El Gobierno español debería adoptar un conjunto de medidas más amplio para  abordar así las causas subyacentes de las dificultades relacionadas con las  hipotecas y que trate de evitar, en la medida de lo posible, las ejecuciones  hipotecarias, según refleja un dictamen emitido por el Banco Central Europeo  (BCE) en relación con el proyecto de ley de protección de  deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, ya en vigor  en España tras su aprobación el pasado 8 de mayo.

«Sólo con una estrategia de resolución más amplia se puede hacer frente a los  retos que plantean los cambios en las circunstancias económicas de los  prestatarios, los cambios sustanciales en el valor de los inmuebles y el posible  resultado de hipotecas inviables, manteniendo al mismo tiempo incentivos  apropiados tanto para deudores como para acreedores y reduciendo al mínimo el  posible riesgo moral», señala la entidad en un documento emitido la semana  pasada y firmado por el propio presidente del BCE, Mario Draghi.

No obstante, el instituto emisor considera que las modificaciones de la  legislación hipotecaria y de ejecución hipotecaria previstas en este proyecto de  ley «deberían basarse en un análisis pormenorizado de su impacto en el sistema  financiero» y recomienda a las autoridades españolas «vigilar los efectos que  las medidas previstas de protección de los deudores hipotecarios podrían tener  en las provisiones y el cumplimiento de los requisitos mínimos de capital de las  entidades de crédito».

En este sentido, el dictamen del BCE subraya que la ejecución hipotecaria  debe considerarse «el último recurso», ya que, a su juicio, los prestamistas  garantizados deberían estar interesados en evitarla, puesto que resulta costosa  y generalmente produce menos ingresos que las ventas voluntarias si el  hipotecante continúa cumpliendo todas o una parte acordada de sus obligaciones  de pago.

De este modo, la entidad recomienda que los prestamistas garantizados adapten  sus prácticas actuales de gestión de prestatarios incursos en incumplimiento a  fin de evitar las ejecuciones hipotecarias, y que el marco regulador proporcione  incentivos a todas las partes interesadas para que acuerden una reestructuración  de deuda oportuna y razonable en caso de incumplimiento.

Por otro lado, «aun cuando debe aplaudirse el establecimiento de un fondo  social de viviendas», el BCE señala que esta iniciativa debería ser parte de una  estrategia amplia e integrada de gestión de las dificultades relacionadas con  las hipotecas que permita un menor número de ejecuciones y una menor necesidad  de un fondo social de viviendas.

Fuente: «La Vanguardia».