El Gobierno aprueba hoy el proyecto de ley general de Telecomunicaciones

El Consejo de ministros aprueba hoy el proyecto de ley general de Telecomunicaciones, que pretende recuperar la unidad  de mercado en el sector y busca un marco regulatorio estable que fomente la  inversión, proporcione seguridad jurídica y elimine barreras al despliegue de  infraestructuras.

En su reunión, que estará presidida por el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy,  el Ejecutivo tiene previsto aprobar también la modificación de la ley de  prohibición total de minas antipersonas y armas de efecto similar.

El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha venido explicando que la  nueva ley de Telecomunicaciones forma parte del plan de reformas del Gobierno y  facilitará el despliegue de nuevas infraestructuras con la eliminación de la  necesidad de muchas licencias locales.

La ley hará que las cargas administrativas locales para el sector sean  estudiadas por el Ministerio de Industria y prevé la creación de una comisión  bilateral entre el citado departamento y las entidades regionales para estudiar  las posibles controversias.

El anteproyecto de esta ley fue tramitado por el Gobierno el pasado 28 de  diciembre y el texto ha sido sometido a consulta de los organismos pertinentes  antes de su vuelta a la mesa del Consejo de ministros para su remisión a las  Cortes.

En el momento de la aprobación del anteproyecto, el Ejecutivo resaltó que la  actualización de la normativa vigente, que data de 2003, resuelve determinadas  cuestiones que afectan negativamente a la competitividad de los operadores de  telecomunicaciones y penalizan el despliegue de nuevas redes, la inversión y la  provisión de servicios.

En materia fiscal, subrayó que refuerza la seguridad jurídica y reduce el  límite máximo de la tasa general de operadores destinada a financiar los costes  de las autoridades nacionales de regulación.

Por su parte, la modificación de la ley de prohibición de minas antipersonas  que también aprobará el Ejecutivo, permitirá incluir los compromisos adoptados  por España en dos convenciones internacionales, la que prohíbe las municiones en  racimo y la de restos de explosivos de guerra.

En el texto se fijan las definiciones de municiones en racimo y se recoge la  prohibición total del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de  estas municiones y la destrucción de sus existencias.

España procedió a la destrucción de las municiones en racimo en posesión de  las Fuerzas Armadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Convención, por  lo que esta obligación ya ha sido cumplida.

El proyecto que aprobará el Gobierno se refiere al apoyo financiero de España  a programas y proyectos de ayuda humanitaria, en el marco de campañas  internacionales, para la eliminación de restos de explosivos de guerra y la  asistencia a las víctimas.

Fuente: «La Vanguardia».

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