El Pleno del Congreso de los Diputados ha  aprobado, con el único voto favorable del grupo popular y de  UPN (socio electoral del PP), el proyecto de ley que reforma el Consejo  General del Poder Judicial (CGPJ).

El PSOE ya ha anunciado que llevará la ley al Tribunal Constitucional cuando  sea aprobada definitivamente por el Senado. La reforma de la Ley Orgánica del  Poder Judicial, que modifica el modelo y funcionamiento del órgano de gobierno  de los jueces, ha salido adelante por 179 votos a favor, 140 en contra (PSOE,  Izquierda Plural, CiU, UPyD, PNV y casi todo el Mixto) y una abstención (la del  Foro Asturias).

El nuevo modelo se aplicará a la próxima renovación del Consejo prevista para  septiembre. El nuevo Consejo estará protagonizado por una mayoría de vocales ‘a  tiempo parcial’, restará peso a la participación de las asociaciones en el  proceso de elección y tendrá una actividad internacional coordinada con el  Ministerio de Exteriores.

 «Ataque a la independencia judicial» Los grupos de la  oposición y las asociaciones de jueces y fiscales han sido unánimes al denunciar  que esta reforma supone «un manifiesto ataque» a la independencia del poder  judicial y al máximo órgano de su gobierno. Incluso la Asociación Profesional de  la Magistratura (APM), conservadora y mayoritaria, ha lamentado que  Ruiz-Gallardón haya «desatendido» su promesa de que doce vocales fueran elegidos  por los jueces.

Por su parte, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jueces para la  Democracia, Foro Judicial Independiente, Unión Progresista de Fiscales,  Asociación Profesional Independiente de Fiscales han estimado que el ministro se  ha quedado «solo» y ha emplazado al Ejecutivo a retirar esta norma.

El ministro Ruiz-Gallardón ha participado en la votación aunque ha estado  ausente durante el debate, por lo cual no ha escuchado las críticas de los  grupos del arco parlamentario hablando de «atraco», «ocupación política»,  «debilitamiento» y «corrupción» en el órgano de gobierno de los jueces.

Los grupos han reprochado también el acelerado trámite que ha seguido esta  norma de carácter orgánico y que regula el órgano de gobierno de un poder del  Estado, como es el Judicial. Unas acusaciones que han sido rebatidas por el  diputado del PP José Miguel Castillo Calvín, que ha acusado al principal grupo  de la oposición de rechazar «una vez más» la «mano tendida» por el ministro.

Fuente: «La Vanguardia».