Finalmente no ha habido acuerdo global entre el PSOE y el Gobierno y, como estaba previsto, el Ejecutivo central ha aprobado un real decreto ley con medidas urgentes de protección para los deudores hipotecarios de manera que se pueda frenar la sangría de desahucios. «Hoy se aprueban un compendio de medidas paliativas y urgentes para ayudar a paliar la difícil situación que están pasando las familias», pero el Gobierno resalta que se trata «sólo una primera fase», ha advertido la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
«El objetivo fundamental es evitar que nadie se quede sin casa», ha resaltado el ministro de Economía Luis de Guindos. Y para ello ha explicado las medidas, que son urgentes y principalmente dos: la paralización de la fase final del desahucio de familias en situación de vulnerabilidad y nuevos umbrales para acogerse al código de buenas prácticas que incluye la dación en pago.
Entre las condiciones necesarias para acogerse al plan del Gobierno se incluyen condiciones económicas y sociales. La condición económica más importante para evitar el desahucio es que en ningún caso un deudor puede sobrepasar unos ingresos de tres veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), lo que se traduce en un umbral de unos 19.200 euros. En el ámbito social, el Ejecutivo define como familias en situación de vulnerabilidad: familias numerosas, deudores en paro, supuestos de violencia de género, personas con hijos o mayores a su cargo… En cualquier caso, quienes se acojan a este beneficio podrán disfrutar de una paralización del desalojo durante dos años.
«Es urgente evitar que se produzcan desahucios y hay que tener en cuenta los colectivos protegidos y los umbrales económico-financieros que evitarían el desalojo» y «estas son medidas que hay que poner en marcha ya», ha defendido el ministro De Guindos. Pero ha destacado que el Gobierno vaya a abordar con los partidos de la Cámara nuevas medidas, como otros umbrales para el código de buenas prácticas donde se recogen los procesos para atenerse a la dación en pago.
Se crea un fondo social de viviendas para alquilarlas a desahuciados
Sáenz de Santamaría, ha añadido que «además, mejoraremos aspectos importantes como la realización de las subastas» de las viviendas que embargan las entidades financieras. Pero la novedad que se había apuntado en plena negociación con el PSOE pero que no se había concretado es la creación de un fondo social de viviendas para alquilarlas a desahuciados. Saénz de Santamaría, señaló que estos alquileres tendrán «precios bajos» y explicó que el nuevo decreto se tramitará en las Cortes con un proceso de diálogo en el que el Ejecutivo espera aportaciones «de todos los grupos, especialmente PSOE». Por su parte, De Guindos ha explicado que la bolsa de pisos para alquilar se nutrirá de los inmuebles que estén en manos de la banca como consecuencia de adjudicaciones por impagos.
No tendrá efectos sobre la mora ni sobre los que pagan las hipotecas
Preguntado sobre el cómputo de ciudadanos que pudieran acogerse a este beneficio en nuestro país, el ministro no ha dado números y ha señalado que la norma tiene un impacto general. Además ha pedido que se analice el número de renegociaciones realizadas porque «estoy convencido de que los bancos no quieren quedarse con los pisos como garantías». Al final, De Guindos ha señalado que las supuestos de los posibles beneficiarios parecen «razonables» y no van a perjudicar ni a la morosidad general nia a principios generales de toda economía, como el hecho de que se paguen las deudas.
«No va a tener ningún impacto en la morosidad porque en España las hipotecas se pagan», ha asegurado. En este punto, De Guindos ha recordado que la mayoría de las deudas hipotecarias están en manos de promotores y no de los ciudadanos. «El problema está acotado y lo que estamos haciendo es acometer un problema sobre un colectivo determinado», ha incidido.
Reproche al PSOE: gobernaron hasta hace poco y no tomaron medidas
A la hora de valorar el hecho de que no haya sido posible el acuerdo global con los socialistas en esta materia, la vicepresidenta ha hecho una llamada al «equilibrio», a hacer «propuestas sensatas y responsables». Por contra, la ‘número dos’ del Gobierno popular ha indicado que «aquí no se trata de ver quién hace la propuesta más amplia sino de atender a quienes lo están pasando mal» y a la vez se pueda acceder a un crédito. Además ha lanzado un dardo a los socialistas al recordar que «gobernaron hasta hace muy poco, y si no tomaron medidas quiero pensar que fue porque se encontraron dificultades», ha lamentado.
Al final, ha agradecido la labor de los dos equipos técnicos porque «han trabajado muy bien y hasta muy tarde, y hay que reconocerlo».
La vicepresidenta ha justificado la desatención de la demanda socialista de acometer una profunda reforma de la ley hipotecaria y no sólo aprobar medidas urgentes. «El hecho de aprobar inmediatamente una norma y no esperar a hacer una negociación en bloque, tal y como requería el PSOE» responde a una necesidad imperiosa. Pero la dirigente ha asegurado que se seguirá con las conversaciones y las negociaciones para hablar de esta materia.
Fuente: «LaVanguardia»