Las cinco asociaciones de jueces y  fiscales convocantes de la huelga del pasado miércoles  amenazan con llevar a cabo nuevas medidas de protesta, entre las que no  descartan la huelga, si el ministro de Justicia,  Alberto Ruiz-Gallardón, sigue siendo «incapaz»  de entablar un diálogo.

Además, informarán a los organismos, instituciones y asociaciones de jueces y  fiscales europeas la situación de la Justicia y los proyectos legislativos en  trámite. El Comité Nacional de Huelga ha valorado positivamente  el amplio seguimiento de la jornada de paro convocada el pasado miércoles, que  se convirtió en la tercera huelga de jueces de la democracia, y ha exigido  soluciones a los «graves problemas» que sufre la Administración de Justicia.

Las asociaciones lamentan los perjuicios causados a la ciudadanía, aunque  subrayan que la «máxima responsabilidad» corresponde al Ministro de Justicia.  «Las asociaciones convocantes informamos en su momento de nuestra intención de  desconvocar la huelga en caso de que por el Gobierno se abrieran cauces de  dialogo y de voluntad de llegar a acuerdos», recuerdan. Sin embargo, advierte de  que ningún miembro del Gobierno realizó iniciativa alguna para entablar ese  dialogo y evitar la jornada de huelga.

«Resulta importante destacar la irresponsabilidad institucional que supone  que se declare la convocatoria de una huelga y que el ministro de Justicia haya  sido incapaz de contactar con las asociaciones convocantes», advierte.

El Comité entiende que sus posiciones han quedado reforzadas con el amplio  apoyo a la huelga y el hecho de que sus reivindicaciones no hayan sido  escuchadas por el Ministerio. Si no se «exterioriza voluntad de dialogo  institucional» en los próximos días, anuncia que se convocarán nuevas medidas de  protesta, sin descartar la convocatoria de una nueva huelga.

El Comité Nacional de Huelga está integrado por la Asociación judicial  Francisco de Vitoria, la asociación Jueces para la Democracia, el Foro Judicial  Independiente, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional  Independiente de Fiscales.

Fuente: «La Vanguardia».