El PP descarta aprobar la dación en pago general y retroactiva, como pedía la PAH

El PP ha descartado de forma definitiva la posibilidad de aprobar la dación en pago general y retroactiva que pedía la Plataforma de  Afectados por las Hipotecas (PAH) en la iniciativa legislativa  popular (ILP) que presentó en el Congreso acompañada de casi un millón y medio  de firmas, y opta –como ya había anunciado– por reservar esta opción para  determinados colectivos en situación de especial vulnerabilidad.

Así consta en el texto refundido de la ILP y del proyecto derivado del  decreto ley del Gobierno, que finalmente se titulará Ley de los deudores  hipotecarios, de reestructuración de la deuda y del alquiler social, y no  llevará el nombre de la iniciativa popular, como en un primer momento se  dijo.

El texto, al que ha tenido acceso Europa Press, incorpora finalmente la  treintena de enmiendas presentadas por el Grupo Popular y medio centenar de  propuestas planteadas por el PSOE, CiU, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD,  el PNV y el Grupo Mixto.

El documento resultante será debatido el próximo martes por la Ponencia  designada por la Comisión parlamentaria de Economía. Según los ‘populares’, «con  este texto se da un paso esencial en la protección del deudor hipotecario,  consiguiendo un equilibrio para que el mercado hipotecario siga funcionando y  todo el mundo pueda tener acceso a una vivienda, a partir de ahora también».

Así, se descarta definitivamente aplicar la dación en pago de forma  generalizada y retroactiva, y se reserva esta opción únicamente para los  colectivos de alta vulnerabilidad según se definen en el Código de Buenas  Prácticas, ampliando eso sí los umbrales de aplicación en el sentido en que ya  lo anunció el Ejecutivo.

Es decir, familias con rentas inferiores a tres veces el IPREM. No obstante,  se eleva el dato a cuatro veces el IPREM si hay algún discapacitado, dependiente  o incapacitado y, como novedad, hasta cinco veces el IPREM si el titular de la  deuda sufre parálisis cerebral, enfermedad mental, enfermedad grave o  discapacidad intelectual a partir del 33% o discapacidad física o sensorial a  partir del 65%.

Para este último grupo, además, se rebaja al 40% el peso de la hipoteca sobre  los ingresos netos de la unidad familiar que es necesario para poder acogerse al  Código, mientras que en el resto de casos deberá suponer al menos el 50%.

No obstante, la familia deberá haber sufrido en los cuatro años anteriores  una «alteración significativa» de sus circunstancias familiares o económicas,  entendiendo por éstas que la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya  multiplicado por 1,5 salvo si el banco puede acreditar que cuando se concedió el  crédito esa carga era igual o superior.

Además, se deberán cumplir los requisitos familiares ya anunciados (ser  familia numerosa, monoparental con dos hijos, familia con discapacitados o con  algún meno de tres años).

Para poder acogerse (más allá de la reestructuración de la deuda) a la quita  o la dación en pago, la vivienda debe ser el domicilio habitual y los afectados  no pueden tener otras propiedades con las que afrontar la deuda.

El resto de requisitos son los que ya se aprobaron en el Código de Buenas  Prácticas. Una vez solicitado acogerse a estas opciones, el interés moratorio  aplicable por el banco será, como máximo, «el resultante de sumar a los  intereses remuneratorios pactados en el préstamo un 2% sobre el capital  pendiente».

Además, se podrá solicitar permanecer dos años en la vivienda con un alquiler  anual del 3% del importe total de la deuda.

Por otra parte, se incluye en el texto un bloque de modificaciones para dar  cumplimiento a la sentencia del Tribunal de la Unión Europea (TJUE). En este  sentido, se autoriza a tribunales y notarios a paralizar las ejecuciones  hipotecarias si detectan cláusulas abusivas, que podrán conllevar la revisión de  la deuda pendiente o la anulación del desahucio si está causado por dicha  cláusula.

También se limitan las costas no podrán superar el 5% de la cantidad  reclamada.

Además, más allá de limitar los intereses de demora de las nuevas hipotecas –o los que se devenguen a partir de ahora o no hayan sido satisfechos– a tres veces el interés legal del dinero, se introduce una previsión para que sólo se apliquen sobre el principal de la deuda y para que no se puedan capitalizar, es decir, que no se puedan acumular de tal manera que no puedan devengar nuevos intereses.

Asimismo se regula por primera vez el orden de prelación de la deuda si la  ejecución resulta insuficiente para satisfacerla en su totalidad. Así, tras  pagar los intereses remuneratorios se pagará el principal, los intereses  moratorios y las cosas, de tal manera que lo primero que se reduzca sea la deuda  original para que el incremento de la deuda como consecuencia de los intereses  se vea limitado.

Otras previsiones para prevenir el sobreendeudamiento consisten en limitar  los préstamos al 80% del valor de tasación de la vivienda –60% si la hipoteca  sirve para garantizar otro préstamo– y que el plazo de amortización sea de 30  años como máximo. También se prevé que tras la ejecución, se quede liberado de  la deuda si se paga el 65% en cinco años o el 80% en diez años.

Esta medida se aplicará retroactivamente a las adjudicaciones de vivienda  anteriores a la ley «siempre que a esa fecha no se hubiere satisfecho  completamente la deuda y que no haya pasado los plazos de cinco o diez años»,  según precisan desde el Ministerio de Economía.

No obstante, si con la venta del inmueble se obtiene una plusvalía, el 50% de  la misma servirá para reducir la deuda pendiente y, si es beneficio es superior  a la propia deuda, se deberá poner a disposición del deudor el remanente.

En el caso de subastas sin postor, la adjudicación de una vivienda habitual  no podrá ser inferior al 70% del primer valor de subasta o el 60% si la deuda es  inferior a ese valor.

«Cuando el deudor consienta en la inspección del inmueble y colabore  adecuadamente ante los requerimientos del tribunal para facilitar el mejor  desarrollo de la subasta del bien hipotecado podrá solicitar al tribunal una  reducción de la deuda hipotecaria de hasta un 2% del valor por el que el bien  hubiera sido adjudicado», se añade.

Se exigirá firma manuscrita de haber sido informado de los posibles riesgos  del contrato, particularmente cuando sean hipotecas de tipo variable con  cláusulas techo o suelo, multidivisas o con cobertura del riesgo del tipo de  interés.

Por otra parte, se mantiene la moratoria de dos años en las ejecuciones  hipotecarias que ya se había anunciado, si bien sólo se aplicará a las familias  con ingresos que no superen en tres veces el IPREM, en cuatro veces si el deudor  está parado y no tiene prestaciones o si hay discapacitados, dependientes o  incapacitados; o en cinco veces si el ejecutado sufre parálisis cerebral,  enfermedad mental, enfermedad grave o discapacidad intelectual (a partir de 33%)  o física o sensorial (a partir del 65%).

También las familias numerosas, las monoparentales con dos hijos, las  familias con un menor de tres años, las víctimas de violencia de género o  aquéllas con algún miembro discapacitado.

Asimismo, se deberán cumplir los requisitos económicos del Código de Buenas  Prácticas (que el peso de la hipoteca sobre los ingresos se haya multiplicado al  menos por 1,5, cuota hipotecaria superior al 50% de los ingresos netos y que sea  la vivienda habitual).

Por otra parte, se mantienen los cambios anunciados para fomentar la  independencia de las sociedades de tasación con respecto a las entidades  bancarias, y se autoriza a que los titulares de vivienda protegida estatal no  deban devolver las ayudas públicas en caso de reestructuración o quita.

Fuente: «La Vanguardia».

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