Andalucía sancionará a bancos e inmobiliarias que mantengan viviendas vacías

La Junta de Andalucía ha aprobado hoy una de las medidas más llamativas de su «plan de choque contra la sangría social» que suponen los desahucios con un decreto sobre la función social de la vivienda que pretende aflorar al alquiler el parque de vivienda deshabitada. Especialmente aquel en manos de inmobiliarias y bancos, que podrían ser multadas con hasta 9.000 euros por mantener pisos vacios. El dinero recaudado por esta vía irá destinado a políticas de alojamiento.

La medida, pionera y un guiño en toda regla a los colectivos antidesahucios el mismo día que se debate en el Congreso la dación en pago, ha sido presentada por la consejera de Fomento Elena Cortés (IU), que hace unos días reconoció que solo su cargo le impedía participar en los escarches. Tras el Consejo de Gobierno andaluz, Cortés explicaba este martes que esta norma es todo un mensaje de advertencia a las personas jurídicas, de «hasta aquí hemos llegado», para frenar los «45 desahucios al día» que se han alcanzado en la comunidad. «Defenderemos la vivienda como derecho humano para evitar una quiebra social y la marginación de miles de familias», justificó, «la situación actual no es soportable en términos políticos, sociales ni éticos».

El decreto, que entrará en vigor el próximo jueves, responde a las «necesidades sociales» actuales y «tiene todas las garantías jurídicas», según reveló. Entre otros aspectos, refuerza las ayudas al alquiler, con medidas de «incentivo para particulares», y establece sanciones para forzar a sacar en alquiler el «inmenso estoc de viviendas vacías en Andalucía», que la consejera ha cifrado entre 700.000 y un millón de viviendas, de los que entre 350.000 y 500.000 pertenecen a personas jurídicas, fundamentalmente bancos y empresas inmobiliarias.

Las multas podrían llegar a los 9.000 euros por mantener pisos desocupados. El decreto establece que se consideran viviendas no habitadas cuando no cuenten con contrato de suministro de agua y de electricidad o su consumo sea nulo o escaso, tomando como referencia la media habitual por vivienda y año facilitada por las compañías suministradoras. Asimismo, considerarán aspectos como la recepción de correo y notificaciones en otros lugares, o la utilización habitual de éstos para realizar comunicaciones telefónicas e informáticas. Para declarar como vacía una vivienda será necesario acreditar durante un periodo de seis meses la no habitación. Se excluyen, eso sí, segundas residencias, las destinadas a alquiler por temporada y las turísticas.

Asimismo, prevé la creación de un registro de viviendas deshabitadas en la región, para «arrojar luz sobre una realidad incomprensiblemente desregulada y opaca», y establece la posibilidad de expropiación durante tres años de viviendas que vayan a ser embargadas si se ocasiona un problema para las familias que la habitan.

Fuente: «El Periódico».

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