El Congreso aprueba definitivamente la reforma de la Ley de Costas

El Congreso ha aprobado este jueves la polémica Ley  de Costas, que el PP defiende como una «protección»  para el litoral, que evitará incluso casos como el del hotel Algarrobico,  mientras buena parte de la oposición, y numerosas ONG en la calle, la tildan de  «amnistía» y de un paso mas para «privatizar»  la costa española.

La cámara ha aprobado hacia las cuatro de la tarde definitivamente la reforma  de la Ley de Costas de 1988 con los votos del grupo popular, la abstención de  CIU y el voto en contra del resto de la oposición a la mayoría de las enmiendas,  con alguna salvedad como la de ERC que ha apoyado una sobre el cambio  climático.

Protesta de Greenpeace La aprobación de la nueva norma  sobre el litoral español se ha producido en una jornada en la que un  grupo de activistas de Greenpeace se ha encaramado al tejado del Congreso y  ha desplegado una pancarta que decía: «El PP vende nuestra costa».

Un total de ocho ecologistas han sido detenidos y puestos a disposición de la  Audiencia Nacional, y podrían ser acusados de intentar vulnerar el recinto de la  Cámara baja, que estaba reunida en sesión plenaria para aprobar la nueva  Ley.

Cañete defiende que no hay privatización La nueva norma, según ha defendido el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, garantiza la conservación del litoral, «y no lo privatiza», al tiempo que salva de la demolición a más de 1.200 industrias y 25.000 viviendas ubicadas antes de 1988 en el litoral, al contar ahora con una nueva concesión de 75 años.

La reforma no permitirá ninguna nueva construcción en la zona del litoral  protegida y además establece instrumentos «para evitar las barbaridades  urbanísticas» como la del Hotel de El Algarrobico, ha explicado el ministro a  los medios de comunicación tras asistir al debate dentro del hemiciclo. La  privatización del litoral y el anuncio de desmanes urbanísticos han sido los  argumentos de la oposición. Izquierda Plural ha pedido incluso el apoyo de otros  grupos para poder presentar un recurso contra la ley ante el Tribunal  Constitucional.

Olaya Fernández Dávila (BNG) ha acusado al Gobierno de aprovechar la reforma  para «primar la desprotección de la costa» y Teresa Jordá (ERC) ha considerado  que supone una «escandalosa privatización» del bien público; argumento con el  que ha coincidido también Xabier Errekondo, de Amaiur. Laia Ortiz (Izquierda  Plural) ha manifestado que la reforma empeora la anterior por la ampliación de  las concesiones, y por la reducción de las zonas de servidumbre, de 100 a 20  metros en determinados núcleos.

También Jose Luis Ábalos (GS) ha destacado que se trata de una reforma que da  respuesta a los intereses económicos y seguridad jurídica a los negocios, lo que  demuestra que para el Gobierno del PP «la costa solo es un espacio económico»,  mientras que Toni Cantó (UPyD) ha esgrimido que incide en el ladrillo y favorece  los abusos.

Entre los grupos nacionalistas, tanto Joseba Aguirretxea (PNV) como Ana  Oramas (CC) han afirmado sentirse defraudados porque el PP no les ha admitido  varias enmiendas para salvar determinadas propiedades o poblados.

CiU justifica su abstención Finalmente el diputado de  CIU, Martí Barbera ha argumentado su abstención en el hecho de que se invaden  competencias, pero ha agradecido que se haya recogido la singularidad de  urbanizaciones no terrestres como la de Empuria Brava. A los que se han opuesto  frontalmente a la reforma, Teresa Lara (PP) les ha respondido que sus  afirmaciones sobre privatización, trato privilegiado o atentado ecológico  «avergüenzan por su demagogia y falsedad y demuestran un desconocimiento  inadmisible».

Tanto el PP como el Gobierno han insistido en explicar que el nuevo texto  afronta los problemas que no pudo solucionar el anterior, y que prohíbe  expresamente la construcción en dominio público y en la zona adyacente de  servidumbre de protección, así como cualquier incremento de lo ya edificado.

Otra novedad, según los defensores de la Ley, es la distinción entre playas  urbanas y playas naturales, incrementando la protección de estas  últimas. También se evita, afirman, que se pueda adquirir de buena fe un  inmueble en la costa y descubrir después que, en realidad, no se es propietario  porque el bien está afectado por el deslinde del dominio público. Para ello  se prevé la inscripción obligatoria de los bienes en el Registro de la  Propiedad.

Además serán amnistiadas un total de doce barriadas históricas situadas,  entre otras, en Girona (Empuriabrava, Platja de Aro), Huelva (Ría Punta Umbría),  Alicante (Rocafel, Puerto de Santa Pola), Valencia (Oliva), Málaga (El Palo y  Pedregalejo), Castellón (Xilxes) y Pontevedra (Moaña). Formentera tendrá un  deslinde especial por su configuración geológica, y se excluye también del  dominio público marítimo terrestre las dunas artificiales y las muertas, y  también se exime a las salinas.

Las principales organizaciones ecologistas españolas han condenado  unánimemente la reforma de la Ley de Costas por considerarla un retroceso en la  protección medioambiental del litoral y la llave para abrir la puerta a un  proceso claro de privatización de las costas.

Fuente: «La Vanguardia».

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