Los centros de internamiento para extranjeros (CIE), en los que se ingresa a los foráneos en proceso de expulsión por la falta –que no delito– de estar ilegalmente en España, no suscitan protestas de masas. Mucha gente no sabe ni que existen. Por eso no ha habido una presión social excesiva por el hecho de que los CIE no tengan a estas alturas un reglamento que debería haberse aprobado antes de junio del 2010. Por fin, el Gobierno está a punto de dar luz verde a ese reglamento. El texto llegó ayer al Consejo de Estado. Lo habitual es que la aprobación en Consejo de Ministros se produzca dos semanas después de ese trámite. En todo caso, según ha podido saber este diario, en diciembre habrá reglamento.
El camino no ha sido fácil. La última actualización de la ley de extranjería, en diciembre del 2009, obligaba a redactarlo, algo que no sucedió. Los CIE funcionan y siempre han funcionado al antojo del director de turno. Han proliferado denuncias por opacidad, por malos tratos, por lo arbitrario de esta ausencia de normas. Por su condición de limbo legal, centros con menos garantías que las cárceles. La reforma obligará al Gobierno a elevar el coste anual de los centros de 8,8 millones a 11,8.
Fuente: «El Periódico».