El Gobierno ha firmado una tregua con las compañías eléctricas -que debería conducir a un próximo acuerdo- en relación con los 3.600 millones que se había comprometido a desembolsar y que ya nunca saldrán de las arcas públicas para contribuir a la eliminación del déficit de tarifa (la diferencia entre el coste de la energía y lo que se paga por ella). El pacto preliminar, cerrado ayer por Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, y los principales directivos de Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, E.ON y EDP, evitará a corto plazo una fuerte subida de la luz como consecuencia de la elevación de los llamados peajes, es decir, los costes regulados del sistema, como se temía. Si en enero se produce un incremento importante de la tarifa será, exclusivamente, porque así se derive de la subasta mayorista del próximo 19 de diciembre, que determinará el 50% del recibo.
Tras días de fuerte presión por parte de las eléctricas -y después de un primer contacto entre Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, con Montoro-, ayer llegó por fin el entendimiento. La disputa estaba originada en que, tal y como se aprobó en julio, el Ejecutivo debía abonar al sector este año 2.200 millones a través de un crédito extraordinario, 500 millones más provenientes de impuestos (el céntimo verde) y 900 millones por los costes extrapeninsulares que soportan las eléctricas en las islas. Todo esto se vino abajo el pasado viernes con la presentación de una enmienda del PP, que dejaba sin efecto la aportación del Estado a la solución de los problemas del sector. El motivo del cambio era la prioridad de cumplir con el déficit público del 6,5% del PIB y no gastar 3.600 millones suponía una buena ayuda al objetivo.
«Se lo explicamos a las eléctricas y lo entendieron perfectamente, y más tras recordarles que estaban bien económicamente y que podían hacer el esfuerzo», dicen en Hacienda. Pero las eléctricas, tras el cierre del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE) -el instrumento que colocaba en el mercado la deuda derivada de la generación del déficit de tarifa- se enfrentaban a un problema: el no del Gobierno a poner en su balance los 3.600 millones como deuda pendiente, pero no como un ingreso.
De ahí que exigieran una solución. Al final, el Gobierno ha cedido y, como informó ayer Hacienda, trabajará con las eléctricas «en la definición de posibles mecanismos de titulización de la deuda del sector». Fuentes de las eléctricas, que se han comprometido a retirar -según Hacienda-los recursos que habían presentado en los tribunales, aseguran que han pedido que se reabra temporalmente el FADE.
La titulización de la deuda con este instrumento conviene a las eléctricas porque pueden emitir mucho más barato. Pero no le sale gratis al consumidor, que pagará de todas formas, a través de la tarifa, los 3.600 millones más los intereses. En el 2013, estos costes financieros -relacionados con una deuda de 26.000 millones- han supuesto una carga para el consumidor de 2.300 millones.
En cualquier caso, la repercusión de la nueva titulización de la deuda, cuando se produzca previsiblemente en el segundo o el tercer trimestre del próximo año, tendrá un efecto inmaterial sobre la tarifa. No provocará grandes incrementos del precio de la luz aunque, eso sí, será un coste más, con sus intereses, que se tardará 15 años en sufragar.
Fuente: «La Vanguardia».