Primeras detenciones por la trama de espionaje a políticos, empresarios y jueces. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron ayer por la tarde al director de la agencia de detectives Método 3, Francisco Marco; dos de sus exempleados, Julián Peribáñez y Alejandro Borreguero, y a la antigua jefa de operaciones de la firma, Elisenda Villena, hermana de la asesora jurídica del PSC, Anna Villena. Los arrestos, ordenados por la juez que se hizo cargo ayer de la causa penal, se produjeron horas después de que se celebrase una reunión del máximo nivel policial en Madrid.
Los detenidos están acusados del delito de descubrimiento y revelación de secretos, en relación al presunto caso de espionaje ocurrido en julio del 2010 en el restaurante La Camarga. La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho y la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, María Victoria Álvarez, mantuvieron una comida en este conocido local de Barcelona. La conversación fue grabada con un micrófono oculto sin su consentimiento. Sánchez-Camacho, que presentó el viernes una denuncia ante la policía, identificó sin duda alguna su voz en la grabación.
Los investigadores están convencidos de que Francisco Marco ordenó la grabación y de que fueron los detectives Peribáñez y Borreguero los que técnicamente la llevaron a cabo. En la conversación captada ilegalmente, María Victoria Álvarez Martín explicó a la líder del PP catalán cómo Pujol Ferrusola supuestamente trasladaba periódicamente a Andorra bolsas repletas de billetes de 200 y 500 euros.
Aunque la policía atribuye la ordena a Marco, el detective Borreguero presentó ayer una declaración conforme reconocía que él y Peribáñez montaron el dispositivo por instrucción de Villena y con el consentimiento de Sánchez-Camacho. La policía considera que con esta declaración busca construir una línea de defensa, ya que si hay conformidad de una de las partes grabadas no hay delito.
Francisco Marco optó por declarar el viernes por la noche ante la policía. Lo hizo de forma voluntaria para adelantarse y dar su versión sobre lo que se le estaba atribuyendo públicamente en relación la citada comida, así como a la puesta en circulación de los archivos de Método 3 de los que estaban trascendiendo otros dossiers, como los de Felip Puig, José Montilla, Joana Ortega o Joaquín Almunia. Marco dijo que había destruido todos los informes y que si aparecía alguno atribuido a la agencia era falso o estaba manipulado. En la declaración, el director de Método 3 apuntó a dos exempleados como presuntos culpables de la eventual distribución incontrolada de la información. Uno de ellos es Julián Peribáñez, detenido ayer, y a quien Marco señalaba en su declaración como uno de los que podía poseer informes. También apuntaba al delegado de la agencia en Madrid, Antonio Tamarit. Precisamente, Tamarit acudió ayer por la tarde de forma voluntaria a declarar ante la policía. Según fuentes cercanas al caso, Tamarit se mostró muy colaborador y facilitó datos que podrían esclarecer más asuntos.
La captación ilegal de la conversación de Sánchez-Camacho y Álvarez ha sido el punto de partida de una investigación que mantiene movilizados un gran número de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía. La iniciativa judicial de las detenciones persigue, en primera instancia, esclarecer las circunstancias en que se llevó a cabo este presunto caso de espionaje. Sin embargo, los indicios que señalan que la agencia pudo haber llevado a cabo más trabajos de estas características ilícitas es lo que hará que las pesquisas no se queden ahí.
Respecto a las suspicacias que en la Generalitat ha podido generar el hecho de que la investigación haya recaído en el Cuerpo Nacional de Policía y no en los Mossos d’Esquadra, que son los responsables de la seguridad ciudadana en Catalunya. fuentes del Ministerio del Interior dicen disponer de un análisis legal que le exime de cualquier invasión de competencias. Los jueces pueden habilitar como policía judicial al cuerpo que deseen. Además, según las razones del ministerio, ante una posible doble vía en una investigación criminal es mejor que siga el asunto el que inicia el procedimiento o recoja la denuncia. A todo eso se añade, según las fuentes consultadas, que la pertinencia del Cuerpo Nacional de Policía se justifica todavía más si se tiene en cuenta que la investigación afecta a más de una comunidad autónoma.
Esta investigación podría alcanzar a comunidades como Madrid y Castilla-La Mancha. En la capital española, se hicieron trabajos de seguimiento a Ignacio González, cuando era vicepresidente de la comunidad.
Y más recientemente, en el 2012, y según datos que aparecen en documentos que estos días circulan por Barcelona y que se vinculan con antiguas actividades de Método 3, la junta de Castilla-La Mancha, presidida por María Dolores de Cospedal, supuestamente contrató los servicios de citada agencia.
Fuente: «La Vanguardia».