El juez de Barcelona, Josep Maria Pijuan, que investiga el saqueo del Palau de la Música, citará a declarar de nuevo como imputado al administrador de la constructora Triobra, Emilio Vidal Puig, por cobrar presuntamente de la entidad cultural, mediante facturas falsas, el millón de euros que costó las obras de ampliación y remodelación de la vivienda de Fèlix Millet en l¿Ametlla del Vallés.
Emilio Vidal declaró en el 2011 como imputado ante el juez, aunque solo en relación con el papel que la empresa G.P.O. Ingeniería, de la que era administrador, podría haber desempeñado en el presunto pago de comisiones a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), a través del Palau de la Música, dado que esas iniciales figuran vinculadas a las donaciones de Ferrovial en la documentación hallada en el audotorio. Sin embargo, en octubre del 2012 el magistrado archivó la causa para este empresario después de que un informe de la Agencia Tributaria descartara la relación entre el acrónimo GPO de la documentación intervenida y la empresa G.P.O. Ingeniería. En su último infiorme, Hacienda no descartó que esas iniciales correspondieran a «guanys per obres».
La acusación popular ejercida por la Federació d’Associacions de Veins de Barcelona impugnó el archivo, en un recurso que la Audiencia de Barcelona ha estimado parcialmente, por lo que obliga al juez instructor a mantener la causa abierta contra él y, en consecuencia, a tomarle declaración como imputado por las presuntas facturas falsas. El tribunal considera que los hechos que se imputan a Vidal podrían constituir un delito de falsedad en documento mercantil, así como de apropiación indebida y malversación de caudales, por su presunta participación como cooperador necesario en el saqueo del Palau.
Presunto pago de comisiones
Por otra parte, el director de relaciones institucionales de Ferrovial, Joan Elizaga, ha comparecido hoy ante el juez Pijuan como imputado y se ratificó en la declaración que ya efectuó el 2001 como testigo, negándose a contestar a más preguntas. El alto directivo de la constructora alegó entonces que los 11 millones aportados por la constructora al Palau eran por patrocinio y no para pagar comisiones a CDC a cambio de la adjudicación de obra pública. Sin embargo, admitió que la empresa no encargó ningún informe ni auditoría para controlar los fondos aportados a la entidad cultural.
Fuente: «El Periódico».