La Agencia Tributaria ha denunciado a 23 empresas de Barcelona y Girona dedicadas a la venta al por mayor de productos de origen chino que llegaron a defraudar entre 2007 y 2011 más de 64 millones de euros en cuotas de IVA y del Impuesto de Sociedades.
El delegado especial de la Agencia Tributaria en Catalunya, Gonzalo David García de Castro, ha explicado hoy los detalles de esta «macrooperación» contra la economía sumergida, en la que están implicadas 43 personas, en su mayoría de nacionalidad china, y entre ellas un agente privado de aduanas.
Las empresas mayoristas denunciadas, ubicadas principalmente en los municipios de Badalona y Sant Adrià de Besós (Barcelona), habían montado un complejo entramado para ocultar el valor real de las importaciones en las aduanas y vender posteriormente la mercancía en dinero negro, para evitar el pago de impuestos.
García de Castro ha asegurado que se trata de «una de las operaciones más relevantes desarrolladas en Catalunya» contra el fraude fiscal, tanto por la cuantía defraudada como por el número de personas implicadas, a las que se imputa la comisión de un total de 133 delitos contra la Hacienda Pública.
Un centenar de funcionarios han participado en las investigaciones de la Agencia Tributaria, que se iniciaron en octubre de 2011 en el marco de su plan de control del fraude.
García de Castro ha detallado que la operación se inició de forma «sorpresiva» y con la autorización del juzgado contencioso-administrativo de Barcelona, lo que permitió realizar la entrada y registro en 20 locales de actividad de estas empresas, en los que se intervino abundante documentación con información sobre el volumen real de operaciones de estas sociedades.
El fraude comenzaba en la importación de los productos de origen chino, al declararse en la aduana del Puerto de Barcelona, mediante facturas falsas, unos volúmenes y precios de la mercancía muy inferiores a los reales.
Así, los empresarios defraudaban buena parte de los aranceles de importación, y por otro lado podían vender en España al por mayor y en dinero negro hasta el 70 % de la mercancía importada, sobre todo productos de regalo, textiles y del hogar, de los que se pueden encontrar en los «todo a cien».
En total, las 23 empresas defraudaron 40 millones de euros en concepto de IVA y otros 24 millones por el Impuesto de Sociedades.
La Agencia Tributaria cree que el representante aduanero implicado en la operación había urdido un minucioso sistema de falsificación de facturas falsas con el objetivo de documentar ante la Aduana española la disminución artificiosa del valor declarado.
Este complejo esquema de falsificación acababa permitiendo la sustitución de las facturas originales del proveedor asiático por otras, emitidas por sociedades instrumentales interpuestas, constituidas en China, con un valor del producto muy inferior al real.
Las empresas investigadas habían declarado en el período 2007-2011 unas cifras de facturación «casi simbólicas», de apenas unos miles de euros, pese a que la cuantía de las importaciones era de varios millones.
Con el objetivo de garantizar el cobro de las deudas tributarias, Hacienda ha procedido al embargo preventivo de 84 inmuebles, entre pisos y locales, y de 240 cuentas bancarias, así como al precinto de cuatro cajas de seguridad en bancos que figuraban a nombre de los administradores de las empresas defraudadoras.
El máximo responsable de la Agencia Tributaria en Catalunya ha reconocido que las empresas denunciadas continúan desarrollando su actividad porque no es potestad de este organismo «cerrar» locales con este tipo de operaciones.
Ninguno de los empresarios denunciados ha sido detenido, aunque la Fiscalía ha presentado querellas contra algunos de los implicados para abrir procedimientos penales.
García de Castro ha apuntado que algunas de estas empresas había mantenido «operaciones comerciales» con las compañías implicadas en la Operación Emperador contra el blanqueo de capitales, aunque no están implicadas en esa red.
Fuente: «La Vanguardia».