El TC no aplica a su presidente la doctrina que usó para echar al juez Pérez-Tremps

El comunicado de ocho magistrados del Tribunal Constitucional (TC), el pasado jueves, en defensa de su presidente, Francisco Pérez de  los Cobos, no ha acabado con las preocupaciones internas en la  institución. En el TC se teme que el hecho de que su presidente no se diera de  baja como militante  del PP cuando fue nombrado magistrado puede generar multitud de problemas  para la buena marcha de numerosos procedimientos.

En el ámbito político,  Pérez de los Cobos, ha recibido ya duras críticas. Ayer, el exministro  socialista de Justicia Francisco Caamaño también fue tajante: «Que el árbitro  del juego sea militante de un partido no se sostiene democráticamente», dijo,  haciendo hincapié en el hecho de que parte de la tarea del TC se basa en  resolver los recursos presentados por senadores y diputados «de un grupo  político» contra leyes que aprueba otra formación.

Y en el Constitucional  también preocupan las repercusiones de la afiliación de Pérez de los Cobos, que  mantuvo en la fase inicial de su mandato, por la propia doctrina del  Constitucional, y singularmente a la vista de la recusación presentada contra el  magistrado Pablo Pérez-Tremps durante los debates del Estatut. Con el añadido de  que entonces fue el PP quien planteó la supuesta falta de objetividad de  Pérez-Tremps por haber realizado un trabajo académico sobre cuestiones luego  planteadas en el proceso de reforma estatutaria.

En medios del TC se  admite que entonces se puso el listón muy alto en las exigencias a los  magistrados para que no pueda cuestionarse su imparcialidad. Y se subraya que el  tribunal puede quedar prisionero de su doctrina o, si decide ignorarla, incurrir  en contradicciones insalvables. A juicio del TC, el estudio que hizo Tremps en  el 2003 por encargo de una fundación vinculada a la Generalitat y por el que  cobró 6.000 euros, supuso una «toma de postura» acerca de los límites  constitucionales en la asunción de competencias por parte de las instituciones  catalanas. Se entendió entonces que dicha circunstancia «constituye un elemento  objetivo que razonablemente permite la suspicacia de la parte recusante acerca  de la imparcialidad con la que el magistrado recusado está en condiciones de  abordar el enjuiciamiento de la norma impugnada». Para el TC, la mera existencia  de «suspicacia» hacia un magistrado es motivo para cuestionar su permanencia en  un debate, y apartó a Pérez-Tremps del relativo a la reforma del Estatut. La  resolución veía como determinante que una de las partes del proceso, el PP,  podía «dudar de la falta de prevención y de la posición objetiva del  magistrado».

El trabajo que realizó Pérez-Tremps para el Institut  d’Estudis Autonòmics se refería a la actividad exterior de las autonomías,  asunto tangencial en la reforma del Estatut. Pero bastó para cuestionar su  imparcialidad. Ahora, la compatibilidad entre militancia política y ejercicio de  la función de magistrado del TC no se estima merecedora de esta objeción. Al  menos así ha sido en la primera reacción del TC, que posiblemente no sea el  único pronunciamiento sobre el asunto.

De hecho, ya se han anunciado  diversas iniciativas para cuestionar dicha compatibilidad y plantear si algunas  decisiones del Constitucional han quedado viciadas de raíz por haber tomado  parte en ellas el entonces magistrado Pérez de los Cobos cuando aún era  militante del PP.

Y en materia de contradicciones con una postura previa,  hay que recordar que el PP no sólo recusó al magistrado Tremps, sino que planteó  la misma iniciativa con respecto a la entonces presidenta del TC, María Emilia  Casas. Fuentes del Constitucional explicaron entonces que hubo una negociación  interna en la que Casas recibió el mensaje de que la recusación presentada  contra ella no prosperaría si era admitida la relativa a Pérez-Tremps. La  iniciativa contra la presidenta nunca tuvo muchas posibilidades de ser aceptada,  pero hizo de palanca para lograr la otra. Y el argumento clave del PP para  apartar a Casas fue que «se encuentra casada con una de las personas que asesoró  sobre la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña, que es precisamente el  objeto de este recurso, lo que con arreglo a la ley le impide entrar a juzgar el  caso». El esposo de Casas es Jesús Leguina, catedrático de Derecho  Administrativo, quien también había realizado un estudio para la citada entidad  vinculada a la Generalitat. De acuerdo con la tesis que el PP defendió entonces,  la labor académica del marido de Casas bastaba para apartarla de la sentencia  sobre el Estatut. Pero ahora, la militancia política es supuestamente inocua.

Fuente: «La Vanguardia».

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