El Supremo avala que el Gobierno pueda acordar el cierre de una web

El Tribunal Supremo (TS) ha dictado dos sentencias  complementarias sobre la ley Sinde, avalando la capacidad de la  administración para retirar contenidos y suspender servicios de páginas  web, pero subrayando al mismo tiempo que son los jueces quienes siempre  tendrán la facultad de revisar y validar la ejecución de dichas medidas. El  centro de la discusión era precisamente éste, si la administración debe disponer  de la facultad de eliminar contenidos o si la tutela de los derechos  fundamentales exige que sólo puedan hacerlo los jueces.

En la primera de  sus sentencias, el Supremo resuelve esta cuestión afirmando que el derecho a la  libertad de expresión, invocado por los recurrentes, la Red de Empresas de  Internet (REI), no impide «crear un órgano administrativo, diseñar el  correspondiente procedimiento y adoptar una serie de medidas para restablecer la  legalidad en la red, siempre que se respeten las garantías constitucional y  legalmente establecidas». El fallo aclara que la comisión administrativa  encargada de dichas tareas podrá requerir la retirada de contenidos o instar la  suspensión del servicio, pero deberá acudir a los juzgados centrales de lo  contencioso-administrativo «para ejecutar la medida adoptada en el caso de que  se haya incumplido el requerimiento realizado».

La Comisión de Propiedad  Intelectual, denominación del citado órgano administrativo, se ha concebido  -afirma el TS- «con la finalidad de salvaguardar los derechos de propiedad  intelectual». La sentencia reconoce que en esa labor pueden verse afectados  derechos fundamentales, pero esa situación se da en otros aspectos de la labor  administrativa. En este caso, además, el Supremo distingue entre la facultad de  acordar una determinada medida y la capacidad de ejecutarla, que sí precisará de  autorización judicial.

En la segunda resolución, el Supremo anula un  inciso del artículo 20 del decreto que regula el funcionamiento de la comisión.  Este precepto preveía que si el responsable de una web retira voluntariamente  los contenidos e interrumpe el servicio se entenderá que se produce un  «reconocimiento implícito» de que se ha vulnerado la normativa. El TS cree  desproporcionada esta previsión porque estima que cumple dicho requerimiento  puede obedecer a muy distintas razones e incluso que éstas sean «incompatibles  con el reconocimiento de la vulneración».

La Asociación de Internautas,  que hizo la denuncia, recurrirá ante el Tribunal Constitucional y el ministerio  de Educación, Cultura y Deporte «respeta» la sentencia.

Fuente: «La Vanguardia».

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