La Abogacía del Estado se persona en el caso Nóos ante el presunto fraude fiscal

El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha admitido la personación como acusación  particular de la Abogacía del Estado, en  representación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT),  después de que así lo solicitase Hacienda ante el presunto fraude fiscal por  valor de unos 470.000 euros en el que habrían incurrido tanto el Duque de Palma,  Iñaki Urdangarin, como el Instituto Nóos.

Mediante un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la Abogacía del  Estado solicita ser parte en la causa tras haber tenido conocimiento de la  denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción por la supuesta comisión de  dos delitos fiscales por el impago del IRPF en 2007 y 2008 por parte del marido  de la Infanta Cristina y de un delito contra la Hacienda Pública en el Impuesto  de Sociedades en 2007 en el caso de la entidad aparentemente sin ánimo de  lucro.

En el escrito, la abogada del Estado jefe Dolores Ripoll solicita así que se  le dé traslado de todas las diligencias practicas al respecto en el marco de  estas pesquisas, que constituyen la pieza separada número 25 del denominado caso  Palma Arena. Se trata de unos hechos por los que prevén ser interrogados  Urdangarin y su exsocio Diego Torres, quienes están citados a declarar como  imputados los próximos días 23 y 16 de febrero, respectivamente.

Y es que, según la documentación a la que ha tenido acceso Europa Press, la  Agencia Tributaria de Cataluña les atribuye haber defraudado un total de 230.979  euros del impuesto de sociedades a través de Nóos durante el año 2007, mientras  que eleva a más de 120.000 euros cada una de las cuotas del IRPF que habría  defraudado el yerno del Rey Don Juan Carlos.

En un informe presentado ante el juez, la Agencia Tributaria señala que, para  eludir abonar a Hacienda el Impuesto de Sociedades, desde Nóos se habrían  presentado gastos ficticios que, según Hacienda y el Ministerio Público, eran  «irreales», por lo que «no podían deducirse válidamente».

En concreto, entre los gastos analizados por Hacienda se encuentran los  procedentes de supuestos servicios prestados por sociedades relacionadas con  ambos encausados, como De Goes Center for Stakeholders Management, Lobby de  Comunicación, Nóos Consultoría Estratégica y Torres-Tejeiro Consultoría  Estratégica, cuyas facturas «no responden a servicio real alguno».

Más en concreto, la Agencia Tributaria apunta a que Urdangarin percibió  retribuciones de entidades privadas que, sin embargo, eran facturadas a través  de la mercantil Aizoon -de la que es copropietario al 50 por ciento junto a su  mujer-, empresa «pantalla» que supuestamente utilizaba para ocultar al verdadero  receptor de las retribuciones y disminuir de este modo su tributación en el  IRPF.

De hecho, la Fiscalía recalca que, «efectivamente», los ingresos de Aizoon  obtenidos por Aizoon de las entidades Motorpress Ibérica S. A., Aceros Bergara,  Mixta África, Pernod Ricard, Havas Sports France y Seeliger y Conde «deben  imputarse a la persona física de Iñaki Urdangarin y no a la persona  jurídica».

Todo ello debido a que, alega la acusación, la plantilla de Aizoon «no era  idónea para los servicios que supuestamente prestaba», así como al hecho de que  la «única finalidad» de la mercantil era la del alquiler de inmuebles, por un  importe anual (30.576 euros en 2007 y 27.329 en 2008) «muy inferior» a los  importes facturados por la supuesta actividad de asesoría (645.453 euros en 2007  y 494.156 un año después).

Fuente: «La Vanguardia».

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