La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha decidido investigar al magistrado Joaquín José Ortiz Blasco, presidente de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por su presunta participación en un delito relativo a las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios, y de abusos en el ejercicio de su función, relacionado con la adjudicación de las ITV. El Supremo ha designado juez instructor de la causa al magistrado Miguel Colmenero.
El Supremo ha decidido investigar los hechos tras examinar la exposición razonada de la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, que investiga una trama de presunto tráfico de influencias en la adjudicación de estaciones de ITV en la que aparecieron contactos de Ortiz Blasco con uno de los imputados y con otras personas que podrían estar vinculadas a las concesiones investigadas.
Ortiz Blasco es el magistrado ponente del auto en que en mayo de 2011 se suspendió cautelarmente un concurso público de adjudicación de estaciones de ITV convocado por el Gobierno tripartito de la Generalitat.
Según la exposición de la juez de Barcelona, los empresarios Ricard Puignou y Enric Marugán habrían participado en negociaciones llevadas a cabo con Joaquín José Ortiz Blasco, en las que este realizaba asesoramiento, en interés y al servicio de dichos particulares, en diversos recursos seguidos en la sala que preside contra las decisiones de autorizar nuevas ITV por parte del entonces Gobierno de la Generalitat.
En la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona se trata de averiguar si la trama de empresarios y cargos de la Generalitat imputados trató de influir para amañar en su beneficio el concurso de adjudicación de licencias para la revisión de vehículos que estaba impugnado.
Según el Supremo, los indicios acumulados por la instructora y el ministerio fiscal “parecen suficientes para proseguir la investigación de la posible participación del magistrado aforado en un delito relativo a negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función del artículo 441 del Código Penal”.
En la causa que se sigue en el Juzgado número 9 de Barcelona están imputados, por los delitos de tráfico de influencias y falsedad documental, entre otros, el número dos de la Diputación de Barcelona, Josep Tous -cuya ratificación en el cargo quedó en suspenso a raíz del caso-; el subdirector de Seguridad Industrial de la Generalitat, Isidro Masalles, y los empresarios Ricard Puignou, Sergi Pastor y Sergi Alsina.
Fuente: «El País»