El Supremo absuelve a todos los miembros del clan Jodorovich

El Tribunal Supremo ha absuelto a todos los integrantes del clan Jodorovich, una familia de traficantes de drogas y armas condenada a un centenar de años de prisión, que operaba en Cataluña, porque la Policía eludió la negativa de un juzgado de Santa Coloma a prorrogar escuchas telefónicas denunciando los hechos ante un juzgado de Barcelona que siguió la investigación. El Supremo decreta la absolución de los nueve integrantes del clan Jodorovich aunque mantiene el comiso de las armas y las drogas.

El clan de los Jodorovich fue juzgado en Barcelona y condenado en noviembre de 211 a severas penas de prisión, de entre 19 años y medio para el jefe del clan, Aquilino Montero Jodorovich, y siete años y medio para su hermano Simón. Los demás condenados fueron Manuel y Antonio Montero Jodorovich, a diez años cada uno; María Isabel Casado, a 14 años; y Sonia y Olga Carreño Espinosa, David Prat Caldes y Roberto Hernández Espinosa, a nueve años de cárcel.

La policía les intervino diversas cantidades de cocaína y marihuana, un arsenal de armas de guerra como subfusiles automáticos Skorpion, Kalashnikov, Erma y Cobray, rifles y pistolas Llama, Smith &Wesson, Norinco, Remington, etcétera, así como granadas de mano y abundante munición. La familia era titular de hasta 19 sociedades, a título personal y a través de testaferros.

Para el Supremo carece de justificación que si el juzgado de instrucción 4 de Santa Coloma que llevaba inicialmente el caso, tras más de ocho meses de escuchas telefónicas, decretó el sobreseimiento, transcurrido un breve periodo de tiempo las mismas unidades policiales que llevaban la investigación se dirigieran al juzgado de instrucción número 9 de Barcelona sin poner en su conocimiento la existencia de la anterior instrucción y provocaran un nuevo proceso en relación con las mismas personas y los mismos hechos.

Según la Sala de lo Penal, la policía faltó al principio de buena fe y actuó en fraude de ley, buscando un efecto procesal que no se había obtenido en otro juzgado, pero ocultando al nuevo la existencia del procedimiento anterior.

En definitiva, al haber ocultado el resultado de la instrucción seguida en el juzgado de Santa Coloma y la denegación de las prórrogas de las escuchas interesadas por la policía, se impidió al juzgado de instrucción 9 de Barcelona el debido control de la naturaleza, conveniencia y oportunidad de las intervenciones telefónicas y se vulneró la garantía constitucional al secreto de las comunicaciones.

Según la Sala, la invalidez de las pruebas no supone la negación absoluta del hecho que pretendían acreditar, sino la imposibilidad de utilizar las mismas, por lo que decreta la absolución de los recurrentes.

Fuente: «El País»