La Fiscalía Anticorrupción sitúa una trama  de corrupción en el Ayuntamiento de Sabadell, donde presuntamente se cobraban comisiones por  las concesiones de obras y licencias. Por tener acceso a contratos públicos, los  empresarios debían pagar hasta 120.000 euros, y después, una vez concluida los  trabajos, una comisión del 3% sobre el presupuesto. Hasta el momento, han sido detenidas doce personas y hay otras 26 imputadas. La gravedad del caso es mucho mayor porque entre los  imputados se encuentra el alcalde de Sabadell, Manuel  Bustos, que declarará ante el juez en los próximos días, y dos  concejales, a quienes se vincula a los cohechos. En la causa también aparece el  nombre de Daniel  Fernández, secretario de organización del PSC, a  quien se investiga por exigir a la alcaldesa  de Montcada que colocara en un puesto de trabajo a una tercera persona.  Ambos renunciaron ayer a sus puestos en el partido, aunque mantendrán los cargos  electos.
La causa se instruye en el juzgado de instrucción número 1 de  Sabadell. Según informó ayer la Fiscalía Anticorrupción, las investigaciones se  iniciaron en el año 2010 y giran en torno a «una trama político-empresarial  dentro del Ayuntamiento (de Sabadell) en la que han intervenido, junto a  diversos empresarios, miembros integrantes del Partit dels Socialistes de  Catalunya y uno perteneciente al Partido Popular, actualmente destituido por su  propio partido» del Consistorio. Se trata de Jordi Soriano, que fue detenido en  el marco de la operación policial, bautizada como Mercurio. Abogado de  profesión, actualmente dirige una gestoría en el centro de Sabadell. Entre los  imputados en el Ayuntamiento están Bustos y los concejales Ricard Estrada, de  Sostenibilidad, y Juan Manau, de Urbanismo. Asimismo, ha sido incriminado el  director general de Urbanismo del municipio y el intendente jefe de la policía  local.
Según pudo saber La Vanguardia, el origen de este  escándalo es la denuncia  de un particular, efectuada en enero del 2010. Al mes siguiente, el grupo  municipal de ICV  amplió los datos, según los cuales un grupo de empresarios estaba pagando  sobornos a políticos locales a cambio de obtener contratos con el Ayuntamiento.  Este grupo político denunció poco después que le habían robado dos ordenadores y  expedientes de su sede. Varios contratistas fueron detenidos ayer, como también  Melquíades Garrido, tío de Bustos y presidente del Gremi de la Construcció de  Sabadell. Garrido declaró a La Vanguardia: «En 45 años nunca he hecho  obra pública en Sabadell ni en Catalunya, a pesar de tener licencia para  hacerla». La proclamada inocencia del alcalde Bustos y su declaración de que  siempre ha actuado «con honestidad y rigor» no impide que haya más familiares en  la lista de imputados, como su hermano y su esposa, según fuentes  judiciales.
La sede del Ayuntamiento fue objeto ayer de un registro,  llevado a cabo por el fiscal anticorrupción Fernando Bermejo, una comisión del  juzgado y agentes de los Mossos d’Esquadra. Según los datos de la Fiscalía, se  llevaron a cabo también otras 41 entradas en sedes de empresas y 15 más en  domicilios particulares. Entre los lugares donde se produjeron entradas y  registros están la Concejalía de Urbanismo, la Companyia d’Aigues de Sabadell,  Smatsa (la sociedad adjudicataria de la limpieza viaria) o los consorcios de  ocupación, residuos y turismo del Consell Comarcal del Vallès  Occidental.
El modus  operandi de la trama, según se desprende de las investigaciones, era el  siguiente: los empresarios interesados en acceder a contratos públicos tenían  que pagar como condición ineludible una cantidad inicial de 120.000 euros,  aunque podía variar dependiendo del presupuesto de la concesión. Esta cantidad  iba a un fondo perdido, que, mediante intermediarios, se hacía llegar a los  políticos y funcionarios implicados en las irregularidades. Luego, una vez  consumado el pacto, se añadía un 3% del volumen del montante, que se depositaba,  según la Fiscalía Anticorrupción, en dinero negro en un despacho de abogados  cuyo nombre no se ha facilitado, y se desconoce si esta cantidad «era colocada  en cuentas legales, si se repartía o si se blanqueaba».
Existen sospechas  sobre concesiones en el Sabadell Parc Empresarial, pero también sobre licencias  de obras y la posible existencia de concursos amañados. La Fiscalía acusa por  delitos contra el territorio, soborno, prevaricación y tráfico de influencias,  entre otros delitos. Fuentes del caso explicaron que esta es sólo una primera  fase de las investigaciones y que habrá nuevas imputaciones.

Fuente: «La Vanguardia».