Jueces de toda España reprochan al Gobierno el indulto a cuatro mossos para evitar la cárcel

Doscientos jueces de toda España han reprochado al Gobierno en un manifiesto el indulto  concedido a cuatro mossos d’esquadra condenados por  torturas, para evitar su ingreso en prisión, por considerarlo un «fraude» y un  «abuso» de la facultad de indulto, que «supone una afrenta al Poder  Judicial».

Estos cuatro mossos d’esquadra fueron indultados por segunda vez en el último  Consejo de Ministros después de haberles concedido en febrero pasado un primer  indulto parcial por el que se les conmutaban las distintas penas de prisión por  una única de dos años de cárcel para cada uno de ellos.

Tras ese primer indulto, la Audiencia Provincial de Barcelona se negó sin  embargo a concederles la suspensión de la pena de dos años de cárcel y por tanto  debían entrar en prisión, por lo que los cuatro condenados por torturas a un  ciudadano rumano solicitaron al Gobierno un nuevo indulto para eludir la cárcel,  que el pasado viernes les fue concedido conmutando la pena de prisión por dos  años de multa.

Para estos doscientos jueces, entre los que destacan la vocal del Consejo  General del Poder Judicial Margarita Robles y el magistrado del Tribunal Supremo  Joaquín Giménez García, «conceder un indulto en estas circunstancias supone  realizar un uso grosero y desviado de la institución».

«Al instrumentalizar el indulto para la consecución de fines ajenos a los que  lo justifican, el Gobierno dinamita la división de Poderes y usurpa el papel del  Poder Judicial, trasladando a la judicatura un mensaje inequívoco de desprecio  al situarla en una posición subordinada en el orden constitucional»,  critican.

En el manifiesto, titulado «El indulto como fraude. En defensa de la  independencia judicial y de la dignidad», estos jueces defienden que la  Audiencia de Barcelona, «en estricta aplicación de lo previsto en el Código  Penal», acordara el cumplimiento de la pena que quedaba tras el primer  indulto.

Por ello creen que se trata de «un ejercicio abusivo por el Poder Ejecutivo  de la facultad de indulto alejada de las funciones de esta institución, que  supone una afrenta al Poder Judicial», destaca el documento.

A su juicio, la actuación del Gobierno en este caso supone «un menosprecio» a  los miles de agentes de policía que en todo el Estado «cumplen a diario con sus  funciones democráticas», de «defender y promover los derechos fundamentales de  la ciudadanía», por lo que este indulto «parece incentivar comportamientos que  deben ser expulsados de cualquier cuerpo policial».

Además, «supone una actuación contra la dignidad humana al incumplir la  obligación que incumbe al Estado de perseguir cualquier acto de tortura, sobre  todo cuando es realizado por agentes a su servicio».

Recuerdan por ello que el indulto «implica afirmar la falta de necesidad de  la ejecución de la pena y sólo se justifica cuando su cumplimiento «no desempeñe  finalidad preventiva, resocializadora o retributiva alguna, o cuando resulte  desproporcionada».

Por tanto, creen que no existe «motivo razonable alguno para un doble indulto  como el que el Gobierno ha concedido», ya que «los hechos declarados probados  son muy graves y contrarios a la dignidad humana».

Este caso de torturas ocurrió en julio de 2006, cuando cinco mossos  d’esquadra detuvieron por error a un ciudadano rumano en Barcelona, le golpearon  por todo el cuerpo, le amenazaron y le llegaron a meter una pistola en la boca  para hacerle confesar.

La Audiencia de Barcelona condenó en 2008 a tres de los agentes a seis años y  siete meses de prisión a tres de los agentes, a otro a dos años y tres meses, y  al quinto a seis meses de cárcel.

El Supremo rebajó en 2009 en un año y diez meses la condena a los tres  principales acusados y posteriormente el Gobierno concedió a cuatro mossos un  indulto parcial que redujo la pena a dos años de cárcel, lo que abría la puerta  a que se libraran de entrar en prisión.

Sin embargo, la Audiencia de Barcelona se negó a suspenderles la pena de  prisión y pidieron el segundo indulto, que les fue otorgado la semana  pasada.

Fuente: «La Vanguardia».