El ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, ha anunciado este martes que el Ejecutivo  asume las recomendaciones de la Defensora del Pueblo y, por  tanto, reducirá, como sugiere esta institución, la cuantía de algunas tasas  judiciales que ya están en vigor.

En concreto, se introducirán «modulaciones a la baja» en las cuantías fijas y  variables en primera instancia, civil y contencioso administrativo; se rebajarán  las tasas en función de la capacidad económica para personas  jurídicas y en ejecuciones arbitrales de consumo, y se suprimirán en procesos de  ejecución hipotecaria cuando afecten a la vivienda habitual.

Gallardón, en declaraciones a los periodistas en el Congreso, ha considerado  «muy enriquecedora» la labor de la Defensora del Pueblo,  Soledad Becerril, que ha recabado la opinión de expertos. El Gobierno estudia  ahora la fórmula que se utilizará para introducir los cambios que pide la  Defensora del Pueblo, y para anticipar la entrada en vigor de algunas de las  modificaciones que ya contemplaba la Ley de Justicia Gratuita, que se está  tramitando en el Congreso.

Las modificaciones previstas, a su juicio, son acordes con los principios de  ese nuevo proyecto en tramitación, que avala la defensora del Pueblo y que  persiguen que el sistema de financiación de la justicia gratuita no sea  soportado sólo por los contribuyentes, sino que también recaiga en los  litigantes.

Fuente: «La Vanguardia».