servicio público de la justicia, en referencia a una posible vulneración de principios de igualdad, equidad y Justicia. La Audiencia considera que el alza de tasas puede condicionar el acceso de los ciudadanos a un servicio público fundamental y convertirse en un «impedimento innecesario» e injustificado para obtener el derecho de la tutela judicial efectiva. El alza del coste de las tasas fue promovido por el Ministerio de Alberto Ruiz-Gallardón. La Audiencia reacciona así al recurso presentado por la mercantil Préstamos y Javaloyes S.L.U. y al entender que puede quebrantar varios preceptos de la Carta Magna.

Consecuencias

«Las consecuencias de la falta de pago de las mismas sí pueden constituir trabas que resulten innecesarias, excesivas y que carezcan de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador», explica el auto, que recalca que la asistencia jurídica gratuita no alcanza a la mayoría de la población. El auto, contra el que no cabe recurso, recuerda que en algunos casos las tasas por sí solas «pueden suponer un gravamen igual o mayor que el propio contenido del acto administrativo, constituyendo «un impedimento innecesario y no justificado para poder acceder a obtener la tutela judicial efectiva».

Fuente: «El Periódico».

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