El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy el anteproyecto de ley de reforma del Código Penal, que introducirá medidas como la prisión permanente revisable o la custodia de seguridad, que establecerá un periodo de vigilancia posterior a la pena en casos de delitos de especial gravedad.
El anteproyecto que, según han confirmado a Efe fuentes del Ministerio de Justicia, tendrá sobre la mesa el gabinete de Mariano Rajoy, incluye las líneas generales recogidas en el informe sobre la reforma penal que el ministro Alberto Ruiz-Gallardón presentó al Gobierno el pasado 14 de septiembre.
En dicho informe se avanzaba también una variación del delito de atentado para incluir en él todos los supuestos de acometimiento, agresión, empleo de violencia o amenazas graves sobre agentes de las fuerzas de seguridad o miembros de servicios de asistencia y rescate.
La acción de resistencia pasiva, junto a la desobediencia, se mantendrá penada con entre seis meses y un año de cárcel, y sólo se castigará la difusión de mensajes que inciten a la comisión de algún delito de alteración del orden público o actos de violencia, pero no la simple convocatoria a movilizaciones.
Según el informe previo, la prisión permanente revisable se aplicará a los homicidios terroristas, pero también a los cometidos contra el rey o el príncipe heredero y contra jefes de Estado extranjeros.
Igualmente, se podrá aplicar a ciertos crímenes que causan especial repulsa social, cuando la víctima sea menor de 16 años o especialmente vulnerable o cuando exista también delito contra la libertad sexual, entre otros.
La reforma introduce también por primera vez en la legislación española la custodia de seguridad para delitos especialmente graves como una medida privativa de libertad para casos excepcionales, que, con una duración máxima de 10 años, se aplicará una vez cumplida la pena de prisión después de que el tribunal valore la peligrosidad del penado.
Además, se modificará el delito de detención ilegal para los casos en los que no aparezca la víctima, en los que se fijará una pena única equivalente a la que corresponde al homicidio, y se prevé la supresión de las faltas, manteniéndose sólo las que son merecedoras de reproche penal, pero como delitos leves, denominados de escasa gravedad y que estarán castigados con penas de multa.
Se modifican las retribuciones y permisos de los jueces
El Ministerio de Justicia también llevará una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) dirigida a modificar varias condiciones laborales de los jueces, entre ellas el número de permisos para asuntos propios de los que disfrutan y las retribuciones. Fuentes del Ejecutivo han confirmado que, en materia retributiva, las modificaciones supondrán una rebaja de salarios en determinados supuestos y un aumento en otras, como las que pueden recibir los magistrados y jueces que realicen labores de refuerzo, teniendo en cuenta la reducción de sustitutos prevista también en la norma.
El texto de Justicia pasa por reducir los 18 días de permisos por asuntos propios de que disfrutan actualmente por los jueces españoles por otra fórmula para que tengan tres días de «moscosos», como el resto de funcionarios, más otros 9 para utilizarlos fuera del órgano en el estudio de las causas» de mayor complejidad.
En un Pleno extraordinario celebrado el pasdo jueves, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó un informe muy crítico con los planes de Alberto Ruiz-Gallardón en el que aboga por el mantenimiento del vigente régimen de permisos.
Sobre los cambios planeados para los jueces sustitutos, cuya existencia el Ministerio de Justicia pretende convertir en casi «excepcional» en esta misma reforma, el informe del CGPJ advirtió del esfuerzo y dedicación al que obligará a los miembros «profesionales» de la carrera teniendo en cuenta su actual carga de trabajo, por lo que sugieren que el nuevo sistema se acompase con medidas de adecuación de plantilla para que no redunde en detrimento de la calidad de la justicia. El Ministerio de Justicia, por ejemplo, ofrece a los jueces de lo Social un sobresueldo de 1.200 euros para aquellos que, además de su juzgado, quieran llevar la mitad de los asuntos de otro en el que se precise refuerzo.
Fuente: «La Vanguardia»