La investigación judicial sobre el Ayuntamiento de Sabadell cuenta con más de un  frente abierto. No sólo están bajo sospecha supuestas concesiones irregulares de  obras del consistorio, sino que el juez también investiga si hubo fraude de  recursos públicos en las partidas destinadas a esta ciudad del Fondo Estatal de  Inversión Local y el Fondo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad Local,  conocidos como el plan E de Zapatero. Asimismo  se conoció ayer la imputación del exconcejal de urbanismo de Sant Andreu de  Llavaneres, Antonio Jiménez, que ya fue relacionado en su día con la trama de  Pretoria y luego exculpado.

También avanza la investigación que implica a dos pesos pesados del PSC, el alcalde Manuel Bustos, por un lado, y  el diputado en el Congreso Daniel Fernández. Las pesquisas se  iniciaron en enero del 2010 y los investigadores cuentan con centenares de  conversaciones telefónicas, algunas de las cuales desvelan que algunos de los  implicados en el asunto se referían al alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, como  el capo.

Es precisamente una conversación intervenida la que implica a Daniel  Fernández, hasta el lunes secretario de organización del PSC, que supuestamente  medió ante la alcaldesa de Montcada, María Elena Pérez, para que contratara como  directora del área territorial del consistorio a Carmina Llumà, exalto cargo del  tripartito en la conselleria de Política Territorial que dirigió Joaquim Nadal y  que también trabajó en el Ministerio de Fomento bajo las órdenes de Isaías  Taboas, exsecretario de Estado de Transportes y exsecretario del Govern con José  Montilla.

La Fiscalía analiza el expediente de contratación de Llumà, por si se  cometieron irregularidades o se hizo un concurso a medida de la aspirante. Según  la investigación, la alcaldesa prescindió del arquitecto municipal el pasado mes  de marzo de forma fulminante y convocó un concurso supuestamente a medida de  Llumà al que se presentaron otros cuatro profesionales. Llumà se hizo con el  puesto.

La operación Mercurio, que dirige el juzgado de instrucción  número 1 de Sabadell y la Fiscalía Anticorrupción, ha puesto patas arriba el  Ayuntamiento de Sabadell y la ciudad ya que ha conllevado la detención de doce  personas y la imputación de otras veintiséis, entre ellas Bustos, varios de sus  familiares y otros cargos locales. En la entrada y registro del consistorio y  sedes empresariales municipales, la comisión judicial se hizo con la  contabilidad  municipal de los años 2009, 2010 y 2011. ¿La causa? Pues que  durante estos años llegaron al Ayuntamiento partidas del Fondo Estatal de  Inversión Local (en 2009) y del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad  Local (en 2010), conocidos popularmente como planes E a los que el Gobierno de  José Luis Rodríguez Zapatero confió la reactivación de la economía.

En Sabadell, estos fondos se gestionaron por medio del área de Espai Públic,  cuyo concejal responsable es Francisco Bustos, hermano del alcalde. La otra  persona que tuvo responsabilidades en esta materia fue Xavier Izquierdo,  coordinador del área. Ambos están imputados en la causa. Otros cargos  municipales también han sido inculpados por el juez de Sabadell: los concejales  de Urbanismo, Joan Manau, y de Sostenibilidad, Ricard Estrada; la jefa del área  de presidencia, Montse Costa (que además es la pareja sentimental del alcalde),  y el director del área de Urbanismo, Manuel Somoza.

En estos casos, también se persigue, como en el caso de Manuel Bustos, si se  había establecido una red para conceder las licencias de obras y los contratos  municipales a cambio de sobornos. Según la Fiscalía Anticorrupción, los  aspirantes a contratos públicos daban a fondo perdido un depósito de 120.000  euros, con el fin de optar a las concesiones. Luego, si lograban la  adjudicación, pagaban un 3% del presupuesto final de la obra, que una vez  cerrado el acuerdo, se depositaba en un despacho de abogados cuyo nombre no ha  trascendido.

Asimismo, se sospecha de que el exconcejal del PP, Jordi Soriano, tenía un  puesto destacado en la trama. El partido le expulsó en el 2009 porque en dos  años tan sólo había presentado una moción en el Ayuntamiento. Luego, los  populares llevaron a cabo una auditoría interna donde se pusieron de relieve  desfases en las cuentas del grupo municipal. También estuvo bajo la lupa la  actuación de un antiguo concejal de CiU, que regentaba una gestoría.

Por otra parte, también ha sido imputado Antonio Jiménez, exconcejal de  Urbanismo de Sant Andreu de Llavaneres y que militó en el PP. A finales del año  2009 fue inculpado en el seno de la operación Pretoria, una trama de corrupción  urbanística que tenía su centro en Santa Coloma de Gramenet. En julio de este  año, la Audiencia Nacional archivó las acusaciones contra él y el exalcalde  Víctor Ros.

Fuente: «La Vanguardia».