El celador de Olot que mató a 11 ancianos se sienta en el banquillo

No recuerdo bien lo que pasó, pero pienso que no intervine en su fallecimiento”, aseguró el celador de Olot, Joan Vila Dilmé, ante la mirada atónita del juez Leandro Blanco y el fiscal Enrique Barata. El hombre, entonces de 45 años, había pedido volver a declarar ante el juez después de enterarse de que había ordenado la exhumación de ocho cadáveres de la residencia La Caritat, en la que trabajaba. Estaba en prisión por haber confesado que había matado a tres mujeres a las que cuidaba haciéndoles ingerir líquidos cáusticos. No quería seguir mintiendo, le dijo a su abogado, Carles Monguilod. Aquel 1 de diciembre de 2010 confesó el asesinato en total de 11 ancianos (nueve mujeres y dos hombres). Dudaba sobre un caso más. Si había algo raro, les dijo, posiblemente también lo había matado él, pero no recordaba bien lo que pasó.

Así arrancó la historia del celador de Olot, el asesino en serie más prolífico de este siglo en España. Un ángel de la muerte que se sentará a partir de hoy, y durante 10 días, ante un jurado popular en la Audiencia Provincial de Girona. El fiscal pide para él 194 años de prisión por 11 asesinatos con alevosía.

Joan Vila trabajó durante cinco años en La Caritat, y en ese tiempo mató, según su confesión, a personas desvalidas a las que cuidaba y confiaban en él. Quería llevarlos a la “plenitud”, alegó ante el juez. “No piensa que las ha matado, sino que las ha ayudado a morir. Que las ha ayudado a morir porque tenían un nivel de dependencia muy alto (…) y estaban en circunstancias muy precarias, ya que tenían pañales y se les tenía que dar de comer. Que si él estuviera en esas circunstancias, le gustaría que le ayudaran a morir”, recoge su declaración. Pero a tres de ellos les asesinó de una forma terriblemente dolorosa: abrasándolos por dentro haciéndoles ingerir líquidos tóxicos.

Una Audiencia nueva, sin espacio

El Palacio de la Justicia de Girona es nuevo. Tiene seis meses de vida y costó 21 millones de euros hacerlo. A pesar de eso, el espacio escasea. El Tribunal Superior de Justicia (TSJC) envió la siguiente nota para el seguimiento del juicio del celador de Olot que arranca hoy:

“Las condiciones de la sala de vistas y las necesidades de hacer caber a los familiares de las víctimas en la sala dificulta que los medios de comunicación puedan seguir el juicio desde el interior de la sala de vistas. A pesar de los esfuerzos realizados por el gabinete de prensa del TSJC y el presidente de la Audiencia de Girona, Fernando Lacaba, que han transmitido reiteradamente su preocupación por esta situación a la Consejería de Justicia, y a pesar de que el Departamento de Justicia ha intentado encontrar la solución más adecuada que permitiese el correcto seguimiento y cobertura del juicio, esto ha sido del todo imposible. Es por eso que los medios de comunicación deberán seguir el juicio desde la sala de prensa”.

Pero las estrecheces no afectan solo a los medios. Algunos magistrados se sienten como “en una lata de sardinas” y en ocasiones “el ambiente es irrespirable”, según explicó en una rueda de prensa Lacaba. Criticó que los arquitectos no tuvieron en cuenta criterios funcionales, y que nadie pensó que las dos secciones penales de la Audiencia —la 3ª y la 4ª— necesitaban una sala de vistas amplia para los casos con jurado popular: 11 personas, además del tribunal, las acusaciones, las defensas, los testigos, los familiares… Justicia prevé habilitar una sala, pero no verá la luz hasta 2014.

Sus crímenes estuvieron a punto de pasar inadvertidos. Pero cuando le dio de beber a Paquita Gironès, de 85 años, un desincrustante ácido, la mujer, agónica, fue trasladada al hospital. La anciana y él se odiaban, según contaron sus compañeras. “No hace falta que aviséis a la ambulancia. Se está muriendo”, arguyó Vila (auxiliar de enfermería de formación) para tratar de evitar lo que acabó ocurriendo. Gironès tenía quemaduras en las vías respiratorias, el esófago y la boca. Los médicos se dieron cuenta y certificaron que su muerte no era natural.

Al día siguiente, los Mossos d’Esquadra se plantaron en la residencia, bajo el mando del inspector Josep Monteys, y se llevaron las grabaciones de las 28 cámaras de vigilancia. Una de ellas captó a Vila entrando al cuarto de la limpieza y luego a la habitación de Gironès. No costó mucho sacarle la verdad: el celador se derrumbó, admitió que había matado a la anciana dándole de beber desincrustante con una jeringa. También confesó el asesinato de Sabina Masllorens, de 87 años, y horas más tarde se atribuyó ante el juez la muerte de Montserrat Guillamet, de 88.

Y acabó con las tres en solo una semana, la del 12 al 17 de octubre de 2010. “Qué mala suerte, siempre se me mueren a mí. Desde hace unos cuantos fines de semana, se me mueren a mí”, les dijo a sus compañeras de trabajo. Desde 2007 se produjeron en La Caritat 57 muertes, casi la mitad (27) en el turno de Joan Vila (fines de semana y festivos).

Desde su detención, el 18 de octubre, Vila permanece en prisión. Los especialistas que le han examinado aseguran que “no manifiesta sentimientos de arrepentimiento” por los asesinatos. También sostienen que Vila no sufre un trastorno de personalidad (declaró al juez que se sentía como Dios), ni tiene alteradas “sus capacidades cognitivas y volitivas”. Aunque sí presenta “un estilo dependiente, evitativo, depresivo y esquizoide”. El celador empezó yendo al psiquiatra a los 25 años, obsesionado por un temblor en las manos. A los 45 seguía viviendo con sus padres, en Castellfollit de la Roca (999 habitantes).

Hoy será el primero en declarar. Su abogado tiene por delante la complicada tarea de convencer al jurado de que sus capacidades estaban mermadas y que solo buscaba ayudar a sus víctimas. Pide que le condenen a 20 años de libertad vigilada.

Fuente: «El País».

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