El Gobierno aprueba hoy la reforma penal que introduce la prisión permanente

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy el  anteproyecto de ley de reforma del Código Penal, que  introducirá medidas como la prisión  permanente revisable o la custodia de  seguridad, que establecerá un periodo de vigilancia posterior a la pena  en casos de delitos de especial gravedad.

El anteproyecto que, según han confirmado a Efe fuentes del Ministerio de  Justicia, tendrá sobre la mesa el gabinete de Mariano Rajoy, incluye las líneas  generales recogidas en el informe sobre la reforma penal que el ministro Alberto  Ruiz-Gallardón presentó al Gobierno el pasado 14 de septiembre.

En dicho informe se avanzaba también una variación del delito de atentado  para incluir en él todos los supuestos de acometimiento, agresión, empleo de  violencia o amenazas graves sobre agentes de las fuerzas de seguridad o miembros  de servicios de asistencia y rescate.

La acción de resistencia pasiva, junto a la desobediencia, se mantendrá  penada con entre seis meses y un año de cárcel, y sólo se castigará la difusión  de mensajes que inciten a la comisión de algún delito de alteración del orden  público o actos de violencia, pero no la simple convocatoria a  movilizaciones.

Según el informe previo, la prisión permanente revisable se  aplicará a los homicidios terroristas, pero también a los cometidos contra el  rey o el príncipe heredero y contra jefes de Estado extranjeros.

Igualmente, se podrá aplicar a ciertos crímenes que causan especial repulsa  social, cuando la víctima sea menor de 16 años o especialmente vulnerable o  cuando exista también delito contra la libertad sexual, entre otros.

La reforma introduce también por primera vez en la legislación española la custodia de seguridad para delitos especialmente graves como  una medida privativa de libertad para casos excepcionales, que, con una duración  máxima de 10 años, se aplicará una vez cumplida la pena de prisión después de  que el tribunal valore la peligrosidad del penado.

Además, se modificará el delito de detención ilegal para los casos en los que  no aparezca la víctima, en los que se fijará una pena única equivalente a la que  corresponde al homicidio, y se prevé la supresión de las faltas, manteniéndose  sólo las que son merecedoras de reproche penal, pero como delitos leves,  denominados de escasa gravedad y que estarán castigados con penas de multa.

Se modifican las retribuciones y permisos de los jueces

El Ministerio de Justicia también llevará una reforma de la Ley Orgánica del  Poder Judicial (LOPJ) dirigida a modificar varias condiciones laborales de los  jueces, entre ellas el número de permisos para asuntos propios de los que  disfrutan y las retribuciones. Fuentes del Ejecutivo han confirmado que, en  materia retributiva, las modificaciones supondrán una rebaja de salarios en  determinados supuestos y un aumento en otras, como las que pueden recibir los  magistrados y jueces que realicen labores de refuerzo, teniendo en cuenta la  reducción de sustitutos prevista también en la norma.

El texto de Justicia pasa por reducir los 18 días de permisos por asuntos  propios de que disfrutan actualmente por los jueces españoles por otra fórmula  para que tengan tres días de «moscosos», como el resto de funcionarios, más  otros 9 para utilizarlos fuera del órgano en el estudio de las causas» de mayor  complejidad.

En un Pleno extraordinario celebrado el pasdo jueves, el Consejo General del  Poder Judicial (CGPJ) aprobó un informe muy crítico con los planes de Alberto  Ruiz-Gallardón en el que aboga por el mantenimiento del vigente régimen de  permisos.

Sobre los cambios planeados para los jueces sustitutos, cuya existencia el  Ministerio de Justicia pretende convertir en casi «excepcional» en esta misma  reforma, el informe del CGPJ advirtió del esfuerzo y dedicación al que obligará  a los miembros «profesionales» de la carrera teniendo en cuenta su actual carga  de trabajo, por lo que sugieren que el nuevo sistema se acompase con medidas de  adecuación de plantilla para que no redunde en detrimento de la calidad de la  justicia. El Ministerio de Justicia, por ejemplo, ofrece a los jueces de lo  Social un sobresueldo de 1.200 euros para aquellos que, además de su juzgado,  quieran llevar la mitad de los asuntos de otro en el que se precise  refuerzo.

Fuente: «La Vanguardia»