Hasta 1,8 millones de trabajadores pueden quedarse este lunes sin convenio

Este lunes 8 de julio finaliza el límite de un año dado por la  reforma laboral a la prórroga automática de los  convenios denunciados y pendientes de  renovación (‘ultraactividad’), con lo que se abre un periodo de  incertidumbre y previsible litigiosidad en el que muchos trabajadores podrían  ver decaer el convenio que les ampara, con la consiguiente pérdida de derechos  laborales.

Patronal y sindicatos consensuaron el pasado 5 de abril que entre el 1 de  enero de 2006 y el 7 de julio de 2012 se habían denunciado 1.682 convenios (3,5  millones de trabajadores), de los que de acuerdo con un recuento de CC.OO. y UGT  a 3 de julio 1.324 convenios aún están pendientes de firma. Estos convenios  afectan a más de 1,8 millones de trabajadores.

De los convenios pendientes, la mayor parte (953) corresponden al ámbito  privado, con 1,7 millones de trabajadores, en sectores como los de aguas,  consultoras, curtidos o elaboración de productos cocinados. En el ámbito  público, aún permanecen abiertos 371 convenios (148.076 trabajadores), en su  mayor parte pertenecientes a ayuntamientos y a organismos, empresas y entidades  públicas como Paradores y astilleros. Sin embargo, la patronal cree que hay  excluir de los convenios pendientes, aquellos que se dan por bloqueados por  llevar más de dos años negociándose y que deberían remitirse a los sistemas de  solución autónoma de conflictos, los convenios nacionales de Estaciones de  Servicios y de Mataderos de aves y conejos, que ya se han firmado y que afectan  a casi 90.000 trabajadores y aquellos que han desaparecido por cierre de empresa  o integración en un ámbito superior.

La duda ahora es saber qué ocurrirá con estos convenios colectivos. Para  evitar un decaimiento masivo y un estallido de conflictividad, patronal y  sindicatos firmaron el pasado mes de mayo a nivel confederal el ‘Acuerdo sobre  ultraactividad de los convenios colectivos’, como parte del II Acuerdo para el  Empleo y la Negociación Colectiva (II AENC). Su pretensión era crear un clima de  confianza mutua y un compromiso para agotar las negociaciones en los procesos de  renovación de convenios vigentes más allá del límite establecido por la reforma  laboral. En el caso de no ser posible un acuerdo, las partes promovían que se  acordara la continuidad del proceso de negociación más allá de los plazos  legales y se instaba en caso de bloqueo a acudir a una mediación obligatoria o  arbitraje voluntario.

Un código de buenas prácticas

El acuerdo, de ocho puntos, sin embargo, se firmó a nivel confederal y no  dejaba de ser una declaración de intenciones que no obligaba a que en las  unidades de negociación concretas puedan darse bloqueos intencionados de los  convenios por algunas de las partes. De hecho, una semana más tarde, el  responsable de Relaciones Laborales de CEOE, José de la Cavada, avisaba de que  la patronal había negociado el acuerdo «porque hay que fijar un itinerario  obligacional», pero reiteró que éste no dejaba de ser «un código de buenas  prácticas en las mesas de negociación».

En la práctica, el acuerdo para la renovación no ha cristalizado en miles de  convenios colectivos, lo que ha motivado que CC.OO. y UGT incluso hayan hecho  una llamada al Gobierno para que «replantee» el límite de la ‘ultraactividad’ y  le responsabilicen de la conflictividad que pueda brotar a partir de este 8 de  julio, en continuación de las huelgas ya convocadas en lugares como Cataluña o  País Vasco.

Por su parte, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha afirmado que «de  ninguna manera» teme una oleada de conflictividad a partir de esa fecha y ha  asegurado que en las últimas semanas se están negociando «muchísimos convenios».  Además, según los datos que maneja la patronal alrededor del 68% de los  convenios firmados tras la reforma laboral cuentan con algún tipo de prórroga de  la vigencia de los derechos laborales más allá del año límite de la  ‘ultraactividad’, lo que demuestra que la negociación colectiva sigue su curso y  «no tiene ninguna problemática». No obstante, el 30% restante no cuenta con un  compromiso de mantenimiento de los derechos adquiridos por los trabajadores  pasado ese año.

¿Qué puede ocourrir?

A la pregunta de qué ocurrirá a partir de ahora, fuentes sindicales admiten  que se abre un escenario muy complejo. La aplicación estricta de la reforma  laboral abre la puerta a que se decaigan miles de convenios y a que millones de  trabajadores pierdan así los avances logrados en materia de salarios, jornadas o  libranzas, ya que en ausencia del convenio de empresa, se acogerán al de ámbito  superior, y, de no haberlo, al Estatuto de los Trabajadores, en el que se  recogen los derechos mínimos de los empleados. Con todo, los sindicatos han  indicado que el 8 de julio «no es el final de nada», sino «un punto y  seguido».

Según han explicado las centrales sindicales, en primer lugar, en el caso de  que no se haya pactado esta prórroga en la negociación ni se haya recurrido a  una mecanismo autónomo de solución de conflictos, habrá que estudiar caso por  caso, porque algunos convenios colectivos contaban desde el inicio con cláusulas  que los prorrogaban explícitamente hasta que no hubiera un nuevo convenio. Una  vez descartados también estos convenios, los sindicatos han avisado de que  interpondrán demandas colectivas en todas empresas que dejen decaer los  convenios.

Las centrales no quieren desvelar cual será su estrategia jurídica, pero  aseguran que tienen argumentos sólidos para poder seguir negociando sin que  ningún trabajador pierda sus derechos. En primer lugar, aseguran que la  normativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece el  derecho a negociar de buena fe, con lo que hacer decaer derechos de los  trabajadores sólo podrá interpretarse como «mala fe», mientras que además la  jurisprudencia ampara que el trabajador mantendrá en estos casos sus derechos  contractualizados a título individual.

Fuente: «La Vanguardia».

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