La Generalitat ha confirmado que el educador social de Castelldans (Lleida) que acogía niños tutelados detenido por pornografía infantil y presuntos abusos sexuales pasó 34 controles públicos durante el tutelaje de los 14 menores que acogió desde 1997.
La consellera de Bienestar Social y Familia, Neus Munté, ha asegurado hoy en rueda de prensa que, en 2007, el acusado llegó a acoger hasta ocho menores y ha señalado que, a raíz de este caso, la Generalitat prevé incluir, a partir de septiembre, un nuevo test patológico a los acogedores para minimizar los riesgos de futuros casos. «No quiero hablar de errores, aún. Si detectamos algún error interno, hablaremos con todas las letras y depuraremos todas las responsabilidades», ha aseverado Munté.
Por ello, el departamento de Bienestar Social y Familia ha iniciado un expediente informativo a la fundación que, como entidad acreditada, hacía el seguimiento de los niños tutelados que tenía en acogida el detenido. Así, una vez el informe esté redactado, se valorarán cambios en los métodos de evaluación y control de las familias que acojan a menores de edad para que «este caso único» no se vuelva a repetir.
El primer paso que hará la Generalitat es introducir en septiembre el test psicológico ‘MMPI2’ que, si bien no es un método infalible para detectar posibles abusadores, según Munté, permite «discernir patologías» y «minimizar» posibles riesgos. Un test cuya aprobación se ha acelerado tras el caso del pederasta de Castelldans, si bien, según la consellera, Bienestar y Familia llevaba tiempo evaluando la entrada en uso de esta prueba en los procesos de acogida.
Sobre la información previa que la Generalitat tenía del detenido, Munté ha explicado que su departamento recibió cada seis meses los informes de control por parte de la fundación encargada del tutelaje que, como indica el protocolo de la Generalitat, se hacía llegar posteriormente a la Fiscalía de menores. «Si de estos 34 informes no se ha desprendido una alerta, es que quizás estamos hablando de conductas muy difíciles de detectar», ha expresado Munté, quien ha señalado que el «riesgo cero» no existe en este tipo de evaluaciones.
Además de los controles, el educador social de Castelldans pasó, según la Generalitat, entrevistas a domicilio, reuniones con psicólogos y entrevistas de control telefónicas con los menores y los profesores del centro escolar al que asistían los tutelados. El acogedor, en tanto, no tenía pareja y recibía la ayuda de sus padres y una hermana con quienes mantenía una relación fluida y le ayudaban en el tutelaje de los menores.
La fundación de tutelaje facilitó, además, una persona que ayudara al acusado a realizar tareas de limpieza, ya que se detectaron algunas deficiencias referentes a la higiene personal de algunos menores. Asimismo, el hecho de que el detenido fuera un educador social «no pudo ser valorado negativamente», según Munté, ya que muchas familias acogedoras tienen ese perfil y, por ello, «no hizo desconfiar» en el proceso de selección del acogedor. «Los hechos que estamos viviendo por parte de las personas implicadas de Bienestar y Familia no los podremos olvidar nunca, no queremos olvidarlos nunca. Por eso, estamos trabajando por la defensa de los intereses de los menores», ha resaltado Muné.
En este sentido, la consellera ha querido dar un mensaje de tranquilidad para evitar que se cree en la sociedad una imagen peyorativa en relación a las 616 familias que, actualmente, acogen a menores de edad. Hasta la salida a la luz del caso de Castelldans, desde 1997 se habían producido, según la Generalitat, tres casos de «negligencia» -que no tenía relación alguna con abusos sexuales- por parte de familias a las que se les negó «inmediatamente» el tutelaje de los menores.
Fuente: «La Vanguardia».